A m é r i c a   L a t i n a

Indígenas frenan proyectos eléctricos

Grupos étnicos de Brasil, Chile, Colombia y Venezuela se oponen a la construcción de tres represas y un tendido eléctrico porque, aducen, ponen en riesgo sus tierras ancestrales y su cultura.

P o r   G u s t a v o   G o n z á l e z

Las minorías étnicas se incorporan al mapa de conflictos ambientales de América Latina, en un proceso que, para algunos, sólo se debe a la acción de grupos ecologistas radicales y que, para otros, representa una justa resistencia a la invasión y destrucción de culturas y tierras ancestrales.

En este reportaje se recogen cuatro casos de enfrentamiento de comunidades indígenas con grandes proyectos eléctricos en Brasil, Venezuela, Chile y Colombia.

Thrumak, de 13 años, y su hermana Putjawa, de 11, son la esperanza de supervivencia de un pueblo indígena del centro de Brasil diezmado por su resistencia a la invasión blanca. Son los únicos jóvenes de un grupo de seis avá-canoeiro que permanecen en un territorio reservado de 38.000 hectáreas, en Minaçu, unos 250 kilómetros al norte de Brasilia.

La cultura avá-canoeira afronta una amenaza inmediata. Furnas, la empresa estatal que construyó la central hidroeléctrica Serra da Mesa, inundando diez por ciento de la reserva, no cumple el compromiso de ofrecer enseñanza bilingüe a los dos niños y ''pronto será demasiado tarde'', advirtió Walter Sanches, jefe del Puesto de la Fundación Nacional del Indígena (FUNAI), que asiste al grupo desde 1990.

Sanches es el gestor, por parte de FUNAI, de un convenio firmado en 1992 por el cual Furnas se comprometió a compensar los daños provocados por el embalse de Serra da Mesa. Sólo algunas de esas obligaciones fueron cumplidas y la empresa aguardó dos años desde la inundación de las tierras para comenzar a pagar indemnizaciones a las 60 familias de los campesinos desalojados.

Serra da Mesa inundó mil 784 kilómetros cuadrados de tierras y decenas de sitios arqueológicos, sin que se tomaran precauciones para preservar la fauna.

Su embalse supera en 30 por ciento el de Itaipú, en la frontera brasileño-paraguaya, para generar diez veces menos energía. Como su construcción comenzó hace casi 20 años, no se hizo el estudio previo de impacto ambiental exigido por la legislación actual.

En el sureste de Venezuela, los indígenas de la Gran Sabana se oponen a un acuerdo binacional con Brasil, por el que se crea un tendido eléctrico que conectaría la central generadora de Guri, en Venezuela, con la norteña ciudad brasileña de Boa Vista.

Los grupos arawako, pemón y kariña lograron paralizar las obras desde octubre de 1999, una situación que gravita sobre las relaciones bilaterales. ''Hemos insistido en plantear nuestra preocupación por el impacto sociocultural del proyecto'', comentó a IPS Nicolás Betis, director ejecutivo de la Federación Indígena del Estado Bolívar, una organización designada por las comunidades para que las represente ante el gobierno.

Portavoces oficiales aseguraron a comienzos de abril, en ocasión de la visita a Caracas del presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, que ya había acuerdo con todas las partes involucradas para la reanudación de los trabajos, pero Betis puntualizó que hasta fines de mayo no se había firmado ningún convenio.

Mientras, dirigentes de algunas comunidades rechazaron la negociación con el gobierno y han demandado a través de la Federación el avance en la demarcación de sus tierras, un derecho garantizado por la Constitución aprobada en diciembre.

El presidente Hugo Chávez, quien promovió la presencia de los indígenas en la Asamblea Constituyente, pretendería contar con su aval antes de la instalación de las torres eléctricas. Los dirigentes de las comunidades, por su parte, esperan que se ponga en claro ''el tipo de desarrollo'' asociado al proyecto.

''Sólo muerta me sacarán"

También en Chile, miembros de la comunidad pehuenche, una rama de la etnia mapuche, tienen el apoyo de ambientalistas para enfrentar la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, en el curso superior del río Bíobío, 500 kilómetros al sur de Santiago. La Contraloría General de la República autorizó en marzo las respectivas concesiones eléctricas y de aguas para que la compañía hispano-chilena Endesa continuara las obras del embalse, que inundará las propiedades de un centenar de familias pehuenches.

Pero el presidente Ricardo Lagos permanece en duda ante la central Ralco y, al no existir una señal clara de su parte, Endesa ha preferido avanzar lentamente en las obras. Al parecer, existiría una pugna en el gobierno entre quienes apoyan el proyecto y aquellos que no le ven viabilidad.

Manuel Baquedano, presidente del Instituto de Ecología Política, sostiene que el proyecto de Ralco sigue siendo ilegal desde el punto de vista del derecho de propiedad, ya que unas 20 familias pehuenches, cuyas tierras están protegidas por la ley indígena, se niegan a venderlas a Endesa.

''Sólo muerta me sacarán de aquí'', advierte la anciana Nicolasa Quintremán, la emblemática dirigente pehuenche que encabeza la resistencia contra la central hidroeléctrica. De las perspectivas de construcción de Ralco y de su probable entrada en funcionamiento en 2003 dependerá la determinación de tarifas eléctricas.

Ello, en tanto las autoridades no opten por otras fuentes de energía, como las centrales a gas natural, que parecen el único sucedáneo viable de una central cada vez más cuestionada. El mapa de conflictos étnico-ambientales se extiende así mismo a la costa norte de Colombia, donde el 15 de febrero entró en funcionamiento la central hidroeléctrica de Urrá, con la activación, en primera etapa, de tres turbinas La central tendrá una capacidad de producción de 340 megavatios de electricidad, equivalentes a cuatro por ciento del consumo del país.

Según el ministro de Minas, Carlos Caballero, la obra es fundamental para aumentar la ''confiabilidad del sistema eléctrico nacional", ya que reduciría los riesgos de racionamiento de energía, sobre todo en la costa caribe.

Pero las comunidades indígenas emberá-katío advierten que el proyecto puede provocar daños ambientales. Doscientos de ellos realizaron este año una marcha desde sus tierras en el Alto Sinú, del departamento de Córdoba, hasta Bogotá, donde permanecieron cerca de cuatro meses, para denunciar la violación de sus derechos por parte de la empresa Urrá Multipropósito, responsable del proyecto.

La obra modificó ''radicalmente" el sistema de control de aguas del río Sinú (que abastece la represa), principal fuente de alimentos de unos dos mil 500 indígenas y 25 mil campesinos y pescadores de la región, señaló Gloria Rodríguez, del Instituto de Estudios Ambientales de la estatal Universidad Nacional.

El departamento de Córdoba es una conflictiva zona en que operan guerrilleros de izquierda y paramilitares de derecha, a quienes los emberá-katío identifican como culpables del asesinato de tres líderes de la comunidad entre 1998 y 1999, en hechos asociados con momentos clave de su protesta contra el proyecto hidroeléctrico.

El Ministerio de Medio Ambiente abrió el diálogo con las comunidades afectadas en 1999 y, después de una interrupción, logró este año un acuerdo que prevé frenar la obra en su segunda fase.

El autor es corresponsal de IPS.

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