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VENEZUELA: Indígenas protestan contra línea eléctrica a Brasil

por Andrés Cañizález

CARACAS, oct (IPS) El tendido de 1.500 kilómetros para llevar electricidad desde Venezuela a Brasil, un símbolo de la integración de los dos países, sigue sin fecha fija de finalización, debido a nuevas protestas de comunidades indígenas, que intentan detener la obra.

La militarizada Guardia Nacional confirmó que a principios de de este mes fue derribada una torre de transmisión eléctrica, la octava en tres semanas.

Así mismo, la llamada Coalición contra el tendido eléctrico minero Venezuela-Brasil convocó el jueves a movilizaciones de protesta en Caracas y en la zona de las obras.

El derribo de las torres, así como el cierre de carreteras, fueron responsabilidad principalmente de indígenas pemones que, junto con organizaciones ecologistas y de defensa de los derechos humanos, se dirigieron también al presidente Hugo Chávez para exigir la suspensión de la construcción.

La Asociación de Amigos de la Gran Sabana aseguró a IPS que el tendido eléctrico causará ''deterioro y destrucción'' en zonas del parque nacional Canaima, con el consiguiente perjuicio para los pemones, ''originarios e históricos pobladores'' de la región. La misma asociación también advirtió que la apertura de vías de acceso al parque nacional para construir un tramo de la obra facilita el paso de vehículos "que se adentran más y más" en el lugar.

El convenio para el tendido eléctrico fue firmado en 1997 por Rafael Caldera, entonces presidente de Venezuela, y por el mandatario brasileño Fernando Henrique Cardoso, que lo anunciaron como un símbolo de integración.

La obra, con una extensión de 1.500 kilómetros, permitirá llevar energía eléctrica de la represa de Guri, en el sudeste de Venezuela, hasta el estado de Roraima, extremo norte de Brasil.

Las tareas debían concluir en diciembre de 1998 y, aunque las autoridades dicen que finalizarán ''próximamente'', el derribo de las torres y la oposición de indígenas y ambientalistas ponen en entredicho esa afirmación.

El retraso también hace peligrar las inversiones, según el gobierno venezolano, pues se espera que el suministro de energía al norte brasileño sea el primer paso para impulsar otros proyectos conjuntos de desarrollo.

El proyecto, de unos 400 millones de dólares, implica la venta de electricidad de Guri (sobre el río Caroní, con capacidad para generar 12.500 megavatios) a la región de Roraima, y a las poblaciones ubicadas en el recorrido de la obra.

Unos 200 megavatios/hora llegarían a la capital de Roraima, Boa Vista, una vez que concluya el tendido.

Chávez, que respalda fuertemente el proyecto, advirtió que "sin duda", los indígenas son "objeto de extraños intereses''.

La nueva ministra del Ambiente, Ana Elisa Osorio, reiteró la posición oficial al decir que ''la problemática debe resolverse en poco tiempo, porque es un compromiso internacional que hay que cumplir''.

Osorio restó importancia a las denuncias presentadas y aseguró que ''el tendido eléctrico Venezuela-Brasil no causará tantos daños ambientales como se pretende hacer ver''. Sin embargo, puntualizó que su ministerio estudiará "con detenimiento todo el proyecto''.

La empresa estatal Electrificación del Caroní, responsable de la construcción del lado venezolano, aseguró a fines de septiembre que estaba listo 76 por ciento del tendido.

Pero la estrategia utilizada por los indígenas pemones podrían provocar daños a las obras aún luego de su finalización.

Después de la advertencia de Chávez de que podrían iniciarse acciones legales por el derribo de las torres, los indígenas actúan de noche. Aflojan los pernos que sujetan la base de las torres, que caen al golpe de lluvias y de vientos.

La Guardia Nacional admitió que los pemones están bien equipados y que realizan sus acciones nocturnas gracias al uso de plantas portátiles de energía eléctrica, además de conocer perfectamente la zona.

Los indígenas presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para pedir la suspensión de la construcción, pero aún no existe sentencia, y también acudieron a la Defensoría del Pueblo.

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