CUBA: Un desierto lleno de peces

PERU: Campesinos y empresarios contra Ley Forestal

VIETNAM: Movilizan soldados para combatir graves

RUSIA: Inminente desastre ecológico en isla Sajalin

ASIA MERIDIONAL: Diques causan inundaciones, según ecologistas

CUBA: Un desierto lleno de peces

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por Dalia Acosta

GUANTANAMO, Cuba, 13 ago (IPS) El paisaje en el extremo oriental de Cuba habla por sí solo. La falta de lluvias seca los ríos y ya se aprecia a simple vista como la sal cubre cada vez más la tierra por causas naturales y la descuidada acción humana.

El deterioro del ambiente por el desarrollo inadecuado de la acuicultura, advertido por expertos locales, se sumó al largo proceso de salinidad y desertización de la provincia de Guantánamo, a 970 kilómetros de La Habana.
Este caso denunciado por la prensa provincial, que será llevado ante los tribunales, no es el único en el territorio cubano. A unos 300 kilómetros de allí, la contaminación de las aguas del río Máximo responde a la misma causa. '
'Debemos actuar con celeridad porque, de lo contrario, en unos pocos años, tal vez en un quinquenio, ya habremos perdido grandes áreas convertidas en desierto'', alertó Caridad Piedra, directora en Guantánamo del gubernamental Centro Provincial de Suelos.
Piedra aseguró que esa institución advirtió a tiempo a las autoridades pesqueras encargadas del desarrollo acuícola en la zona de los peligros que acarrearía la construcción del llamado Centro de Alevinaje.
Pero la advertencia fue respondida con un ''demuéstrelo'', de lo cual se encargaron las investigaciones científicas en los últimos años y, peor aún, la vida misma.
Los expertos explican que la construcción de los estanques, sin adoptar medidas que minimizaran los efectos sobre el ambiente, produjo que el manto freático pasara de 3,5 a 1,5 metros de profundidad y, por ende, aumentó la humedad del suelo en forma extrema.
Además, la salinidad se disparó hasta considerarse intolerable para los cultivos agrícolas.
''Los estanques (sin impermeabilización) se ubicaron en una región de suelos aluvionales, a una altura muy superior a la de las áreas agrícolas y, para empeorar la situación, sin un sistema de drenaje adecuado para evacuar los significativos y perennes volúmenes de aguas residuales'', afirmó Venceremos, periódico del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC) en esa provincia.
El programa acuícola cubano, impulsado desde los años 80 como una fuente importante de alimentos para los más de 11 millones de habitantes del país, pretende alcanzar una producción anual de 100.000 toneladas de pescados de agua dulce.
Fuentes oficiales indican que la producción pasó de 50.000 en 1997 a 80.000 toneladas en 1999. Expertos del Ministerio de Industria Pesquera anunciaron también a comienzos de este año que la inversión de capital foráneo ''tiene como prioridad estratégica'' la obtención de técnicas avanzadas de cultivo de organismos marinos.
En el caso de la acuicultura, se pretende impulsar el cultivo de peces tanto en el mar como en agua dulce, además de la cría de camarones. Las nuevas granjas camaroneras cubrirán más de 16.000 hectáreas. La resolución económica aprobada en el último congreso del PCC, realizado en 1997, estableció que la industria pesquera deberá lograr ingresos no menores a 300 millones de dólares anuales, sin comprometer el equilibrio ecológico.
Pero el desarrollo acelerado de la acuicultura a comienzos de los años 90, cuando todavía no se había aprobado la vigente ley de Medio Ambiente y el reglamento de impacto ambiental, puede haber ocasionado efectos negativos aún desconocidos.
