PAKISTAN: Radicales islámicos hostigan a ONG por educar a niñas

DESARROLLO: ONU crea grupo de trabajo para reducir brecha digital

PAKISTAN: ONG reclaman campaña nacional contra pena de muerte

DERECHOS HUMANOS: Optimismo por Tribunal Penal Internacional

AMBIENTE-CHILE: Plan forestal pone a prueba tratado con Canadá

AMBIENTE: Multinacionales toman medidas contra recalentamiento

DESARROLLO-CHINA: Proyecto de gasoducto es blanco de críticas

PAKISTAN: Radicales islámicos hostigan a ONG por educar a niñas

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por Nadeem Yaqub

PESHAWAR, Pakistán, 7 ago (IPS) Líderes islámicos radicales de Pakistán hostigan a organizaciones no gubernamentales (ONG) que educan a niñas en el noroeste del país, cerca de la frontera con Afganistán, y acusan a sus integrantes de violar normas religiosas.

Altos funcionarios gubernamentales en el área advirtieron a los trabajadores de ONG que no salgan de sus casas para no arriesgarse a ser víctimas de ataques de grupos fundamentalistas.
La ONG Khwendo Kor (''Hogar de Hermanas'' en el idioma pashto local), con sede en la ciudad noroccidental de Peshawar, se vio obligada a cerrar algunas de sus escuelas para niñas en la zona rural de la Provincia de la Frontera Noroccidental.
El problema se debe a que Maulvi Ziaul Haq, un joven clérigo islámico que vive a unos 200 kilómetros de Peshawar comenzó a promover el odio contra las ONG en sus sermones semanales en mezquitas de la región.
Ese clérigo vive en el área Maidan del distrito Dir de la provincia, y a comienzos del mes pasado acaparó titulares en la prensa del país cuando afirmó que las trabajadoras de las ONG debían ser obligadas a permanecer recluidas en sus casas.
También vive en esa área Maulvi Sufi Mohammad, quien lanzó hace seis años un movimiento armado con el objetivo de fortalecer la aplicación de la Shariah (ley islámica), y causó episodios de violencia en los cuales fueron asesinadas 15 personas.
En aquella ocasión el gobierno paquistaní resolvió establecer tribunales islámicos en el área, y fue criticado por ceder a las presiones y alentar el aumento del radicalismo religioso.
Ese antecedente impone cautela a los trabajadores de las ONG. ''No queremos enfrentamientos con nadie. Deseamos resolver esta cuestión enforma pacífica junto con la comunidad'', dijo Marian Bibi, una integrante de Khwendo Kor. ''El subcomisario local nos comunicó que la situación se mantiene tensa, y que es mejor que las ONG se mantengan alejadas del área'', añadió.
Syed Badshah, un discípulo de Maulvi Haq a cargo de la custodia de una mezquita y maestro en una escuela de Dir, sostuvo que ''mujeres elegantes y occidentalizadas de las ONG vienen aquí y difunden obscenidades''.
