Ecologistas critican fallos en el marco del TLCAN

Ecologistas critican fallos en el marco del TLCAN

por Danielle Knight

WASHINGTON, 11 sep (IPS) Grupos de ecologistas, indignados por el fallo de un tribunal internacional a favor de una corporación multinacional, piden cambiar las normas de protección de inversiones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El mes pasado, los tres jueces de un tribunal del TLCAN, en el marco del Centro Internacional para Disputas de Inversión, en Washington, ordenaron al gobierno de México indemnizar con 16,7 millones de dólares a una compañía estadounidense a la cual prohibió abrir una planta procesadora de residuos considerada peligrosa para el ambiente.

Los activistas criticaron con dureza ese fallo y están atentos al proceso de otra demanda de la cual se ocupa el mismo tribunal, planteada por una firma canadiense que reclama casi 1.000 millones de dólares a Estados Unidos, porque normas para proteger el agua le impiden realizar ventas.

En los dos casos, las corporaciones multinacionales arguyeron que normas ambientales o sanitarias violan las cláusulas del Capítulo 11 del TLCAN, acerca de las inversiones, en el cual se establecen garantías para evitar la expropiación de instalaciones de compañías.

La firma Metalclad, con sede en el estado sudoccidental estadounidense de California, denunció que una ley mexicana le impedía abrir un centro de almacenamiento y procesamiento de residuos peligrosos en la localidad de San Juan de Potosí, y pidió 90 millones de dólares de indemnización.

El tribunal ordenó al gobierno de México pagar a Metalclad casi 17 millones de dólares.

Según Steven Porter, del Centro de Legislación Ambiental Internacional, el caso ilustra que las corporaciones multinacionales están a la ofensiva contra normas ambientales y sanitarias.

Gray Davis, gobernador de California, ordenó a su vez la remoción total del aditivo químico para gasolina MTBE para 2002, luego de que estudios científicos indicaran que puede causar cáncer o enfermedades neurológicas y dermatológicas, entre otras.

La firma canadiense Methanex, con sede en Vancouver, es una importante productora de metanol, un componente clave del MTBE, y presentó una demanda contra esa prohibición.

Durante la década pasada el empleo del aditivo aumentó porque la sustancia reduce las emisiones de gases tóxicos de los automóviles, y es empleada con el fin de cumplir con la Ley de Aire Puro estadounidense.

Derrames de MTBE desde autos, embarcaciones y depósitos subterráneos contaminan las reservas de agua de California, según otros estudios científicos.

''El MTBE en la gasolina ha hecho una importante contribución para mejorar la calidad del aire en Estados Unidos y en el resto del mundo'', se afirmó en un comunicado de Methanex, la cual sostuvo en su demanda que perderá 970 millones de dólares de ganancias si California prohibe la sustancia.

Los ambientalistas aseguran que otras sustancias con los mismos efectos positivos no contaminan el agua.

''El reclamo de Methanex equivale a una extorsión para que California no insista en mantener su agua potable libre de contaminantes'', dijo Martin Wagner, abogado de la organización no gubernamental (ONG) Justicia para la Tierra.

''Algo está muy equivocado en la forma en que se aplica el capítulo del TLCAN sobre inversiones'', dijo David Schorr, director del programa de comercio sustentable de la ONG Fondo de Protección de la Naturaleza.

Activistas enviaron una carta al gobierno estadounidense para pedir que se suspenda el proceso de la demanda de Methanex y que se anule el secreto de ese proceso.

Los tribunales del TLCAN fueron creados con el modelo del arbitraje comercial privado y funcionan a puertas cerradas.

Los ambientalistas arguyen que las normas del TLCAN otorgan a las multinacionales ventaja sobre las comunidades locales y los ciudadanos comunes.

''Importantes cuestiones de política pública y legislación constitucional han sido decididas en secreto'', dijo David Waskov, director comercial de la ONG Amigos de la Tierra.

Dos ONG ambientalistas dirigieron al tribunal del TLCAN pedidos formales de que consideren alegatos que presentarán acerca del caso.