La acuicultura aportó 20 por ciento de la producción pesquera mundial en 1996 y la mayor parte de ella (15,1 millones de toneladas) tuvo su origen en aguas dulces, señala un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Sin embargo, Rebecca Goldburg, científica del Fondo de Defensa Ambiental, con sede en Londres, advirtió en 1998 que la cría de peces, antes considerada una alternativa respetuosa del ambiente, aumenta la presión sobre las pesquerías naturales y contamina los ecosistemas.
El documento ''Los Subsidios de la Naturaleza a la Cría de Camarón y Salmón'', publicado por la revista Science, asegura también que las frágiles aguas costeras reciben afluentes contaminados con pesticidas y otras sustancias químicas.
Por su parte, la organización ambientalista internacional Greenpeace informó que en la última década se destruyeron más de 3.000 hectáreas de manglares en el golfo de Fonseca, en América Central, en su mayoría por causa del desarrollo de una acuicultura no sustentable.
En tanto, estudios realizados en Chile señalaron que el cultivo de salmones y truchas constituye un factor de alto riego para siete lagos del país, debido a los medicamentos y alimentos con alto contenido de fósforo que se les suministra a los peces.
En el caso de Cuba, los daños ocasionados por la gran cantidad de estanques acuícolas que proliferaron en el valle de Guantánamo en la pasada década pueden verse hoy en las plantaciones de campesinos independientes y, sobre todo, en las de la estatal Empresa de Cultivos Varios.
En esa zona se ejecutan desde hace más de 15 años los proyectos más costosos de Cuba para la recuperación de áreas afectadas por la salinidad y la desertización.
El director de la Empresa de Cultivos Varios, ingeniero agrónomo Miroín Sánchez, quien prepara una demanda contra la dirección de la Pesca, aseguró que después de la aparición de los estanques fue necesario eliminar varias plantaciones de banano.
Por un lado se pierden recursos millonarios invertidos en el combate contra la salinidad y la desertización, mientras que por otro las empresas acuícolas ni siquiera justifican esa pérdida con una importante producción, aseguraron fuentes oficiales.
Las instalaciones de las organizaciones económicas estatales Aleviguan y Acuiguan, propietarias de los estanques para producir y cebar alevines, están diseñadas para obtener más de 700 toneladas de peces cada año, pero nunca han llegado siquiera al centenar.
La investigación de los expertos en suelos propone como medidas mitigantes de los daños el establecimiento de un proyecto único de drenaje y la impermeabilización de los estanques para evitar las filtraciones de agua al manto freático.
Además, falta aún concluir los estudios del impacto sobre la salud humana, los efectos adversos a la integridad del ecosistema, los cálculos de las relaciones entre costos económicos y efectos ambientales y cómo corregir los impactos negativos.
El gasto de esos estudios debería ser asumido por Aleviguan y Acuiguan, como mandatan las leyes cubanas, pero según la prensa estatal esas entidades aseguran no contar con financiamiento para terminar el estudio.
La degradación de 60 por ciento de los suelos constituye el mayor problema ambiental en Cuba, afirmó el 1 de junio el viceministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Fabio Fajardo.
Se estima que las principales causas del incrementado del porcentaje de tierras consideradas muy poco productivas en el país son la erosión, la acidez, salinidad y el mal drenaje, condiciones que requieren de largos períodos para revertirse.
Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente indicó este año que 16 por ciento de la tierra de América Latina está degradada.