El propio Maulvi Haq fue más explícito al afirmar: ''No aceptamos a las ONG porque difunden el secularismo. No permitiremos que trabajen aquí. Nos oponemos a la democracia y no queremos que este lugar se convierta en otra Turquía'', en alusión a la difusión de la cultura occidental en ese país.
El personal de Khwendo Kor ha dejado de usar vehículos oficiales.
La ONG estableció en Maidal 40 escuelas comunitarias en el marco del Proyecto Amal, financiado por el Departamento para Desarrollo Internacional del gobierno británico y parte del Programa de Acción Social del gobierno militar paquistaní, en el área de educación primaria.
En el proyecto, las comunidades locales proveen edificios y maestras para las escuelas, que son supervisadas por comisiones de aldea para la educación. Las escuelas cobran una cuota simbólica de unos 25 centavos de dólar y se prevé que pasen a ser administradas por el gobierno después de agosto de 2001.
Asisten a las escuelas unas 1.500 niñas, y familias de otras áreas han escrito cartas a Khwendo Kor con el pedido de que abra instituciones similares para sus hijas.
La ONG planea instalar 50 escuelas más en otras áreas de la provincia.
''Estamos comprometidos con la comunidad y satisfechos de nuestro trabajo. Seguiremos actuando mientras las comunidades nos necesiten. Las denuncias de que enseñamos vulgaridades y fomentamos una agenda occidental son propaganda sin fundamento'', dijo Anita Qamar, gerente de programación de Khwendo Kor.
Integrantes de ONG señalan que Badshah critica a esas organizaciones porque su hija no fue aceptada como maestra del Proyecto Amal, y que la hostilidad del líder local de un importante partido político islámico se debe a que su hijo no consiguió trabajo como operador de computadora en un proyecto gubernamental financiado por una ONG.
Noor Marjan, una pobladora local que trabaja como maestra con el Proyecto Amal, aseguró que los clérigos islámicos temen que las mujeres avancen hacia la igualdad de género.
''No quieren mujeres educadas a su alrededor y se sienten en peligro'', añadió la maestra, quien dijo estar decidida a continuar la educación de niñas mientras la gente se lo permita.
''¡Mantendremos funcionando las escuelas a cualquier costo!'', afirmó Azizullah Khan, padre de una niña beneficiada por el programa en la aldea de Shingara, cercana a la frontera con Afganistán.
Habitantes de la provincia culparon a algunos funcionarios de distrito de estimular la hostilidad de los fundamentalistas, y sostuvieron que esos funcionarios están preocupados porque la creciente participación de comunidades locales en programas de las ONG les quita control de recursos económicos.