El director de relaciones con los inversores de Methanex, Brad Boyd, dijo a IPS que esa firma ''no establece las reglas'' de los tribunales del TLCAN, cuando se le pidió que comentara las crecientes críticas a la falta de transparencia de los procesos.

(IPS/tra-eng/dk/da/ego/mp/en if/00)

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por Danielle Knight

WASHINGTON, sep (IPS) Proyectos forestales y mineros en Rusia que dañan el ambiente y violan leyes nacionales cuentan con financiamiento del Banco Mundial, denunciaron activistas.

Los ambientalistas lanzaron una campaña al respecto esta semana porque el Banco Mundial planifica negociar acuerdos mineros y forestales en Rusia en una reunión prevista para este martes.

Las protestas comenzaron cuando el presidente Vladimir Putin disolvió por decreto en mayo dos organismos federales dedicados a la protección del ambiente, el Comité de Ecología y el Servicio Forestal.

La tarea de estos organismos fueron asumidas por el Ministerio de Recursos Naturales, cartera dedicada a la extracción de materias primas y no a la protección del ambiente.

Sin estos organismos de contralor no habrá garantías para el cumplimiento de las leyes ambientales en la aplicación de los proyectos financiados por el Banco Mundial, advirtieron los activistas.

Pero cinco días después del decreto presidencial, el Banco Mundial aprobó un préstamo de 60 millones de dólares al disuelto Servicio Forestal, que había sido disuelto.

"Si el Banco Mundial carece de sensatez y envía dinero a organismos que ya no existen, la totalidad de sus proyectos deben ponerse en cuestión", dijo el director político del Centro de Ambiente y Recursos del Pacífico, con sede en California, Doug Norlen.

El Banco debió suspender el desmbolso debido a las protestas de los grupos ambientalistas rusos e internacionales.

Ecojuris, organización rusa dedicada a analizar las leyes que afectan al ambiente, anunció una demanda por considerar que el decreto de Putin fue inconstitucional.

"El Banco Mundial viola las leyes al aprobar este tipo de proyectos y al respaldar con sus préstamos la anulación de un organismo protector del ambiente", agregó Norlen.

Pero el presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, defendió su posición el viernes ante periodistas.

"Lo que le dijimos a Rusia fue que estábamos preparados para darles un préstamo, pero que sólo lo haríamos cuando se hubieran reestablecido los sistemas para controlar y supervisar las condiciones ambientales", aseguró.

Entre las condiciones para el otorgamiento del préstamo a la forestación figuraba la realización de un debate público a través de Internet en que los ciudadanos rusos pudieran opinar sobre los proyectos.

Las autoridades del banco se preparan para las protestas contra sus políticas de financiamiento el mes que viene, cuando realice su reunión anual en Praga.

"La aprobación de proyectos que dañan el ambiente y violan las reglas de la ley contribuyen a la mala fama del Banco Mundial, conocido por tomar medidas disparatadas", opinó Norlen.

El malestar de la ciudadanía rusa por el decreto de Putin crece, agregó. Ochenta y siete por ciento de los rusos condenaron la decisión del presidente, según una encuesta.

Aprovechando esta tendencia, varios grupos están organizando un referéndum para que la ciudadanía decida si los dos organismos de protección ambiental deben ser disueltos o no.

Por otra parte, los ambientalistas ya han notado un impacto negativo en la protección ambiental como resultado del decreto de Putin.

En la región de Kamchatka, por ejemplo, el ex representante del Comité Ambiental dejó de apoyar un programa de la Organización de las Naciones Unidas de protección al salmón en dos zonas marítimas amenazadas por el Ministerio de Recursos Naturales, interesado en explotarlas por su riqueza en oro y gas.

Activistas de Baikal Wave, grupo defensor del Lago Baikal, el más antiguo y profundo del mundo, afirmaron que desde que los organismos desaparecieron no saben cómo continuar solos el control del lago.