(FIN/IPS/da/dm/en if/00)

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por Abraham Lama

LIMA, 13 ago (IPS) La nueva Ley Forestal y de Fauna de Perú, aprobada para proteger la Amazonia y promover el desarrollo sustentable, es cuestionada tanto por empresarios madereros como por organizaciones campesinas, pero apoyada por ambientalistas.

Los bosques amazónicos constituyen casi 60 por ciento de los casi 1,3 millones de kilómetros cuadrados de Perú. En ellos residen menos de cinco por ciento de los 26 millones de habitantes del país.
La Ley Forestal fue aprobada en julio para atraer hacia esa región a las multinacionales madereras con el fin de aprovechar sus contactos en el mercado mundial, y, al mismo tiempo, para promover el procesamiento industrial de la madera en las propias localidades donde es extraida.
Además, la norma prohíbe durante 10 años la venta al exterior de caoba y cedro en madera aserrada, especies que han sido objeto de explotación depredatoria, con el objeto de promover la exportación de productos con valor agregado.
También se prohíbe durante 10 años la extracción de cedro y caoba en las cuencas de los ríos Putumayo, Yavarí, Tamaya y Purus, cerca de la frontera con Colombia, hacia donde se dirige un intenso contrabando de maderas finas, según denunciaron grupos ambientalistas el año pasado.
La Ley Forestal establece 5.000 hectáreas como superficie mínima de los predios para la concesión de explotación de madera y 40.000 hectáreas como superficie máxima. Las multinacionales cuestionan por exigua la máxima, mientras los pequeños empresarios consideran excesiva la mínima.
Las concesiones tendrán 40 años de vigencia y se decidirán en subasta pública. Treinta por ciento del área concedida en cada zona a grandes empresas debe ser asignada a pequeños y medianos empresarios, cuyos predios tendrán una superficie de entre 5.000 y 10.000 hectáreas.
A partir de 2005 solo se permitirá la venta y exportación de productos forestales procedentes de bosques manejados según la ley. Así, la extracción y reforestación solo podrá realizarse de acuerdo con proyectos previamente aprobados y bajo control de las autoridades.
Se trata de ''la ley forestal más moderna dictada hasta ahora en América Latina y el Caribe'', afirmó el experto Antonio Brag, de la no gubernamental Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza''.
Por su parte, el experto en asuntos amazónicos Roger Rumrill afirmó que la norma ''contiene pautas que permitirán salir a la actividad forestal del reino de la informalidad y la corrupción que hasta ahora la caracterizan y podría permitir la construcción de una industria forestal moderna, competitiva y sustentable''.
Sin embargo, Rumrril criticó algunos aspectos de la norma y destacó, por ejemplo, la necesidad de democratizar el control forestal.
La reglamentación de la ley, prevista para comienzos de septiembre, debería incorporar ''mecanismos que permitan la participación de todos los actores del proceso: madereros, campesinos, comunidades nativas y expertos civiles'', dijo.
Multinacionales madereras, asociadas con empresarios locales, ejercieron, sin éxito, presión sobre el Congreso para impedir que se limitara la superficie de las concesiones, sostuvo Rumrill.
