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por Kintto
Lucas
QUITO, oct (IPS) La firma maderera
Botrosa, uno de cuyos socios es el ministro de Comercio Exterior,
Roberto Peña Durini, fue acusada ante la justicia en Ecuador
de perseguir campesinos y ambientalistas en la provincia de
Esmeraldas, fronteriza con Colombia.
Agricultores del lugar aseguraron en un juzgado penal de la
ciudad de Quinindé, cercana a la zona del conflicto, que fueron
retenidos y torturados por policías y guardabosques de Botrosa
que los amenazaron de muerte para expulsarlos de las tierras
que trabajaban.
Los 350 miembros de la Cooperativa Ecuador Libre, sus familias
y activistas, realizan protestas por la ocupación de Botrosa
de los predios que, según dicen, pertenecen al grupo campesino,
y por la deforestación en la región.
El conflicto en Esmeraldas determinó la salida del país de
Ricardo Buitrón, un activista de la no gubernamental Acción
Ecológica, sobre el que pesa una orden de prisión por presuntas
injurias e instigación a campesinos a ocupar tierras. Buitrón
también aseguró que fue amenazado.
El punto central del problema son tierras que el Instituto
Nacional Agrario (INDA) desafectó del conjunto de propiedades
fiscales para adjudicarlas a Botrosa. La cooperativa afirma
que ese predio, El Pambilar, forma parte de un bosque nativo
declarado patrimonio forestal por el Ministerio de Ambiente.
Organizaciones ecologistas y humanitarias presentaron una
denuncia ante la Defensoría del Pueblo de Esmeraldas por presuntos
maltratos y la supuesta forma ilegal en que se resolvió la
entrega de las tierras a la compañía maderera.
Los denunciantes señalan que el INDA sólo puede otorgar predios
a campesinos y ''no a grandes empresas madereras para que
deforesten un área que es patrimonio forestal''.
El gerente de Botrosa, Mauricio Terán, aseguró que esta compañía,
una de las más grandes de la región andina en el ramo, tiene
12.000 hectáreas de bosque nativo legalmente adquiridas y
otras 9.000 que ha reforestado en los últimos 22 años.
Por su parte, los cooperativistas dicen que tomaron posesión
de esas tierras hace más de 30 años, cuando la región fue
colonizada y mucho antes de que llegara Botrosa, por lo cual
entienden que les corresponden ''por herencia y derecho''.
Además, aseguraron que desde que están allí la deforestación
ha sido mínima, pero ''cuando llegaron las grandes madereras
se han ido quedando sin bosque''.
También se comprometieron a no utilizar las parcelas para
extraer madera sino para hacerlas ''producir de una forma
sustentable, como hasta el momento''.
El enfrentamiento entre la cooperativa agrícola y la empresa
Botrosa se remonta a 15 años atrás, pero se agudizó este año,
cuando los agricultores y sus familias fueron desalojados,
al parecer en forma violenta, por policías y por guardias
contratados por la firma maderera.
Hace algunos meses y en forma sorpresiva ''llegaron muchos
policías y guardabosques de Botrosa, tumbaron y quemaron nuestras
casas de madera, destruyeron lo poco que teníamos y nos prohibieron
la entrada para siempre'', afirmaron a IPS los campesinos
Laurence Vega, de 34 años, y Porfirio Reyes, de 44.
Floresmilo Villalta, de 60 años, aseguró que algunos agricultores
fueron atados a postes y obligados a comer tierra, diciéndoles
que ahí estaba la tierra que reclamaban, para luego hacerlos
correr disparándoles a los pies.
El joven campesino Javier Intriago espera que las autoridades
actúen y se les permita regresar a las tierras que cultivaban.
Agregó que en 1987, cuando él tenía tres años, hubo otra tentativa
de expulsión de los agricultores, que finalmente pudieron
regresar.
Por su parte, Marcelo Merino, portavoz de Botrosa y del Grupo
Durini, al que está relacionado el ministro de Comercio Exterior,
indicó que la empresa compró las tierras de forma legal y
que la policía cumplió órdenes legales.
A todo esto, el Defensor del Pueblo, Claudio Mueckay, pidió
al Ministerio de Ambiente que comisione a su Dirección Forestal
para inspeccionar la zona del conflicto y verificar si el
predio en disputa está dentro del área declarada patrimonio
forestal del Estado.
En junio se suspendió en forma abrupta una inspección del
lugar con la participación de representantes del Ministerio,
de organizaciones humanitarias y ambientalistas y de la empresa
maderera.
"La inspección no se realizó porque la empresa no autorizó
el ingreso de los técnicos del Ministerio de Ambiente", dijo
el director forestal, Hans Thiel.
Al respecto, Belén Vásconez, integrante de la Comisión Ecuménica
de Derechos Humanos (Cedhu), dijo que la compañía arguyó para
evitar la inspección que había un grupo de invasores de tierras,
cuya presencia ''no garantizaba la seguridad de quienes participarían
de la misión''.
Directivos de la firma también consideraron que la presencia
de la Cedhu desvirtuaba ''el carácter técnico de la inspección",
para convertirla "en un sainete en desmedro de Botrosa". Así
mismo, afirmaron que estaban en un proceso de negociación
con los cooperativistas.
''El acuerdo nunca llegó y en los últimos días se profundizaron
las diferencias, sin que el Ministerio de Ambiente tomara
cartas en el asunto'', dijo Buitrón.
Para que el predio adjudicado a la empresa sea recuperado
por el INDA y los campesinos puedan permanecer en él es necesario
que el Ministerio de Ambiente declare que está ubicado en
el área declarada patrimonio forestal del Estado, explicaron
los activistas.
Si bien el ministro de Ambiente, Rodolfo Rendón, aseguró a
la prensa local que la zona es ''patrimonio forestal del Estado
ecuatoriano'', todavía no se ha emitido el comunicado oficial
respectivo, porque antes se debe realizar la inspección frustrada
en junio.
Los representantes de Acción Ecológica aseguraron que en las
últimas dos semanas han ''recibido amenazas telefónicas y
se incrementó la persecución contra activistas''.
''No vamos a salir de la provincia de Esmeraldas, seguiremos
acompañando a los campesinos, hasta que el Ministerio de Ambiente
tome cartas en el asunto y asuma que el predio El Pambilar
no es propiedad de Botrosa, sino un patrimonio forestal'',
agregaron.
Los ambientalistas también pidieron una auditoria internacional
para que se conozca ''cuántos bosques entregó el INDA en forma
ilegal a distintas empresas madereras como en el caso de Botrosa''.
La tala de 3,4 millones de árboles de bosque nativo cada año
causa distorsiones en el ambiente de la Amazonia y la costa
de Esmeraldas. Alrededor de 88 por ciento de los árboles que
se cortan en Ecuador salen de los bosques naturales de esas
dos regiones.
De las 5.000 especies forestales de Ecuador, sólo 100 son
utilizadas por la industria maderera, que participa con 3,5
por ciento del producto interno bruto, ocupando el séptimo
puesto en la economía nacional.
Entre 1995 y 1998 se exportaron 857.000 toneladas de productos
de madera como tablas, vigas, aglomerados, puertas, listones
y muebles, por un equivalente a 354 millones de dólares.
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