(FIN/IPS/tra- eng/ny/mu/ego/mp/hd ed/00).

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por Mark Lobel

NACIONES UNIDAS, 7 ago (IPS) La Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió crear un grupo de trabajo sobre Tecnología de la Información y la Comunicación en un intento por reducir la ''brecha digital'' que separa a los países ricos de los pobres.
Solo la mitad de la población mundial cuenta con una línea telefónica y apenas cinco por ciento (294 millones de personas) tiene acceso a Internet. Aun así, se estima que el comercio electrónico alcanzará siete billones (millones de millones) de dólares para el año 2004.
''Es crucial que se establezca el equipo de trabajo lo antes posible'', manifestó a IPS Percy Mangoaela, presidente del Grupo Ad-hoc de Trabajo sobre Informática.
Agregó que el equipo trabajará fuera de la estructura organizativa de la ONU, aunque subordinado al secretario general, y que probablemente comience sus actividades el año próximo, aunque todavía no se estableció una fecha. ''Solicitamos al secretario general (Kofi Annan) que inicie consultas con los estados miembros y otros interesados el mes próximo'', para ''hacer recomendaciones sobre las referencias, el mandato y la composición del grupo de trabajo'', declaró a IPS Surbuland Khan, director de apoyo y coordinación del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc).
Es probable que el equipo quede integrado por tres o cuatro asesores de alto nivel, procedentes de los sectores público y privado, fundaciones y la sociedad civil organizada. Ya se barajan algunos nombres en el ámbito de la ONU.
Además, el grupo comprendería ''de 15 a 25 representantes de los sectores interesados y los estados miembros, de una manera equilibrada'', especuló Khan.
Ecosoc produjo en julio su primera declaración ministerial sobre el estímulo al desarrollo mediante la promoción de ''oportunidades digitales''.
El documento concluye que ''las asociaciones entre gobiernos nacionales, actores bilaterales y multilaterales del desarrollo, el sector privado y otras partes interesadas deben jugar un papel fundamental''.
Posteriormente, Ecosoc resolvió crear el grupo de trabajo ''para que la ONU asuma un papel de líder en la formulación de estrategias para el desarrollo de la tecnología de la información''.
El Grupo de los Ocho, integrado por los siete países más industrializados y Rusia, también destacó la brecha digital entre naciones ricas y pobres en su última cumbre, celebrada el mes pasado en la isla japonesa de Okinawa, y subrayó la importancia de la tecnología de la información para el desarrollo.
En un discurso pronunciado ante la Ecosoc la semana pasada, Annan habló sobre el potencial de la creación del grupo de trabajo.
''Si tenemos éxito, haremos que los países pobres se unan a la economía global basada en el conocimiento, dando a su gente una herramienta poderosa para hacer oir su voz y combatir la ignorancia y las enfermedades'', declaró el secretario general.
Desde la publicación en mayo de un informe de un panel de expertos sobre la tecnología de la información, por encargo de Annan, aumentó el interés por corregir la creciente disparidad entre el Sur en desarrollo y el Norte industrial en ese campo.
La declaración ministerial de Ecosoc declaró que ''la falta de infraestructura, educación, capacitación, inversiones y conectividad son los principales impedimentos'' para el uso generalizado de Internet en los países en desarrollo. Así mismo, la declaración esboza un plan de acción que tiene como punto de partida el establecimiento de un marco legal regulatorio para promover el desarrollo de la tecnología de la información y una infraestructura básica para la conexión.
El documento propone también el desarrollo de contenido local, la cooperación Sur-Sur en diversos proyectos, el aumento del número de computadoras y la capacitación tecnológica, pero no sugiere plazos.
Todos los socios interesados crearán un Fondo Fiduciario sobre la base de contribuciones voluntarias. ''Esperamos recaudar 500 millones de dólares del sistema de la ONU y de fuentes del sector público, y una cantidad similar del sector privado'', declaró Khan.
Las donaciones voluntarias del sector privado se basan en el reconocimiento de que la apertura de mercados en las naciones en desarrollo beneficiará a las empresas privadas.
La ONU puso gran énfasis sobre el papel del sector privado que, según el informe del secretario general, ''es y será en el futuro cercano la principal fuerza impulsora del desarrollo y la utilización de la tecnología de la información y las comunicaciones''.

