Entrevista con el presidente
del Consejo Nacional del Ambiente de Perú
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| La
cruzada andina por la Amazonía |
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| por Pilar Franco |
Luis Campos Baca considera que todos los países amazónicos
deben unirse para evitar el uso del hongo fusariuem
oxysporum, que podría desatar un caos ecológico en
una zona de alta biodiversidad
Perú y el
resto de países que comparten la Amazonía deben unirse
en un rechazo frontal a las tentativas de usar, aún
en fase experimental, el hongo fusariuem oxysporum
en las tareas de erradicación de cultivos de hoja
de coca. Cualquier agente externo podría crear una
crisis ecológica de consecuencias impredecibles en
el más grande pulmón verde del planeta.
Con esa advertencia, el presidente del Consejo Nacional
del Ambiente (CONAM) de Perú, Luis Campos Baca, expuso
a Tierramérica la urgencia de cumplir con los compromisos
para garantizar la protección de la biodiversidad,
a la vez de buscar soluciones junto con las comunidades
autóctonas para impulsar alternativas económicas a
la siembra de coca.
El funcionario participó este 2 y 3 de octubre, en
la ciudad de México, en la Quinta Reunión del Comité
Intersesional del Foro de Ministros del Medio Ambiente
de América Latina y el Caribe que, organizada por
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
PNUMA, representa el espacio político de mayor trayectoria
y representatividad en la búsqueda regional de respuestas
a los problemas ambientales.
Los países amazónicos deben adoptar las máximas precauciones
para preservar la belleza escénica y la riqueza de
los recursos naturales de un sistema tan frágil como
el de la Amazonía, cuyas fronteras sólo son imaginarias,
explicó el responsable de la política ambiental peruana.
"Hay que decir un no rotundo a las intenciones de
utilizar ese microherbicida, que entraña graves riesgos
para el medio ambiente y la salud humana, pues podría
desatar el caos ecológico en una zona donde la biodiversidad
es tan alta que cualquier golpe a una de sus piezas
la podría derrumbar".
Campos Baca habló sobre la controversia generada en
la comunidad de países andinos a mediados de este
año, por la posible utilización del fusarium dentro
del programa para fumigar plantaciones de coca y amapola
en Colombia.
Este cuatro de octubre, el Ministerio del Medio Ambiente
de Colombia informó que el gobierno de ese país "no
acepta la propuesta planteada por el Programa Internacional
de Drogas de las Naciones Unidas (UNDCP), para hacer
pruebas" con el herbicida.
Ese ministerio, dirigido por Juan Mayr, definió la
erradicación manual de plantaciones de coca como "una
alternativa" para solucionar el problema de forma
concertada con las comunidades étnicas. Esta técnica
es la más conveniente por ser la que "genera menores
impactos ambientales sobre los ecosistemas", agregó.
Amplios sectores en Ecuador comparten asimismo las
preocupaciones en relación con las secuelas que pueda
acarrear el fusarium. La Confederación de Nacionalidades
Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana denunció la utilización
del hongo en esa nación, aunque tal versión fue desmentida
por las autoridades de Quito.
La indígena Corporación Arutum ecuatoriana anunció
en julio último que organizó un "ejército verde" formado
por mil hombres que fueron desplazados en la selva
para constatar el uso del hongo, al que ese grupo
define como un "arma racial".
Según expertos, las primeras aplicaciones del fusarium
en algunas especies de coca fueron realizadas en Hawai,
donde fue aislado y probado por científicos del Departamento
de Agricultura de Estados Unidos.
Frente a las posiciones que indican que el herbicida
no afecta los cultivos de alimentos, el funcionario
peruano sostuvo que el polémico hongo no discrimina
entre los tipos de plantíos y, por lo tanto, representa
un peligro para la salud humana y el medio ambiente.
El titular del CONAM admite, sin embargo, que el mayor
problema ambiental que agobia a su país es la pobreza,
un factor que acarrea fuertes presiones al medio ambiente.
Las poblaciones pobres recurren a los recursos que
brinda la naturaleza para saciar sus necesidades básicas.
En el caso de los peruanos que han vivido de la producción
de coca, se trata de campesinos que mantuvieron una
alta rentabilidad, una situación que plantea el gran
desafío de impulsar proyectos que permitan consolidar
procesos agroindustriales fuertes, afirmó.
Las acciones para sustituir los cultivos ilícitos,
mejorar la infraestructura vial y financiar proyectos
de producción entre los campesinos cocaleros, están
en concordancia con la búsqueda de una pronta adaptación
de Perú a las normas mundiales para la conservación
del ambiente. Siguiendo esa ruta, el país avanza en
la lucha contra la pobreza y a favor de dotar de una
mejor calidad de vida a sus habitantes, señaló el
funcionario.
En la última década, Perú redujo de 340 mil a 45 mil
el número de hectáreas cultivadas de coca. En estos
momentos, se trata además de que el plan para erradicar
la producción de coca -que en ese país no ha sido
prohibida de forma radical por sus implicaciones culturales-,
fortalezca otras áreas como la educación y la salud,
añadió el funcionario.
Para consolidar ese proceso, es necesario, dijo, considerar
que las tierras dedicadas al cultivo de coca son difícilmente
recuperables debido a que su composición bioquímica
no es buena para sembrar otros productos.
Ante esa circunstancia, los países consumidores deben
asumir su responsabilidad y compensar los costos de
la erradicación de plantaciones ilícitas, las cuales
proliferaron en virtud de la demanda de narcóticos,
sostuvo Campos Baca.
Países como Estados Unidos deben compensar el costo
de la erradicación de los cultivos de hoja de coca,
pues ese proceso ha impactado de manera importante
la economía nacional. Es momento de buscar con seriedad
mecanismos para atenuar esos efectos, destacó.
Sobre la base de una responsabilidad compartida, los
países consumidores deberán hacer más esfuerzos en
términos de inversiones y de apertura de micromercados,
entre otras medidas. En paralelo, añadió Campos Baca,
debe establecerse una zonificación ecológica que presente
en ese mapa las áreas prioritarias para implementar
la sustitución de cultivos ilícitos Para estructurar
una visión de las necesidades de la población que
incorpore la dimensión ambiental, deben aplicarse
programas que otorguen a la gente beneficios por la
rica biodiversidad que alberga Perú.
Campos Baca subrayó que hasta ahora no ha sido posible
que las comunidades indígenas peruanas, poseedoras
de milenarios conocimientos sobre el uso de plantas
medicinales, hayan recibido los beneficios por el
aprovechamiento y explotación de los recursos genéticos
por parte de industrias extranjeras.
Para lograrlo, señaló, es indispensable una política
ambiental coherente y estable que incorpore mecanismos
con la participación de la ciudadanía en la administración.
Con rango ministerial, el CONAM es el organismo que
norma la política ambiental de Perú coordinando las
acciones de todos los sectores de los gobiernos federal
y estatales con la meta de lograr un desarrollo sostenible.
En la búsqueda de ese objetivo, durante los últimos
cinco años fue creada la Comisión de Medio Ambiente,
Ecología y Amazonía, se aprobaron las leyes Forestal
y de la Fauna y la de Bioseguridad, entre otras, así
como disposiciones que obligan a las empresas a someter
a autorización sus programas de adecuación ambiental,
precisó Campos Baca.
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