''Las 40.000 hectáreas establecidas son una extensión que toma en cuenta la fisiología y la dinámica del bosque y el ciclo mínimo de corte, y que confiere un horizonte prudencial para la reposición natural o artificial de los árboles extraídos'', opina.
Pero los empresarios madereros, pequeños, medianos o grandes, rechazan la opinión de los ambientalistas.
''La ley incrementa las exigencias para la exportación maderera. En lugar de tener un efecto promotor, reducirá, en el corto plazo los ingresos del sector, justo cuando el mercado internacional ofrece mejores precios'', comentó Eduardo Giannoli, propietario de una pequeña empresa del sector.
Luis Lopez, presidente de la Cámara Nacional Forestal, afirmó que la norma ''tendrá un efecto nocivo en la actividad comercial de la Amazonia, porque el sector maderero es el principal soporte social de la zona y el mayor generador legal de ingresos y empleo para su población''.
Lopez sostuvo que en Perú no existe un mapa de áreas forestales que puedan ser objeto de concesión, y que el gobierno debió prever eso antes de promulgar la ley.
Mientras, Bragg y Rumrrill afirmaron que demorar aun más la promulgación de la Ley Forestal habría sido peligroso, porque compañías multinacionales se lanzaron en una carrera de apresurada depredación para anticiparse a las nuevas reglas.
''El primer impacto será un freno productivo. En los cinco primeros meses (del año), antes que la promulgación de la ley, las exportaciones madereras crecieron 18,3 por ciento. Pero se estima que al concluir el año se habrán reducido 20 por ciento respecto de 1999'', aseguró la consultora internacional Maximixe.
En su estudio preliminar sobre el impacto de la Ley Forestal, Maximixe calculó para el próximo año una caída aun mayor, de 40 por ciento en los ingresos respecto de las exportadiones de 1999.
La Confederación Nacional Agraria (CNA), que representa a los campesinos, solicitó al gobierno una reducción de la superficie mínima de las concesiones madereras de 5.000 al límite anterior, de 1.000 hectáreas.
La superficie mínima establecida por la nueva ley es excesiva para las posibilidades financieras y empresariales de los campesinos colonos, advirtió Julio Cantalicio, presidente de la CNA.
''Los contratos de concesión vigentes de hasta 1.000 hectáreas, suscritos por 25.000 campesinos colonos en base a la anterior legislación, solo tendrán vigencia hasta 2002. Desde entonces regirá el límite mínimo de 5.000 hectáreas'', añadió.
Cantalicio tambien demandó que los programas de desarrollo de la selva tomen en cuenta los derechos territoriales de las comunidades nativas selvícolas.
El Instituto Nacional de Recursos Naturales estudia formas de facilitar a pequeños empresarios el acceso a concesiones de 5.000 hectáreas y de asegurarse que los derechos de las comunidades selvícolas sean respetados, sostuvo la máxima funcionaria del organismo, Josefina Takahashi.
El reglamento de la Ley Forestal exigirá que todos los equipos pesados de extracción y de transporte de madera sean provistos de un dispositivo que permita ubicarlos con exactitud mediante satélites.
''Con ese sistema, las multinacionales no podrán salirse de los límites de las concesiones ni invadir subrepticiamente áreas protegidas'', comentó.
(FIN/IPS/al/mj/en dv/00.MDNM/)