(FIN/IPS/tra-en/ml/da/mlm/cr-dv/00)

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por Muddassir Rizvi

ISLAMABAD, ago (IPS) La ausencia de una campaña nacional sostenida contra la pena capital es una de las razones por las que los tribunales de Pakistán condenan a muerte a tantas personas, denunciaron organizaciones de derechos humanos.

''El número de sentencias capitales en 1998 se duplicó respecto del año anterior'', y el año pasado 122 personas fueron condenadas a muerte, informó un funcionario de la Comisión Jurídica de Pakistán.
Cuarenta y nueve personas fueron ejecutadas en la horca en 1999, y ''el resto espera el resultado de la apelación ante tribunales superiores'', explicó. Al menos 21 mujeres prisioneras apelaron ante cortes superiores sus sentencias de muerte.
''Pakistán parece tener más reclusos en el corredor de la muerte que ningún otro país'', sostiene un informe de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, la única organización nacional que alzó su voz para exigir la abolición del castigo capital.
Varias organizaciones internacionales reclaman la eliminación de la pena de muerte en Pakistán desde hace mucho tiempo.
''Pedimos que el gobierno elimine la pena capital para todos los delitos y todos los delincuentes'', solicitó Amnistía Internacional en una carta dirigida al presidente de facto, el general Pervez Musharraf.
Sin embargo, la abolición es muy improbable en un país donde casi todas las decisiones están fuertemente influidas por la ortodoxia religiosa islámica.
Los líderes islámicos más radicales, que tienen gran poder sobre sus gobiernos, se oponen incluso a cualquier restricción en la aplicación de la pena de muerte.
La pena capital forma parte de los castigos musulmanes, y los observadores políticos coinciden en que cualquier gobierno que la elimine debe estar preparado para una fuerte reacción de los grupos religiosos ultraortodoxos.
''El Islam profesa la justicia y el ojo por ojo. Todas esas fuerzas que piden la abolición de la pena de muerte son antiislámicas'', afirmó un portavoz del partido islamista Jamiat Ulema Islam.
Un vocero de la Comisión Jurídica de Pakistán admitió que, ''dado que la Constitución exige que todas las leyes nacionales sean interpretadas a la luz del Islam, no es posible abolir la pena de muerte''.
''Lo que sí podemos hacer es tratar de asegurarnos de que solo los verdaderos responsables de crímenes graves sean ejecutados'', añadió.
En Pakistán, la pena de muerte se aplica a una larga lista de delitos que incluyen asesinato, violación en grupo, rapiña, ataque sexual a menores y blasfemia.
Los críticos censuran la facilidad con que se pronuncian sentencias de muerte. La mayoría de éstas desde 1997 fueron emitidas por ''tribunales antiterroristas'' creados por el gobierno de Nawaz Sharif, cuyos juicios duran apenas siete días.
''Ese plazo infringe el artículo 14.3 b del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que otorga a cualquier acusado el tiempo y las facilidades necesarias para la preparación de su defensa'', señaló la abogada Nazeer Bhutta.
''La obsesión con la justicia rápida debe corregirse para evitar que el debido proceso sea amenazado'', observó la Comisión Jurídica de Pakistán.
Las críticas de la Comisión recrudecieron después de la ejecución en 1997 de un hombre llamado Maqsood Ahmed, cuya inocencia se demostró posteriormente.
''Maqsood es la prueba de las fallas de nuestro sistema de justicia. Muchos más inocentes pueden haber sido ejecutados'', lamentó Malik Sarwar, una estudiante de derecho de Islamabad.
''Debemos superar nuestra obsesión con castigar a los delincuentes con la muerte. Nunca fue una medida disuasoria'', agregó.
El sistema judicial también fue acusado de procesar con demasiada lentitud las apelaciones de sentencias de muerte. Unas 3.600 personas viven en prisiones superpobladas en la provincia de Punjab a la espera de un pronunciamiento sobre sus apelaciones.
''El gobierno debe simplificar el proceso de apelación, porque en muchos casos los acusados deben esperar hasta 10 años en prisión, incluso si son inocentes'', exhortó otro abogado de Islamabad.
Aunque el actual gobierno militar abolió la pena de muerte para los infractores menores de 18 años, todavía hay al menos 50 presos que recibieron la sentencia de muerte cuando tenían menos de esa edad, según estadísticas del Departamento de Prisiones de Punjab.
Un informe de la organización de derechos humanos Human Rights Watch sostuvo que Pakistán es uno de los pocos países donde se ejecutaron menores en la década de 1990.
Las organizaciones de derechos humanos también protestaron contra ciertas normas islámicas que permiten a los sentenciados evitar la ejecución si su familia es capaz de pagar determinada multa.
''Creemos que esta ley favorece a los ricos y convierte la vida y la muerte en artículos negociables. Hay informes de convictos que esperan en el corredor de la muerte mientras su familia trata de negociar para salvarles la vida'', expresó Amnistía en la carta a Musharraf.

(FIN/IPS/tra-en/mr/mu/mlm/hd/00)

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por Marwaan Macan Markar

MEXICO, 4 ago (IPS-Redacción central) La posibilidad de que el Tribunal Penal Internacional (TPI) sea una realidad dentro de pocos años despierta el optimismo de grupos defensores de los derechos humanos y expertos legales.

