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por Jim
Lobe
WASHINGTON, 5 oct (IPS) Empresas
de computación de Estados Unidos podrán contratar a casi 200.000
técnicos extranjeros, de acuerdo con una ley que sancionará
el presidente Bill Clinton este fin de semana, aprobada sin
oposición en el Congreso legislativo.
La norma votada el martes casi duplica
el número de técnicos con alta especialización procedentes
del exterior --la mayoría de India y el este de Asia-- que
podrán trabajar en este país por más de seis años con un visado
especial denominado H-1B.
La ley fue apoyada en el Congreso por los líderes de los dos
principales partidos, el Demócrata al que pertenece Clinton
y el Republicano.
Los demócratas trataron de incluir en la norma otras medidas,
entre ellas una amnistía para cientos de miles de inmigrantes
indocumentados, en su gran mayoría procedentes de México y
otros países de América Latina y el Caribe, que viven y trabajan
en Estados Unidos desde 1986.
Esas medidas, incluidas en la Ley de Inmigración Justa de
Latinos (LIFA), tienen el fuerte apoyo de grupos de presión
hispánicos.
Los candidatos presidenciales en las elecciones de noviembre,
el vicepresidente Al Gore y el gobernador de Texas George
W. Bush, procuran el apoyo de los votantes hispánicos, que
representan 10 por ciento del electorado.
Como el tiempo apremia, los republicanos --divididos respecto
a la inmigración-- aprobaron sólo la ley H-1B, dejando de
lado otras medidas patrocinadas por los legisladores demócratas.
El Senado aprobó la ley por 96 votos a favor y uno contrario,
y la Cámara de Representantes lo hizo pocas horas más tarde.
De todas maneras, los activistas hispánicos confían que LIFA
será aprobada antes del receso legislativo de la semana próxima.
Los demócratas tratan de incluirla en otro proyecto pertinente
a los departamentos de Comercio, Justicia y Estado, y el propio
Clinton amenazó con vetarla si no contenía la cláusula de
amnistía.
Si la LIFA no se aprueba ''castigaremos a los políticos responsables'',
advirtió Brent Wilkes, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos
Latinoamericanos Unidos (LULAC).
Los republicanos podrían tratar de eliminarla agregándole
una enmienda para aumentar en 100.000 la cantidad que se permite
ingresar a Estados Unidos de trabajadores zafrales desde México.
''Nos opondremos a LIFA si contiene la cláusula de trabajadores
rurales zafrales'', dijo Wilkes, quien comparó ese programa
con el apartheid en Sudáfrica. 'Lo que se les dice es, vengan,
hagan nuestro trabajo sucio y luego retornen a México'', comentó.
La facilidad con que la H-1B fue aprobada por el Congreso,
refleja la prioridad dada a las industrias de alta tecnología,
las cuales se convirtieron en los principales donantes de
fondos políticos en los últimos años.
Un sondeo del Centro de Política Responsable comprobó que
en los últimos 20 meses las compañías de computadoras contribuyeron
con un promedio de 5.000 dólares para 325 de los 434 miembros
de la Cámara de Representantes, y con 22.000 dólares para
75 de los 100 senadores.
En total, la industria de alta tecnología gastó más de 22
millones de dólares en ese período como instrumento de presión
política, tres veces más de lo que pagó en el ciclo electoral
previo de dos años, según el centro.
La industria de computadoras se queja desde hace años de la
creciente escasez de programadores y otros técnicos especializados.
En 1997 persuadió al Congreso de aumentar el numero de visados
H-1B a 115.000 para todo el año 2000, pero ese límite se alcanzó
en marzo.
La ley aprobada esta semana aumentará el límite a 195.000
en cada uno de los próximos tres años. Además, la medida exceptúa
del límite a estudiantes extranjeros que hayan recibido un
diploma avanzado de alguna universidad estadounidense y a
trabajadores extranjeros empleados por el gobierno u organizaciones
no gubernamentales (ONG).
Para obtener la visa, los trabajadores deben ser contratados
por compañías estadounidenses que actúan como sus auspiciantes.
Eso acuerda al receptor el derecho de permanecer seis años
en el país, siempre que siga empleado en la misma empresa.
Por cada visa, la compañía debe pagar 500 dólares destinados
a un fondo para la formación de estudiantes y trabajadores
estadounidenses en la industria de alta tecnología. La administradión
de Clinton pretendió que la cuota ascendiera a 1.000 dólares
e intenta agregar esa cláusula a otra medida legislativa.
Una versión anterior a la ley aprobada habría exigido a las
compañías auspiciantes pagarles a los receptores de H-1B un
mínimo de 40.000 dólares anuales y haber aumentado el salario
medio de sus trabajadores de año en año.
Pero los representantes de las compañías, que invadieron los
corredores de las dos cámaras para presionar a los legisladores,
dejaron en claro su firme oposición a esas restricciones.
''No hay protección para impedir que esto se use como medio
de desplazar a trabajadores estadounidenses y tampoco hay
requisitos de salarios mínimos'', apuntó David Ray, de la
Federación por la Reforma de la Inmigración Estadounidense
(FAIR), un grupo que se opone a la liberalización de las leyes
inmigratorias.
''Eso permitirá a las compañías traer trabajadores extranjeros
y pagarles salarios por debajo del nivel nacional'', dijo
Ray. Wilkes, de LULAC, que generalmente disiente con FAIR,
estuvo de acuerdo.
''Estamos desilusionados. Los únicos que realmente se benefician
con esto son los industriales y no los trabajadores especializados
que, como resultado, comprobarán que sus salarios son objeto
de presiones''.
''Hemos tratado que Silicon Valley (la región de California
donde se concentran las industrias de alta tecnologia) contrate
a hispanos de la mano de obra nacional y los lleve a puestos
mejor remunerados'', agregó.
Pero las compañías ''no tienen interés. Resulta más barato
traer gente del exterior que educar mano de obra local, y
esos trabajadores son más fáciles de controlar porque tienen
menos libertad que sus colegas nativos, en términos de organización,
una vez que están aquí'', dijo.
LULAC y otros grupos hispánicos se oponen firmemente a cualquier
intento republicano de ampliar el programa de visas H- 2A,
que permite a mexicanos y otros peones rurales recoger las
cosechas en Estados Unidos, por idénticas razones.
''Al menos, con el programa H-1B los receptores ganan algún
dinero, pero con el H-2A, en todas partes obtienen un promedio
de dos a cinco dólares por hora y en condiciones laborales
a menudo peligrosas'', observó Wilkes.
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