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por Danielle
Knight
WASHINGTON, 1 oct (IPS) La Corporación
Sony, con sede en Japón y una de las mayores en el área de
la electrónica, vigila las actividades de organizaciones no
gubernamentales (ONG) ambientalistas que proponen regular
la industria de la tecnología avanzada.
Un documento reservado de Sony obtenido
por IPS se refiere a una presentación realizada por esa compañía
en julio durante una conferencia en Bruselas, para otras firmas
del área de la electrónica, en la cual se informó acerca de
actividades de grupos ambientalistas.
En esa presentación se describieron campañas de las ONG Greenpeace,
Amigos de la Tierra, Buró Ambiental Europeo, Coalición de
Tóxicos de Silicon Valley y Alianza Nórdica por la Sustentabilidad.
En el documento se mencionó de modo específico a activistas
estadounidenses que buscan regular la producción de residuos
peligrosos por parte de la industria electrónica, y se sugirió
discutir durante la reunión de Bruselas una estrategia contra
sus campañas.
Ted Smith, director ejecutivo de la Coalición de Tóxicos de
Silicon Valley, con sede en el estado sudoccidental estadounidense
de California, dijo a IPS que quedó asombrado al descubrir
que Sony discutió las actividades de su grupo.
"Al parecer, la industria ha empleado un tiempo considerable
para remar contra la corriente, en vez de cumplir con su deber
y limpiar sus actividades", comentó.
Marc Small, vicepresidente de asuntos ambientales, salud y
seguridad de Sony en Estados Unidos, y residente en la ciudad
sudoccidental californiana de San Diego, admitió que su corporación
vigila las actividades de grupos ambientalistas.
"Nos preocupa nuestra imagen, y deseamos asegurarnos de estar
al tanto cuando Greenpeace impulse una iniciativa", señaló.
Small reconoció que el informe acerca de la presentación de
Bruselas no fue "del mejor gusto", pero alegó en su defensa
que no se trataba de un informe destinado al público.
Sony, fundada hace 54 años, se opone al igual que otras industrias
electrónicas a los esfuerzos de ONG ambientalistas y de la
Unión Europea (UE) para establecer leyes que obliguen a las
corporaciones a hacerse responsables de daños ambientales
o sanitarios que puedan causar sus productos.
En Europa, el resultado de esos esfuerzos fue la Directiva
de la UE sobre Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos
(WEEE), por la cual los productores de esos equipos son responsables
desde el punto de vista económico por los daños que causen,
incluso cuando dejan de ser utilizables y se los descarta.
"El público no debe pagar impuestos adicionales para costear
el manejo de residuos peligrosos cuya presencia en los equipos
se debe a decisiones de los fabricantes", sostuvo Smith.
La WEEE también indica que en 2008 debe culminar un proceso
de eliminación progresiva del uso en los equipos de mercurio,
plomo, cadmio y otras sustancias químicas tóxicas que suelen
usarse en la electrónica.
Los ambientalistas comenzaron a impulsar la legislación en
la materia cuando el costo del manejo de residuos de la floreciente
industria de las computadoras comenzó a hacerse cada vez más
alto para los gobiernos.
Es habitual que una computadora incluya 1.000 materiales distintos,
incluyendo a gases, metales, ácidos, plásticos y aditivos,
muchos de ellos de gran toxicidad.
Entre esos componentes hay metales cuya toxicidad es notoria,
como el mercurio o el plomo, y también otras sustancias cuyos
peligros para la salud, en forma aislada o cuando se combinan,
aún no han sido estudiados, advierten los ambientalistas.
Sustancias químicas muy peligrosas se usan para producir semiconductores,
circuitos impresos, monitores y otros componentes de las computadoras,
y los obreros que trabajan en su producción han comenzado
a denunciar que sufren cáncer con frecuencia, afirmó la Coalición
de Tóxicos de Silicon Valley.
Esa ONG destacó que en 2004 habrá 315 millones de computadoras
obsoletas sólo en Estados Unidos. En la actualidad, menos
de 10 por ciento de las máquinas de tecnología avanzada se
reciclan al volverse obsoletas, y la mayoría de ellas se destinan
a rellenar terrenos o son quemadas, apuntó Smith.
Sony arguye que las compañías productoras de esos equipos
realizan esfuerzos voluntarios para diseñar productos que
sea más fácil reciclar, y se opone a normas como la WEEE,
indicó Small.
La firma coopera con el gobierno del estado centroseptentrional
estadounidense de Minnesota y con los de algunas ciudades
de Estados Unidos, para desarrollar programas de recolección
y reciclaje de equipos electrónicos usados, entre ellos reproductores
de música y televisores.
Un estudio realizado hace poco en Minnesota mostró que el
costo de esos programas los hace ineficientes, pero Small
aseguró que Sony desea hacerse cargo de ellos mientras trabaja
para que sus productos puedan reciclarse con más facilidad.
Una parte importante del problema no se relaciona con los
nuevos productos, sino con antiguos equipos de reproducción
de música y televisores, algunos de cuyos componentes no fueron
etiquetados para prever su reciclaje, explicó.
"Si conseguimos que los programas en curso en Estados Unidos
tengan éxito, mostraremos a Europa y Japón un modelo de trabajo
con sentido económico y más eficaz que las reglamentaciones",
enfatizó.
Sin embargo, los ambientalistas insisten en impulsar controles
más severos de los tóxicos usados en la industria.
Esfuerzos voluntarios como el de Sony no implican el cese
del empleo de esas sustancias nocivas, ni la responsabilidad
de las compañías por los daños que causen sus productos, apuntó
Smith, en cuya opinión los programas de recolección y reciclaje
en curso parecen ser sólo "decorativos".
El Representante para el Comercio de Estados Unidos y la Asociación
Electrónica Estadounidense (AEA), que reúne a unas 3.000 compañías,
llevan a cabo una intensa campaña contra la WEEE, y sostienen
que esa norma viola disposiciones de la Organización Mundial
del Comercio porque afecta fabricantes no europeos.
Entre los integrantes de la AEA están las grandes corporaciones
IBM, Microsoft, Motorola e Intel.
Ambientalistas y legisladores de Estados Unidos han enviado
cartas al vicepresidente Al Gore para pedirle que intervenga
contra las presiones del Representante de Comercio y las corporaciones.
"Debemos elevar las exigencias en materia ambiental, no disminuirlas.
No se debe permitir que las asociaciones comerciales dicten
leyes sobre política sanitaria y ambiental", se afirmó en
una carta a Gore firmada por más de 100 grupos de presión.
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