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por Tran Dinh Thanh Lam

DELTA DEL RIO MEKONG, Vietnam, 13 ago (IPS) Miles de soldados de Vietnam ayudan a campesinos de ese país a combatir inundaciones de sus campos de cultivo de arroz en el delta del río Mekong, que afectan la cosecha verano-otoño (boreales) y amenazan sus medios de subsistencia.

'Las tropas fueron enviadas las tres provincias sudoccidentales linderas con Camboya, Long An, Dong Thap Muoi y An Giang, donde lluvias torrenciales que comenzaron en abril anegaron los arrozales y destruyeron plantaciones. El delta del Mekong se inunda cada año entre junio y noviembre, y las mayores crecidas se producen en septiembre y octubre, después de que los cultivos para la cosecha verano-otoño han sido cosechados.
En julio de este año, la situación empeoró cuando un sistema tropical de baja presión se abatió sobre la región y causó grandes inundaciones antes de la cosecha.
Además, este año los campesinos habían plantado arroz para la cosecha verano-otoño 20 días más tarde de lo normal, y los cultivos distan de estar maduros.
''Se trata de las inundaciones más prematuras y más cuantiosas en la región en los últimos 40 años'', observó Le Van Ung, un campesino de 67 años de edad de la comuna de Tan Chau, en la provincia de An Giang.
Algunas comunas no estaban preparadas para enfrentar el fenómeno, apuntó Bui Dat-Tram, director del Centro de Pronóstico Hidrometereológico de An Giang.
En las comunas de Tan Chau, Chau Doc, An Ohu y Cho Moi, de la provincia de An Giang, las inundaciones afectaron 60.000 hectáreas con semillas recién plantadas, de las 212.000 dedicadas este año a cultivos para la cosecha verano-otoño en esa provincia.
En la comuna de Tam Nong, de la provincia de Dong Thap Muoi, fueron afectadas 100.000 hectáreas en la misma situación.
En los últimos años, el gobierno ha llevado a cabo diversos proyectos de irrigación y drenaje para ayudar a la gente del delta a ''convivir con las inundaciones'', pero ahora todas las provincias del área están amenazadas por las crecidas prematuras.
Los meteréologos pronosticaron que el nivel del agua en los cursos superiores de los ríos Tien, Hau y Van Com Tay seguirá subiendo.
A fines de julio, los niveles del agua en los ríos Tien y Hau, los dos principales tributarios del Mekong, subieron 3,9 y 3,5 metros, respectivamente, sobre su nivel normal, y el nivel de las aguas del Hau se eleva ocho centímetros diarios.
Las inundaciones en el cauce superior del delta del Mekong también han empeorado a causa de las lluvias torrenciales y de mareas altas, y se espera que la situación empeore en las próximas semanas.
''Cuando el agua sube tan rápido y las lluvias anegan los campos, es poco lo que pueden hacer los campesinos. No es posible drenar las tierras en forma adecuada con ese ritmo de crecidas, y se corre el riesgo de perder cosechas enteras'', señaló Tram.
Muchos campesinos se internan en los campos anegados y tratan de salvar algunos brotes para la próxima cosecha.
Soldados y guardias fronterizos emplean miles de artefactos de bombeo de agua para drenar campos, y ayudan a los campesinos a reforzar diques y terraplenes para frenar el avance de la inundación.
Todas las bombas de agua disponibles, incluso las usadas en hogares y en refinerías de azúcar, han sido movilizadas para la operacion de salvataje del arroz, y el combustible necesario para su funcionamiento es aportado en la actualidad por los campesinos.
El ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural calculó que se necesitan 2,4 millones de litros de combustible diesel y 914.000 kilovatios-hora de electricidad para bombear el agua y salvar lo que sea posible de los cultivos para la cosecha verano-otoño.
Los soldados también ayudan a los campesinos a cosechar en forma anticipada los cultivos, que tienen unos 85 días de desarrollo y necesitarían cinco o seis días más para estar maduros. La cosecha anticipada implica aceptar pérdidas de entre 30 y 50 por ciento.
Ly Thi Chang, una campesina de 50 años de edad de la comuna de Phu Tan, en la provincia de An Giang, debió contratar a trabajadores adicionales para la cosecha prematura, y logró la mitad de los beneficios que esperaba con el doble de gastos.
''Prefiero salvar algunos kilos de arroz que perder todo'', dijo llorando.
La crisis se agrava por una aguda escasez de la mano de obra necesaria para cosechar.
En el norte, Hanoi se prepara para inminentes inundaciones mediante refuerzos y previsiones para la eventual reparación del sistema de diques en el río Rojo. La región central, que el año pasado experimentó las peores crecidas en 40 años, también se está prepara para lo peor.
Los daños causados por las inundaciones pusieron en evidencia efectos nocivos de la tala ilegal y de la agricultura mediante tala y quema de bosques a las orillas del cauce superior de los mayores ríos.
El delta del Mekong, llamado ''la escudilla de arroz de Vietnam'', es responsable de más de la mitad de la producción arrocera total del país.
Para la cosecha verano-otoño de arroz se habían plantado 929.000 hectáreas en cinco provincias. En la actualidad, 137.000 de esas hectáreas están inundadas y en 26.000 los cultivos fueron devastados por las crecidas.
Los campesinos de esas provincias sólo han cosechado en 566.000 hectáreas, incluyendo 37.000 con arroz aún inmaduro. El resultado marca una gran disminución respecto de la cosecha de 1999, y amenaza el cumplimiento de la meta oficial de exportar 4,5 millones de toneladas este año.
Además, el rápido aumento del costo de la producción local hace que los comerciantes teman que las exportaciones de Vietnam pierdan competitividad con las de Tailandia. En sólo dos semanas, los precios de arroz para la exportación aumentaron entre cinco y ocho dólares por tonelada.
''En la actualidad, la tonelada de arroz vietnamita es sólo 10 o 12 dólares más barato que la del tailandés de la misma calidad'', señaló con preocupación un empleado de Vinafood, la mayor firma exportadora de arroz''.