El grupo había recibido, antes del decreto de Putin, una certificación del Comité de Ecología que le reconocía el derecho a controlar la contaminación, la caza y la pesca cerca del lago. "Ahora estos certificados pasarán a ser sólo un pedazo de papel", dijo Vyacheslav Kudryyavtesv, de Baikal Wave.

El decreto de Putin no procura sólo reorganizar la burocracia rusa, según Dmitry Lisitsynm del Sakhalin Enviroment Watch, un grupo defensor de las Islas Sajalín, en la costa oriental.

"El organismo de protección ambiental era uno de los principales logros del movimiento democrático en Rusia después del colapso de la Unión Soviética", opinó Lisitsyn.

El decreto de Putin constituye un "intento del gobierno de convertir a Rusia en una colonia de recursos naturales", sostuvo.

(IPS/EN/EF/dk/da/rp/en dv/00)

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por Gustavo Capdevila

GINEBRA, sep (IPS) Una conferencia internacional discutirá esta semana en Lyon, Francia, mecanismos para lograr los objetivos de reducción de los gases invernadero a los que se atribuye el recalentamiento planetario.

La comunidad internacional ha identificado las causas del cambio climático que eleva la temperatura de la Tierra y también ha convenido los pasos necesarios para la reducción de esos gases, pero aún debe establecer los compromisos prácticos de los países industrializados para conseguir ese objetivo.

La cuestión fundamental de la reunión de Lyon y de una conferencia posterior en La Haya, en noviembre, consiste en obtener un compromiso de los países industrializados, explicó Michael Zammit Cutajar, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Sin esa garantía de las naciones industrializadas, en especial de Estados Unidos, no entrará en vigencia el Protocolo de la convención adoptado en Kyoto en 1997, que establece las reglas de juego para el cambio climático, precisó Zammit.

Para entrar en vigor, el Protocolo de Kyoto requiere la ratificación de al menos 55 países firmantes de la Convención, entre ellos los países industrializados y las economías responsables de 55 por ciento de las emisiones de gases registradas en 1990.

En el período 2008-2012, ese bloque de países debe reducir las emisiones en un promedio de cinco por ciento con relación a los niveles de 1990. Ante ese compromiso, las naciones industrializadas se enfrentan con cuestiones de costo económico y de resistencia política al cambio.

A largo plazo, esas decisiones significan cambios en los patrones de producción y de consumo y también de estilo de vida, factores que en los últimos 200 años han causado el problema, dijo Zammit durante una rueda de prensa este martes en Ginebra.

Los gases invernadero, el principal de los cuales es el dióxido de carbono, se liberan en la atmósfera con la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas, en especial desde vehículos automóviles y factorías industriales.

Los países ricos pueden superar el problema de la reducción de gases mediante la compra de créditos de emisiones, un mecanismo contemplado en el Protocolo de Kyoto.

En cambio, las naciones pobres, en particular los países menos adelantados, necesitan ayuda de la comunidad internacional para fortalecer su capacidad de resistir al cambio climático.

Todos los países en desarrollo han asumido las obligaciones establecidas en la Convención, que no establecen un tope a sus emisiones.

Ese instrumento multilateral les compromete a reconocen la gravedad del cambio climático y a adoptar programas nacionales y cooperar en el intercambio de información sobre el problema.

El Grupo de los 77 y China, que nuclea a los países en desarrollo, reiteró el fin de semana pasada su firme oposición a nuevos compromisos.

En el futuro, obviamente, tendrán que asumirlos, pero en la actualidad los países en desarrollo no aceptan discutir sobre compromisos en las actuales negociaciones, dijo Zammit.

En otra posición, los países exportadores de petróleo expresan su preocupación porque las medidas que se adopten para reducir el uso de energía en su principal mercado, el mundo industrializado, tendrán consecuencias sobre sus exportaciones.

Las naciones petroleras temen un hundimiento del mercado debido a las medidas para combatir el cambio climático y reclaman el reconocimiento de ese problema y de alguna clase de respuesta por parte de los países industrializados.