Esa confianza emana de los cambios en curso en varios países para armonizar sus códigos penales y militares con las normas internacionales sobre derechos humanos, medida imprescindible para que ratifiquen el Estatuto de Roma que crea al TPI. '
'La Unión Europea manifestó la voluntad de promover entre sus 15 estados miembro la ratificación del estatuto'', aseguró Eduardo González Cueva, coordinador de la Coalición por un Tribunal Penal Internacional (CICC), integrada por más de 800 organizaciones no gubernamentales.
''En América Latina crece el apoyo a la idea y actualmente seis países están dispuestos a ratificar el tribunal: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador y Paraguay'', informó Brigitte Suhr, experta legal de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), de Nueva York.
Así mismo, la Comunidad por el Desarrollo de Africa Austral expresó su apoyo al TPI y sus 14 países declararon interés en ratificar el Estatuto de Roma.
Pero eso no es todo lo que se hace para obtener más apoyo para la ratificación del tratado, aprobado por 120 países en julio de 1998.
El mes pasado, por ejemplo, al cumplirse el segundo año de su adopción, la CICC lanzó una campaña mundial para que más países se sumen a los 14 que ya lo ratificaron, entre los que se encuentran Canadá, Ghana, Italia, Islas Fidji, Senegal y Venezuela.
La campaña busca alcanzar las 60 ratificaciones requeridas para que el acuerdo entre en vigencia a partir de 2002.
Los impulsores del TPI lo consideran el mejor método legal para juzgar a los acusados de graves violaciones a los derechos humanos, como el ex dictador chileno Augusto Pinochet o el presidente yugoslavo Slobodan Milosevic.
Una vez establecido, el tribunal tendrá la autoridad para someter a juicio a acusados por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, tales como la ''exterminación sistemática de civiles'', esclavitud, tortura, violaciones, persecuciones políticas o raciales y desapariciones.
El Estatuto de Roma estipula que cualquier país podrá presentar querellas ante el tribunal y que el fiscal de este tiene la potestad de iniciar una ''investigación sobre un crimen que le merezca su atención''.
A diferencia de los dos últimos tribunales sobre crímenes de guerra, para Ruanda y Yugoslavia, la jurisdicción del TPI no estará limitada ni cronológica ni geográficamente.
Pero no todos los países están de acuerdo con la idea, propuesta por primera vez en 1948 luego de los tribunales de Nuremberg y Tokio que procesaron los crímenes perpetrados en la segunda guerra mundial.
Estados Unidos, por ejemplo, sostiene que el TPI terminará siendo un organismo sin efectividad, y advierte que podría constituirse en una peligrosa amenaza a la soberanía nacional de los estados.
La presencia de Estados Unidos entre los críticos del TPI es una ''gran paradoja'' por provenir del país que pretende desempeñar un papel primordial en la defensa de los derechos humanos, opinó el analista Geoffrey Robetson, autor de ''Crímenes contra la humanidad: la lucha por la justicia mundial''.
La posición de Estados Unidos ante el TPI quedó en evidencia la semana pasada cuando el ex secretario de Estado Lawrence Eagleburger dijo en el Congreso que el proyecto de creación del tribunal mundial ''es ilegítimo e ilegal''.
''Será mejor si decimos desde ahora que no queremos saber nada al respecto'', agregó durante su participación ante el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes.
Para activistas como González Cueva, la posición de Estados Unidos no es una sorpresa, ya que en 1998 votó contra el TPI junto con China, Irak, Israel, Libia, Qatar y Yemen.
La posición de Estados Unidos de ''darle 100 por ciento de inmunidad a sus ciudadanos ante el tribunal es irracional, innecesaria e ilegal'', sostuvo González Cueva.
''No puede pretender ser el líder mundial en materia de derechos humanos y, al mismo tiempo, ser juzgado con una vara distinta al resto de la comunidad internacional'', agregó.
''Washington ejerció una enorme presión sobre los países pobres para intimidarlos y que no ratifiquen el estatuto. Esta actitud fue respaldada por senadores (del opositor partido republicano), quienes han declarado abiertamente su intención de destruir el tribunal'', denunció el activista.
Pero a pesar de esa presión, Suhr percibe que la ratificación final está en proceso. ''Que varios países lo ratifiquen y otros se estén preparando para hacerlo revela la creciente inquietud por establecer un tribunal mundial'', afirmó.

(FIN/IPS/tra-en/mmm/da/rp/aq/hd-ip/00)

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por Gustavo González

SANTIAGO, 4 ago (IPS) La acción legal iniciada en junio por grupos ecologistas contra el proyecto forestal Cascada, localizado en el sur de Chile, representa la primera prueba de fuego para el protocolo ambiental del tratado de libre comercio suscrito en 1997 con Canadá.