(FIN/IPS/tra- eng/tdtl/js/ego/mp/en dv/00)

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por Danielle Knight

JABAROVSK, Rusia, 13 ago (IPS) La isla de Sajalin podría sufrir un inminente desastre ecológico debido a la explotación maderera y petrolera y la clausura de los dos organismos federales de protección ambiental en Rusia, advirtieron activistas.

Al norte de Japón, en el extremo oriente ruso, Sajalin fue un lugar de exilio en la época de los zares. Ahora es considerada la llave de la prosperidad económica para toda la región, debido a sus grandes reservas de petróleo y gas en la costa septentrional.
Para enfrentar la aguda crisis económica las autoridades de Sajalin facilitan la extracción en gran escala y la exportación de recursos naturales para generar ingresos en divisas fuertes a corto plazo.
Sus bosques, en el centro de la isla de 960 kilómetros de largo, son talados para exportar a un ritmo creciente, debido al aumento de las demanda de madera natural de Japón, Corea del Norte y Corea del Sur.
Como el presidente Vladimir Putin abolió en mayo la Comisión Estatal sobre Ecología y el Servicio Forestal, las normas de protección que controlan la explotación de madera y petróleo ya no se respetan, sostuvo Vladislav Vaklov, activista de Vigilancia Ambiental de Sajalin, el único grupo ecologista del lugar.
''Trabajábamos con la Comisión Estatal para denunciar compañías responsables de actividades madereras ilegales, pero ahora será muy difícil hacer cumplir las leyes'', apuntó Vaklov.
Los bosques del extremo oriente ruso, incluidos los de Sajalin, contienen la mayor parte de las zonas forestales vírgenes del país, que representan 25 por ciento de la superficie arbolada del mundo y 50 por ciento de los bosques de coníferas.
Casi todas las actividades forestales de Sajalin violan leyes regionales o federales, aseguró Vaklov. ''El talado excesivo, fuera de las áreas designadas o sobre laderas de montañas, es ilegal pero muy común'', apuntó.
La actividad maderera en la isla aumentó en los últimos años debido a la creciente demanda asiática. Cerca de 90 por ciento de la madera talada en Sajalin es exportada, con 70 por ciento a Japón y el resto a Corea del Norte y del Sur.
Los puertos de Sajalin embarcan 500.000 metros cúbicos de madera por año, según un informe difundido en la conferencia por el Centro Ambiental y de Recursos del Pacífico (PERC), con sede en Estados Unidos, la filial japonesa de Amigos de la Tierra y la Oficina para Campañas Regionales Orientales, de Vladivostok.
Numerosos puntos de exportación sin controles ni equipos, que fletan madera directamente a Japón mediante chatas y embarcaciones pequeñas, proliferan en sectores remotos de la costa de Sajalin, denunció el informe.
La industria maderera dedicada a la exportación brinda escasos beneficios a las comunidades locales, según una investigación realizada en 1999 por activistas de Sajalin y PERC. Ambos comprobaron que los leñadores rusos a menudo trabajan en condiciones rayanas a la esclavitud.
Durante un a visita a la parte meridional de la isla, la organización descubrió que una brigada de ocho leñadores ganaba apenas 75 centavos de dólar por cada metro cúbico cortado. Ese volumen es vendida en Japón a 100 dólares. ''Lamentablemente, los empresarios envían las ganancias fuera del país, lo cual forma parte de la constante fuga de capitales rusos, en lugar de reinvertirlas en las comunidades locales'', señaló el informe.
Las condiciones del tiempo en el Mar de Ojotsk, al este de Sajalin, son mucho más severas que en el Mar del Norte, y las aguas en torno a la isla están heladas seis meses al año.
Sajalin tambien es víctima de fenómenos sísmicos. En 1995, la isla sufrió uno de los peores terremotos en la historia rusa.
Temblores de intensidad 7,5 en la escala Richter arrasaron con las instalaciones petroleras de Neftegorsk, en el extremo norte de la isla, y mataron a 2.000 personas, dos tercios de los habitantes de la ciudad.
Muchos de los 710.000 habitantes de la isla continúan marchándose de esta zona inhóspita. Desde el colapso soviético en 1991, cerca de 75.000 personas abandonaron Sajalin.
Sin embargo, ni los terremotos ni los inviernos glaciales disuadieron a las compañías petroleras extranjeras de buscar y explotar reservas situadas bajo la plataforma costera, estimadas en 700 millones de toneladas de crudo y condensados, y 2,5 trillones de metros cúbicos de gas natural.
Mientras el gobierno y las compañías multinacionales procuran acelerar la explotación de petróleo y gas en Sajalin, muy poco se hizo para acrecentar la capacidad de la isla a fin de prevenir derrames de crudo, que hacen peligrar productivas zonas pesqueras en el Mar de Ojotsk.
Si bien el volumen exacto de los derrames petroleros se desconoce, Vigilancia Ambiental de Sajalin buscando financiar un proyecto de investigación que determinaría el impacto de la contaminación causada por la perforación petrolera en Sajalin II, que opera desde hace un año.
Sajalin II fue autorizado a arrojar al Mar de Ojotsk el barro petrolero originado por la perforación, sin ningún proceso previo. ''El barro de los cateos es altamente tóxico y contiene bromuro junto con otros metales pesados'', explicó Vaklov.
Los ambientalistas temen que las perforaciones causen daños ecológicos en el Mar de Ojostk, uno de los mares más biológicamente productivos del mundo. Allí se pescan cangrejos, langostinos y otros frutos de mar.
La costa aún permite ovular al salmón silvestre del Pacífico, que está en decadencia en otras partes del Pacífico Norte, según Xanthippe Augerot, directora de programas de conservación para el Centro de Salmón Silvestre, de Estados Unidos.
La isla ya comenzó a sufrir el impacto de la explotación petrolera, dijo Vaklov. En 1999, cerca de 50.000 toneladas de arenques muertos aparecieron en la costa nororiental. '
'No sabemos qué causó semejante mortandad, pero los pueblos indígenas que pescan aquí desde hace generaciones dijeron que nunca había ocurrido algo semejante'', sostuvo.