Ese es uno de los puntos más críticos de las negociaciones y, en el terreno práctico, una de las cuestiones más candentes, describió Zammit.

La reunión de Lyon, que será inaugurada el lunes próximo por el primer ministro francés, Lionel Jospin, contará con la presencia del ministro de Medio Ambiente de Holanda, Jan Pronk, quién presidirá la conferencia de La Haya.

Zammit interpretó que la invitación del gobierno de Jospin a negociar en Lyon evidencia la preocupación de Francia y de otros estados europeos por las consecuencias de las tormentas que en diciembre asolaron en esas regiones y derribaron enormes extensiones de bosques, en un fenómeno relacionado con el cambio climático.

El aumento de la frecuencia de esos fenómenos meteorológicos será uno de los efectos de la desestabilización del clima, vaticinó el funcionario.

Otras consecuencias de la desestabilización se registran en la expansión de enfermedades provocadas por insectos debido al incremento de la temperatura, en la subida del nivel de las aguas oceánicas que afecta a millones de personas, no solo en las pequeñas islas sino también en los deltas, previno.

(IPS/pc/mj/en/00)

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por Mark Lobel

NACIONES UNIDAS, sep (IPS) Grupos de 40 gobernantes se reunieron en ''sesiones informales interactivas'' para tratar cuestiones clave, por primera vez en la historia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante la Cumbre del Milenio realizada en la sede del foro mundial en Nueva York.

La agenda de esos encuentros, que se realizaron a puertas cerradas, abarcó desde la globalización económica y el terrorismo hasta las perspectivas de establecer un gobierno mundial y la reforma de la propia ONU.

El resultado de los intercambios de ideas será recogido en un plan de acción, pero la credibilidad de ese documento se verá afectada porque hubo notorias ausencias en las reuniones, entre ellas las de Estados Unidos.

El secretario general de la ONU, Kofi Annan, asistió a todas las sesiones informales de jefes de Estado y de gobierno realizadas durante los tres días de la cumbre, que comenzó el miércoles y terminó el viernes.

La primera de las reuniones, presidida por el primer ministro de Singapur, Goh Chok Tong, se dedicó al impacto y los desafíos de la globalización.

''Los participantes plantearon que es preciso fortalecer el sistema de la ONU y revisar los cometidos y el funcionamiento de instituciones creadas hace décadas como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial'', indicó Goh.

''El representante de un país en desarrollo sugirió la idea radical de establecer alguna forma de impuesto internacional y destinar lo recaudado a asistir a las naciones más pobres'', añadió.

El primer ministro no quiso identificar al país responsable de esa propuesta, y explicó que la confidencialidad permitía que los participantes en las sesiones se expresaran con franqueza.

La segunda sesión contó con la asistencia de 34 gobernantes, entre los cuales estuvieron el primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, el presidente de Cuba, Fidel Castro, y el presidente de Francia, Jacques Chirac.

También participaron representantes de Alemania, Angola, Argentina, Brasil, China, Colombia, Corea, Costa Rica, Etiopía, Filipinas, Gambia, India, Jamaica, Namibia, Nepal, Pakistán, Suecia y Turquía.

En esa sesión, presidida por el presidente de Polonia, Aleksander Kwasniewski, se estableció una lista de cuestiones que los integrantes del grupo piensan que deben recibir alta prioridad en los próximos años.

Blair y Chirac coincidieron, durante un dinámico intercambio de ideas, en que deben ajustarse los mecanismos de acción de la ONU en Africa, para asegurar que la asistencia brindada alcance a todos los interesados, dijo a periodistas el embajador británico ante la ONU, Jeremy Greenstock, asistente a la sesión.

El primer ministro de Etiopía, Meles Zenawi, retomó la cuestión y preguntó cuándo se transformaría la retórica en una implementación de ese propósito.
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Annan intervino de inmediato para opinar que existe un compromiso en la materia de los países industrializados, y que ahora los gobernantes africanos deben hacer su parte, mediante buen gobierno y políticas consistentes.