La Comisión para la Cooperación Ambiental Chile-Canadá acogió este jueves a trámite la demanda iniciada por la Fiscalía del Medio-Ambiente (FIMA), una organización no gubernamental de abogados que busca impedir la materialización de este proyecto por su negativo impacto ecológico.
Si el organismo binacional, con sede en Canadá, determina finalmente que no se aplicó cabalmente la normativa ambiental para la aprobación de este proyecto, el gobierno chileno se expone a que se le abra un expediente por incumplir el tratado.
La decisión en ese sentido pasará a manos del Comité Conjunto Revisor de Peticiones, otro de los órganos del tratado chileno- canadiense, al cual le corresponderá analizar el fondo de la demanda y eventualmente dar curso al expediente.
Esto sentaría un precedente para futuros acuerdos comerciales que Chile negocie con países o bloques industrializados, lo cual es visto como positivo por las organizaciones ambientalistas.
Los sectores empresariales, en cambio, sostienen que esa posibilidad significaría una señal negativa para los inversionistas extranjeros con respecto a los riesgos que pueden enfrentar en Chile.
Chile está negociando un tratado de comercio e integración con la Unión Europea y no ha renunciado a un acuerdo comercial con Estados Unidos, ya sea en forma bilateral o adhiriéndose al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El proyecto Cascada, unos 1.100 kilómetros al sur de Santiago en la bahía de Ilque, al sudeste de Puerto Montt, está a cargo de una sociedad formada por Boise Cascade Corporation de Estados Unidos y Maderas Cóndor de Chile.
Cascada implica una inversión de 180 millones de dólares para construir en Ilque, localidad costera de 700 habitantes, una planta que procesará maderas de bosques nativos para la producción de paneles aglomerados y astillas (chips).
La planta se abastecerá de árboles comprados a terceros y tendrá una capacidad de procesamiento de un millón de metros cúbicos de madera, lo cual representa una amenaza para los bosques nativos de la zona, según los ecologistas.
En el estudio de impacto ambiental del proyecto, aprobado bajo el gobierno de Eduardo Frei, que finalizó en marzo de este año, se obviaron los datos sobre su incidencia en la riqueza forestal de la zona.
En el estudio se mencionó la superficie de 177 hectáreas que ocupará la planta en Ilque, pero se ignoró la extensión de 69.039 kilómetros cuadrados de bosques nativos que serán devastados por el proyecto, según sus detractores.
Fue esta omisión la que fundamentó la demanda presentada por la FIMA ante la Comisión para la Cooperación Ambiental Chile-Canadá con el respaldo de grupos ecologistas chilenos y de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente.
La comisión binacional fue creada de acuerdo al protocolo ambiental, adicional al tratado comercial que Frei firmó con Canadá en 1997 y que negoció luego de que en 1996 se frustraran las expectativas de un rápido ingreso de Chile al TLCAN.
El tratado con Canadá, que incluye igualmente un protocolo laboral, fue el primero negociado por Chile con un país industrializado, luego de numerosos acuerdos con países latinoamericanos que no consideran los factores ambientales.
El proyecto Cascada fue asumido internacionalmente por organizaciones ecologistas como símbolo de la defensa de los bosques templados húmedos, con motivo de las manifestaciones contra la llamada Ronda del Milenio.
Estas movilizaciones tuvieron lugar en la ciudad estadounidense de Seattle, con motivo de la última reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio, realizada entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre de 1999.
Los grupos ecologistas chilenos acusan a la sociedad chileno- estadounidense de haber ejercido presiones tanto en la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), como en la instancia regional de Puerto Montt para conseguir la aprobación del proyecto.
La bióloga Adriana Hoffmann, designada secretaria ejecutiva de Conama por el actual presidente Ricardo Lagos, fue hasta marzo último líder de la organización Defensores del Bosque Chileno y como tal combatió duramente el proyecto Cascada.
Hoffmann se inhabilitó para intervenir en representación del gobierno chileno en el actual proceso abierto por la demanda de la FIMA en las instancias bilaterales del tratado Chile-Canadá.

(FIN/IPS/ggr/en if/00)

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por Anna Blackden

WASHINGTON, 4 ago (IPS) Numerosas empresas multinacionales decidieron tomar medidas voluntarias para reducir sus emisiones de los llamados gases de invernadero, anticipándose a una posible regulación gubernamental.