(FIN/IPS/tra-en/dk/da/ego/aq/en/00)

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por Gustavo González

SANTIAGO, 4 ago (IPS) La acción legal iniciada en junio por grupos ecologistas contra el proyecto forestal Cascada, localizado en el sur de Chile, representa la primera prueba de fuego para el protocolo ambiental del tratado de libre comercio suscrito en 1997 con Canadá.

La Comisión para la Cooperación Ambiental Chile-Canadá acogió este jueves a trámite la demanda iniciada por la Fiscalía del Medio-Ambiente (FIMA), una organización no gubernamental de abogados que busca impedir la materialización de este proyecto por su negativo impacto ecológico.
Si el organismo binacional, con sede en Canadá, determina finalmente que no se aplicó cabalmente la normativa ambiental para la aprobación de este proyecto, el gobierno chileno se expone a que se le abra un expediente por incumplir el tratado.
La decisión en ese sentido pasará a manos del Comité Conjunto Revisor de Peticiones, otro de los órganos del tratado chileno- canadiense, al cual le corresponderá analizar el fondo de la demanda y eventualmente dar curso al expediente.
Esto sentaría un precedente para futuros acuerdos comerciales que Chile negocie con países o bloques industrializados, lo cual es visto como positivo por las organizaciones ambientalistas.
Los sectores empresariales, en cambio, sostienen que esa posibilidad significaría una señal negativa para los inversionistas extranjeros con respecto a los riesgos que pueden enfrentar en Chile.
Chile está negociando un tratado de comercio e integración con la Unión Europea y no ha renunciado a un acuerdo comercial con Estados Unidos, ya sea en forma bilateral o adhiriéndose al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El proyecto Cascada, unos 1.100 kilómetros al sur de Santiago en la bahía de Ilque, al sudeste de Puerto Montt, está a cargo de una sociedad formada por Boise Cascade Corporation de Estados Unidos y Maderas Cóndor de Chile.
Cascada implica una inversión de 180 millones de dólares para construir en Ilque, localidad costera de 700 habitantes, una planta que procesará maderas de bosques nativos para la producción de paneles aglomerados y astillas (chips).
La planta se abastecerá de árboles comprados a terceros y tendrá una capacidad de procesamiento de un millón de metros cúbicos de madera, lo cual representa una amenaza para los bosques nativos de la zona, según los ecologistas.
En el estudio de impacto ambiental del proyecto, aprobado bajo el gobierno de Eduardo Frei, que finalizó en marzo de este año, se obviaron los datos sobre su incidencia en la riqueza forestal de la zona.
En el estudio se mencionó la superficie de 177 hectáreas que ocupará la planta en Ilque, pero se ignoró la extensión de 69.039 kilómetros cuadrados de bosques nativos que serán devastados por el proyecto, según sus detractores.
Fue esta omisión la que fundamentó la demanda presentada por la FIMA ante la Comisión para la Cooperación Ambiental Chile-Canadá con el respaldo de grupos ecologistas chilenos y de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente.
La comisión binacional fue creada de acuerdo al protocolo ambiental, adicional al tratado comercial que Frei firmó con Canadá en 1997 y que negoció luego de que en 1996 se frustraran las expectativas de un rápido ingreso de Chile al TLCAN.
El tratado con Canadá, que incluye igualmente un protocolo laboral, fue el primero negociado por Chile con un país industrializado, luego de numerosos acuerdos con países latinoamericanos que no consideran los factores ambientales.
El proyecto Cascada fue asumido internacionalmente por organizaciones ecologistas como símbolo de la defensa de los bosques templados húmedos, con motivo de las manifestaciones contra la llamada Ronda del Milenio.
Estas movilizaciones tuvieron lugar en la ciudad estadounidense de Seattle, con motivo de la última reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio, realizada entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre de 1999.
Los grupos ecologistas chilenos acusan a la sociedad chileno- estadounidense de haber ejercido presiones tanto en la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), como en la instancia regional de Puerto Montt para conseguir la aprobación del proyecto.
La bióloga Adriana Hoffmann, designada secretaria ejecutiva de Conama por el actual presidente Ricardo Lagos, fue hasta marzo último líder de la organización Defensores del Bosque Chileno y como tal combatió duramente el proyecto Cascada.
Hoffmann se inhabilitó para intervenir en representación del gobierno chileno en el actual proceso abierto por la demanda de la FIMA en las instancias bilaterales del tratado Chile-Canadá.

(FIN/IPS/ggr/en if/00)

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