El presidente de Gambia, Yahya Jammeh, añadió que estaba de acuerdo con Annan, pero acotó que los países africanos afrontan dificultades causadas ante todo por carencias en el terreno de la educación.

Jammeh añadió que es preciso aliviar la deuda de esas naciones, aumentar la inversión extranjera que reciben y permitirles participar más en el comercio mundial.

''Pareció claro que los países africanos aceptaban que las naciones industrializadas hablaron con sinceridad, y reconocían que deben cooperar con ellas para superar sus problemas'', comentó Greenstock.

Kwasniewski dijo que el debate había sido uno de los más interesantes a los que ha asistido en su larga carrera política.

''Los países miembros de la ONU acercamos nuestras posiciones cuando hablamos acerca de problemas concretos como los de la pobreza, la enfermedad, la violencia y la falta de democracia y de protección de los derechos humanos en el mundo, que fueron planteados en la reunión, entre otros'', apuntó.

''Se ha hablado de esos asuntos aquí durante 50 años, pero ahora podemos ver qué lejos estamos de nuestras metas, y esa es la diferencia'', sostuvo.

''Tras el colapso del comunismo y de muchas diferencias ideológicas, tenemos otra oportunidad de reorganizar en forma positiva nuestro ambiente político, social y económico, y estamos más cerca que hace 20 años de hallar buenas soluciones'', aseguró.

El presidente polaco había sido en otras ocasiones muy crítico de la efectividad de la ONU para manejar los problemas mundiales, pero afirmó que durante la sesión informal había ''reconstruido su confianza'' en el foro mundial y su convicción de que es necesario que exista.

''El principal significado de la reunión estuvo en la responsabilidad internacional de los participantes y en el sentimiento de que debemos trabajar juntos e integrar nuestros esfuerzos para resolver los problemas'', subrayó.

Kwasniewski apuntó que la conversación podría haber sido aun más productiva en un marco menos formal que el de los ''distinguidos'' salones de la sede de la ONU.

En la tercera sesión, presidida por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se planteó la necesidad de una estructura más democrática de la ONU, que incluya participación de más países en su Consejo de Seguridad.

Participaron en ese encuentro el presidente de Perú, Alberto Fujimori, el presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, y el viceprimer ministro de Iraq, Tariq Aziz. También asistieron representantes de India, Israel, Moldavia, Mozambique, Níger, Noruega y Sudán.

Castro demostró su confianza en la iniciativa de mantener sesiones informales al participar también en esta reunión.

El presidente cubano había criticado el estado actual de los asuntos mundiales en su discurso ante el plenario de la cumbre, el miércoles, al afirmar que tres docenas de países ricos dominan la economía, el desarrollo tecnológico y las cuestiones políticas.

''No podemos seguir navegando en el siglo XXI con mapas de 1945. Debemos fortalecer a la ONU para que pueda hacer frente a conflictos locales y al narcotráfico. También es preciso democratizarla y extender el concepto de responsabilidad compartida'', dijo Chávez a periodistas.

La cuarta y última de las sesiones, realizada en la mañana del viernes, abordó la cuestión de la deuda externa de los países en desarrollo, pero no se dedicó a discutir su refinanciación o cancelación, sino a discutir sus causas de fondo y la responsabilidad de los acreedores ante los deudores.

''En la actualidad, el problema es quiénes debe qué a quiénes'' dijo a periodistas el presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, quien presidió la sesión.

Los participantes, entre quienes estaban representantes de Haití, Marruecos, Nueva Zelanda, Sri Lanka y la Comisión Europea, coincidieron en la necesidad de redefinir el significado de la globalización, para evaluar qué puede ofrecer ese proceso a los países en desarrollo.

En varias intervenciones se abogó por la reducción de las actuales potestades del FMI y por asignar a esa institución un papel similar al de cualquier banco.

Se discutió la relación entre democracia y terrorismo, para concluir que una sociedad no puede llamarse democrática si apoya las actividades terroristas, acerca de las cuales Bouteflika dijo que ''deben ser tratadas como el flagelo internacional que son''.