Un informe publicado esta semana por el Centro Pew sobre Cambio Climático Mundial describe los esfuerzos de varias compañías, entre ellas la agroquímica DuPont y las petroleras British Petroleum y Shell International, para disminuir sus emisiones de esos gases contaminantes.
Se estima que entre 100 y 200 empresas se sumaron a los esfuerzos para reducir los gases de invernadero, considerados responsables por el recalentamiento de la atmósfera terrestre, que provoca graves trastornos climáticos. El dióxido de carbono, creado por la quema de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón, es el principal de los gases de invernadero.
Estados Unidos, responsable por 23 por ciento de todas las emisiones, lanzará a la atmósfera 2.100 millones de toneladas de esos gases para el año 2008, según proyecciones.
El protocolo firmado en la ciudad japonesa de Kyoto en 1997, en una conferencia de partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, exhorta a Estados Unidos a reducir sus emisiones a 1.500 millones de toneladas entre los años 2008 y 2012.
''Cualquier esfuerzo voluntario debe ser estimulado. Pasará algún tiempo antes de que se aprueben normas, y mientras tanto las empresas deben actuar y erradicar el uso ineficiente de la energía'', exhortó Rebecca Eaton, del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
Muchas empresas estadounidenses reconocieron que, mediante un análisis más minucioso de su consumo de energía, son capaces de disminuir el uso de combustibles fósiles y al mismo tiempo aumentar sus ganancias y su productividad, señala el informe del Centro Pew.
United Technologies, una de las firmas citadas en el informe, cree que la realización de inventarios de sus emisiones y la vigilancia cuidadosa del consumo de energía en sus 229 fábricas la beneficiará económicamente.
''No se puede administrar lo que no se puede medir... Realizar inventarios es el primer paso del proceso'', señaló Judith Bayer, directora del departamento de ambiente y asuntos gubernamentales de la empresa.
Además, anticiparse a una posible regulación del gobierno ofrece importantes beneficios a las compañías.
''Si empezamos ahora, ahorraremos dinero a largo plazo y tendremos más tiempo para crear tecnologías rentables... Recuperaremos la inversión mediante medidas tempranas'', declaró John Carberry, portavoz de DuPont.
Para el año 2010, la empresa prevé reducir sus emisiones de gases de invernadero en 65 por ciento respecto de los niveles de 1990.
Un inventario preciso de las emisiones también pondrá a las compañías en mejores condiciones para hacer un recuento de sus reducciones voluntarias en caso de futuros requerimientos legislativos.
Así mismo, la posibilidad de ganar prestigio por una acción voluntaria temprana es un incentivo adicional para las empresas, destaca el informe, parte de una serie de estudios del Centro Pew, con sede en Washington.
Pero el esfuerzo para limitar las emisiones desde el campo político no es fácil. El impacto potencial del recalentamiento del planeta y la respuesta al problema es un asunto polémico en el Congreso de Estados Unidos.
El año pasado, un grupo de senadores presentó el proyecto de Ley de Créditos por Reducciones Voluntarias, que otorgaría créditos a aquellas empresas que disminuyan sus emisiones de gases de invernadero antes de la aprobación de normas nacionales en ese sentido.
Los créditos podrían usarse para cumplir futuros objetivos fijados por la ley e incluso venderse a otras firmas que los necesiten para cumplir con sus propias obligaciones de reducción de emisiones.
El Partido Republicano, mayoritario en el Congreso, se opone firmemente a las metas fijadas para los países industrializados en el protocolo de Kyoto, y arguye que países en desarrollo como China, Brasil y México, que emiten grandes cantidades de dióxido de carbono, deberían reducir sus emisiones en grado similar.
El protocolo de Kyoto, que fue firmado por la administración de Bill Clinton, compromete a 38 países industrializados a reducir sus emisiones de gases de invernadero en un promedio de cinco por ciento por debajo de los niveles de 1990 para el año 2012.
La reducción correspondiente a Estados Unidos sería de siete por ciento.
Sin embargo, ese objetivo no se alcanzará a menos que se adopten medidas legislativas concretas y pronto, advirtieron organizaciones ambientalistas.
''Los cambios políticos son lentos, pero la acumulación de gases de invernadero en la atmósfera es rápida'', previno Fred Krupp, del Fondo de Defensa Ambiental.

