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Juan Mayr, ministro de Medio Ambiente
de Colombia y arquitecto de dicho acuerdo, dialogó en exclusiva
con TIERRAMÉRICA. Extractos:
-TIERRAMERICA: Se sospecha que los transgénicos u organismos
vivos modificados (OVMs) pueden representar riesgos para la humanidad,
pero ¿existe evidencia científica concreta sobre casos en que dichos
organismos hayan producido efectos negativos sobre la salud humana
o el medio ambiente?
-MAYR: Hasta el momento no hay evidencia científica suficiente
sobre los riesgos que pueden representar los OVM para la salud humana
o para el medio ambiente. Hace poco se conocieron los resultados
de un par de investigaciones que muestran, por un lado, la disminución
de la población de mariposas monarca en los Estados Unidos supuestamente
como consecuencia del cultivo de maíz genéticamente modificado y,
por otro, los posibles efectos perjudiciales que tendrían las papas
transgénicas que contienen el promotor CaMV 35S sobre ratas jóvenes.
Sin embargo, las condiciones y los intereses que influyeron en estas
experimentaciones las hacen poco concluyentes. Lo primordial es
que este denso halo de incertidumbre, más allá de inducir juicios
precipitados de responsabilidades, hace un llamado para un mayor
desarrollo de la investigación.
-Para algunos sectores, es apocalíptico decir que la liberación
de OVMs causaría una catastrófica pérdida de biodiversidad. ¿Qué
opina?
-El adjetivo catastrófico es de por sí una premisa exagerada.
No existen elementos para afirmar que la liberación de OVMs se traduciría
en una pérdida de biodiversidad. Los OVMs son parte de esa biodiversidad,
sólo que no son el resultado de los métodos aplicados tradicionalmente
para el mejoramiento de las especies. Los OVMs no crearon una situación
de riesgo previamente inexistente para la diversidad biológica:
ésta ha estado y continúa estando amenazada por otros factores como
la deforestación, los incendios, la invasión de especies exóticas,
entre otros, a los cuales se podrían sumar los productos de la biotecnología
moderna. Es más, hay quienes creen que los OVMs representan una
oportunidad no sólo para disminuir el impacto ambiental del uso
de pesticidas sino también para la preservación de la biodiversidad
en la medida en que eliminarían la necesidad de expandir las tierras
de cultivo y así evitarían la rampante deforestación de los últimos
años.
-Muchos científicos consideran que la falta de certeza en este
campo -como en el de cambio climático- no debería impedir la acción
decidida. ¿Es ese carácter preventivo lo que ha inspirado los esfuerzos
hacia el Protocolo de Bioseguridad?
-Sí,
el Principio de Precaución es el eje rector del Protocolo y por
ello es la herramienta que impide que sus objetivos se queden en
el papel. Este Principio evita que la falta de certeza científica
sobre los OVMs se convierta en un obstáculo para que cada país tome
las decisiones adecuadas sobre su importación Esto es esencial pues
en el área ambiental las medidas preventivas siempre superarán los
resultados de las correctivas.
-El pasado 24 de mayo se firmó en Cartagena dicho Protocolo después
de casi cinco años de negociaciones. ¿Cómo resume su relevancia
para el mundo?
-El Protocolo tiene gran relevancia a nivel mundial en varios
aspectos. Primero porque es producto de un proceso de negociación
que, pese a estar en el centro de una gran controversia sobre las
repercusiones éticas, socioeconómicas, ambientales y en salud pública
de la biotecnología, permitió alcanzar excelentes resultados a través
de procedimientos transparentes y espacios de debate innovadores
y participativos. Además, en el proceso, por primera vez el comercio
internacional y la agenda ambiental se enfrentaron en igualdad de
condiciones. Y es importante porque la protección del medio ambiente
ha estado subordinada a los asuntos económicos tanto en la negociación
como en la implementación de otros acuerdos globales. Y el Protocolo
significa también un hito en el desarrollo de la biotecnología moderna
pues no sólo provee un marco legal que promueve su regulación, sino
que también, a través del Principio de Precaución, genera los instrumentos
para que las Partes firmantes protejan sus intereses nacionales
en materia de preservación de biodiversidad y de la salud humana.
-¿A través de qué mecanismos concretos el Protocolo impedirá
o minimizará los potenciales riesgos de los OVMs?
-Junto al Principio de Precaución, el Protocolo cuenta con el mecanismo
de Acuerdo Fundamentado Previo (AIA, por sus siglas en inglés).
Este procedimiento implica que, con anterioridad a la importación
de un OVM con fines de utilización y/o comercialización, la parte
exportadora deberá proporcionar toda la información necesaria para
que se evalúen sus riesgos potenciales y así se tomen las decisiones
pertinentes. Sin el consentimiento expreso y por escrito del país
importador, el movimiento transfronterizo no deberá hacerse efectivo.
- El tema del etiquetado fue muy controvertido. Muchos sectores
se oponían a etiquetados muy específicos por el costo o por el temor
que pudiesen inspirar en el consumidor. ¿Qué tipo de regulaciones
incluye el Protocolo al respecto?
-En el Protocolo quedó consignado que aquellos productos resultantes
de técnicas recombinantes de material genético deberían ser etiquetados
con el rótulo "pueden llegar a contener" OVMs. Fue un paso muy importante
con relación a la evaluación de riesgo y a las reservas expresadas
por consumidores y algunas ONGs frente a los usos de la biotecnología.
No obstante, de acuerdo al artículo 18, en un plazo no superior
a dos años tras la entrada en vigor del Protocolo, las Partes adoptarán
una decisión sobre la inclusión de la especificación de la identidad
y cualquier identificación exclusiva que sea necesaria para los
OVMs destinados a la inducción intencional en el medio ambiente.
-El Protocolo debe entrar ahora a la fase de su implementación.
¿Qué sigue? ¿Qué obstáculos avizora?
-Sigue la construcción de capacidad institucional y humana en lo
referente a la bioseguridad y a la biotecnología. Esto implica la
elaboración de un marco regulatorio, un marco administrativo, y
de mecanismos de evaluación de riesgos, de toma de decisiones, de
manejo de información y de participación para las partes interesadas
y para la sociedad civil en aquellos países que aún no los tienen.
Este proceso llevará tiempo, pero en el corto plazo está el obstáculo
del financiamiento. Pese a que el Protocolo contiene provisiones
para la cooperación internacional en la construcción de esta capacidad
y la transferencia de tecnología, los países en desarrollo deberán
encontrar alternativas adicionales para la obtención de recursos.
Por el momento, una alternativa es manejar estos asuntos a nivel
subregional.
-¿Cómo ve el avance en las legislaciones nacionales? Porque la
gran pregunta es: ¿quién paga el daño ambiental de un OVM?
-En Colombia, al igual que en otros países en desarrollo, existen
grupos de trabajo para fortalecer la legislación existente y desarrollar
la normatividad necesaria. Sin embargo, el problema de la responsabilidad
y la indemnización por posibles daños al medio ambiente está aún
por resolverse. Si bien el Protocolo incluyó en su artículo 27 una
cláusula facilitadora que obliga a las Partes a iniciar un proceso
encaminado al desarrollo de un régimen de responsabilidad e indemnización
en un término de cuatro años posteriores a la Conferencia de las
Partes, es poco lo que se ha avanzado en el Derecho Internacional
Ambiental debido en parte a la resistencia de algunos países desarrollados.
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