Los participantes coincidieron con otro planteo del presidente argelino acerca de la necesidad de encarar ''el problema de la educación'' en escala internacional, y no sólo mediante el sistema de la ONU''.

(IPS/tra-eng/ml/da/mp/ip dv/00)

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por Gumisai Mutume

WASHINGTON, sep (IPS) Los directores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI) se manifestaron satisfechos con la evolución de su estrategia para reducir la deuda externa y la pobreza de los países en desarrollo.

En el primer informe anual sobre la evolución de sus programas conjuntos para reducir la pobreza, ambas instituciones sostienen que el Instrumento de Reducción de la Pobreza y Crecimiento (PRGF, por sus siglas en inglés) tiene el apoyo generalizado de países e instituciones financieras.

Las instituciones aprobaron compromisos de ayuda por valor de 17.000 millones de dólares para reducir la deuda externa de 12 países, señaló el informe.

Benín, Bolivia, Burkina Faso, Camerún, Honduras, Mauritania, Mozambique, Senegal, Tanzania y Uganda ya reciben asistencia financiera, agregó.

El informe precisó que, para fines de año, 20 países se habrán beneficiado con 30.000 millones de dólares en ayuda.

''Hacemos todo lo posible para que la iniciativa se implemente rápidamente y que el PRGF tenga éxito'', declararon el presidente del Banco Mundial James Wolfensohn y el Director Gerente del FMI Horst Kohler.

Para obtener préstamos de las dos instituciones, creadas en la localidad estadounidense de Bretton Woods poco después de la segunda guerra mundial, los países deben someter a su aprobación Documentos de Estrategia de Reducción de la Pobreza (PRSP).

Adoptado el año pasado, el PRGF procura una ''mayor propiedad nacional'' de la política económica. Las dos instituciones también pretenden que los gobiernos y la sociedad civil participen plenamente para definir sus objetivos de desarrollo a través de la iniciativa.

Pero organizaciones no gubernamentales acusaron que muchos países en desarrollo no tienen otra opción que aceptar el PRGF dictado por el FMI y el Banco Mundial porque no pueden darse el lujo de rechazar a sus acreedores.

En Africa sólo cuatro países tienen la capacidad económica y la calificación crediticia para obtener préstamos de la banca comercial. El resto depende del FMI y el Banco Mundial.

Los detractores de los organismos multilaterales sostienen que el PRGF es otra forma de obligar a los prestatarios a cumplir los dictados del FMI y el Banco Mundial. Ambos pueden vetar los PRSP y cerrar así las puertas a la ayuda y el crédito de la comunidad financiera.

Unos 80 países de bajos ingresos cumplen los requisitos para recibir la ayuda PGRF, con un producto interno bruto máximo por habitante de 895 dólares anuales. Los préstamos del programa tienen una tasa de interés de 0,5 por ciento anual.

Jubileo 2000, la campaña internacional para cancelar la deuda externa de los países pobres, había presionado a Horst para que garantizara personalmente que al menos 20 países comenzaran a recibir ayuda para reducir la deuda externa para fines de año.

El Grupo de los Siete países más industrializados prometió el año pasado cancelar 100.000 millones de la deuda externa debida por 41 países pobres.

Desde entonces, el número se redujo a 30 países. El año pasado se esperaba que 24 países comenzaran a recibir la ayuda a fines de este año. Ahora el Banco informa que sólo 20 podrían hacerlo para entonces.

Sin embargo, Jubileo 2000 sostiene que el Banco Mundial sólo tiene planes concretos para 15 países.

''Las gestiones internacionales para reducir la deuda externa se empantanaron irremediablemente con la burocracia'', destacó Adrian Lovett, subdirector de Jubileo 2000.

''Las sesiones anuales del FMI y el Banco Mundial a celebrarse este mes en Praga son la última oportunidad para que los líderes del mundo pongan fin a la crisis en este año. Es hora de actuar'', exhortó.