(FIN/IPS/tra-en/ab/da/mlm/en/00)

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por Antoaneta Bezlova

BEIJING, ago (IPS) Un gigantesco proyecto de energía, crucial en la campaña del presidente Jiang Zemin para revitalizar el oeste de China, se transformó en el nuevo blanco de críticas de activistas de todo el mundo, que protestan por la política de Beijing hacia las minorías.

El gasoducto Oeste-Este, que unirá los yacimientos de gas natural de la provincia de Xinjiang, en el oeste de China, con el puerto oriental de Shangai, también creó controversia porque fue abierto a inversionistas extranjeros.
Cuando esté terminado, en el año 2005, el gasoducto de 4.200 kilómetros de largo tendrá una capacidad de transporte de 12.000 millones de metros cúbicos de gas por año, y permitirá usar recursos de Xinjiang para atender la demanda de energía Shangai, que supera largamente a la oferta.
En una sorprendente decisión contraria al monopolio del Estado, Beijing anunció en julio que el proyecto de 14.500 millones de dólares se abriría a la participación extranjera.
Los inversionistas podrán tener intereses en la extracción de gas y en la construcción y operación del gasoducto, áreas antes sometidas al control exclusivo de las empresas petroleras nacionales.
Beijing espera que el proyecto produzca un gran crecimiento económico en Xinjiang que ayude a calmar la inquietud étnica en esa provincia.
En Xinjiang reside la minoría uigur musulmana, a la que Beijing percibe como rebelde y con ambiciones separatistas.
''El gasoducto tiene gran importancia para la preservación de la unidad nacional y la estabilidad social en el oeste de China'', admitió Zhang Guobao, viceministro de la Comisión Estatal de Planificación del Desarrollo.
''El apoyo a este proyecto significa el apoyo a todo el programa de desarrollo en el oeste'', agregó.
El multimillonario proyecto está destinado a reducir la desigualdad de ingresos entre la industrializada costa oriental y el retrasado interior occidental, empobrecido a pesar de sus vastos recursos naturales.
Los activistas afirmaron que el objetivo oculto del proyecto consiste en aplastar posibles levantamientos civiles, y que el apoyo extranjero en la forma de inversiones le daría credibilidad al programa en su conjunto y sería decisivo para su éxito.
El proyecto es peligroso porque el desarrollo de una infraestructura tan colosal implica un considerable influjo de trabajadores de la mayoría han a una provincia de gran sensibilidad política y étnica, advirtieron.
La ''demonización'' de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang generó críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos y sindicatos de todo el mundo.
De los 17 millones de habitantes de Xinjiang, 40 por ciento son chinos han, aunque en 1950 éstos solo representaban 15 por ciento de la población provincial.
Entre los han llegados a la provincia figuran numerosos ''bingtuan'', o soldados transformados en pequeños agricultores que están listos para sumarse al ejército en cualquier momento.
Debido a sus dimensiones y a su ubicación, existen pocas dudas de que el plan del gasoducto será objeto de un minucioso examen de organizaciones religiosas, sindicales y de derechos humanos, en particular de Estados Unidos.
La comunidad de exiliados de Xinjiang carece de una figura carismática como el Dalaí Lama, líder espiritual del Tibet en el exilio, para promover su causa, y la de los uigures nunca ganó tanta importancia como la de los tibetanos.
Sin embargo, el proyecto del gasoducto Oeste-Este enfrentaría importantes problemas en la comunidad de inversores extranjeros.
El principal operador chino sería PetroChina Co., cuya reciente oferta pública de venta de acciones en Nueva York y Hong Kong casi fue arruinada por las fuertes protestas de grupos de activistas de todo el espectro político.
Grupos religiosos, sindicales y contra la esclavitud se sumaron a la campaña de protesta.
Los activistas señalaron que la empresa madre de PetroChina, China National Petroleum Corp., brinda apoyo financiero al gobierno islámico de Sudán para aplastar a los cristianos del sur y otras minorías.
Dado que las inversiones extranjeras llegarían al gasoducto a través de la compra de acciones de PetroChina, muchos de los problemas expuestos por los activistas saldrán nuevamente a luz una vez que la compañía empiece a recaudar fondos para el proyecto.

(FIN/IPS/tra-en/ab/js/mlm/dv-hd/00)

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