De los 41 países originales, Ghana y Laos se excluyeron de la iniciativa y cuatro tienen deudas exteriores consideradas sustentables y por lo tanto sin necesidad de ayuda excepcional. Los cuatro son Angola, Kenia, Vietnam y Yemen.

(IPS/tra-en/gm/da/aq/dv/00)

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por Néfer Muñoz

SAN JOSE, sep (IPS) Las corrientes migratorias que involucran a unos 11 millones de personas en el continente americano deben ser vistas como una oportunidad de desarrollo, según expertos que se reunieron esta semana en un simposio en esta capital.

Es necesaria una estrategia regional que potencie los efectos positivos del fenómeno, dijeron a IPS asistentes al Simposio sobre Migración Internacional en las Américas, que reunió del lunes al miércoles en Costa Rica a delegados de organizaciones internacionales y de 33 países americanos y caribeños.

Según los especialistas, los países de la región deben cambiar su visión de los migrantes, tanto legales como indocumentados, pues ellos son una fuerza económica que genera en todo el hemisferio unos 12.500 millones de dólares anuales transferidos a sus familias mediante remesas.

''No podemos seguir viendo a las migraciones como un problema, tenemos que ver ahora sus beneficios y estudiar estrategias para lograr que sus aportes se reflejen en desarrollo para la región'', explicó a IPS Daniel Blanchard, organizador del encuentro y director del Centro Latinoamericano de Demografía.

Integrantes de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) compilaron las recomendaciones del simposio acerca del diseño de propuestas vinculadas con las corrientes migratorias.

Se espera que esas propuestas sean uno de los ejes centrales de discusión de la Tercera Cumbre de las Américas, que se realizará el próximo año en Quebec, Canadá, del 20 al 22 de abril.

Blanchard destacó que los organismos internacionales, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil del hemisferio han llegado a un consenso acerca de la necesidad de afrontar las migraciones mediante políticas regionales.

El diseño de esas políticas requiere recursos para investigar y elaborar estadísticas más precisas, que permitan saber con certeza a cuántas personas involucra el fenómeno migratorio, cuáles son sus perfiles, qué necesidades tienen y entre qué países se producen los mayores flujos, explicó.

En los próximos meses se impulsarán proyectos para censar a los inmigrantes en América del Norte y América Central, gracias a una donación de un millón de dólares del gobierno de Estados Unidos, el Banco Interamericano de Desarrollo y los Estados de América Central.

''Estamos comprendiendo que en el continente existen muy distintos tipos de corrientes migratorias, las cuales requieren diferentes políticas, porque aplicar las mismas medidas en todos los casos no es racional'', dijo a IPS Reynaldo Bajraj, secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL.

Es preciso contar con más información acerca de los migrantes para poder valorar la dimensión positiva de su aporte en materia de fuerza de trabajo, infraestructura, organización social y educación.

En el documento final del simposio se señaló que vuelve a registrarse una preocupante tendencia regional a la fuga de cerebros desde países en desarrollo hacia naciones industrializadas.

En Estados Unidos hay unos nueve millones de inmigrantes de otros países americanos y caribeños, y las corrientes de migración en la región trasladaron a los demás países a unos dos millones de personas, según cálculos que los especialistas consideran conservadores.

Esos 11 millones de personas necesitan que se realicen campañas contra el tráfico y la explotación laboral de inmigrantes y contra la xenofobia, se afirmó en el simposio.

''Creemos que el fenómeno de las migraciones va a ser visto en una forma distinta, pues hemos descubierto que podemos y debemos encararlo mediante la cooperación entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil'', indicó a IPS Roberto Kozak, representante regional de la OIM.

''Es conveniente que los gobiernos diseñen políticas que permitan aprovechar el aporte de los migrantes calificados del hemisferio'', se destacó en el documento final.

Según los especialistas, es preciso concientizar a cada país para que reconozca la igualdad de derechos entre los inmigrantes y sus demás habitantes, pues las fronteras son símbolos de lo que no debería ocurrir en la época de la globalización.

(IPS/nms/mp/pr/00)

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