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por Andrés
Cañizález
CARACAS, oct (IPS) El tendido de
1.500 kilómetros para llevar electricidad desde Venezuela
a Brasil, un símbolo de la integración de los dos países,
sigue sin fecha fija de finalización, debido a nuevas protestas
de comunidades indígenas, que intentan detener la obra.
La militarizada Guardia Nacional confirmó
que a principios de de este mes fue derribada una torre de
transmisión eléctrica, la octava en tres semanas.
Así mismo, la llamada Coalición contra el tendido eléctrico
minero Venezuela-Brasil convocó el jueves a movilizaciones
de protesta en Caracas y en la zona de las obras.
El derribo de las torres, así como el cierre de carreteras,
fueron responsabilidad principalmente de indígenas pemones
que, junto con organizaciones ecologistas y de defensa de
los derechos humanos, se dirigieron también al presidente
Hugo Chávez para exigir la suspensión de la construcción.
La Asociación de Amigos de la Gran Sabana aseguró a IPS que
el tendido eléctrico causará ''deterioro y destrucción'' en
zonas del parque nacional Canaima, con el consiguiente perjuicio
para los pemones, ''originarios e históricos pobladores''
de la región. La misma asociación también advirtió que la
apertura de vías de acceso al parque nacional para construir
un tramo de la obra facilita el paso de vehículos "que se
adentran más y más" en el lugar.
El convenio para el tendido eléctrico fue firmado en 1997
por Rafael Caldera, entonces presidente de Venezuela, y por
el mandatario brasileño Fernando Henrique Cardoso, que lo
anunciaron como un símbolo de integración.
La obra, con una extensión de 1.500 kilómetros, permitirá
llevar energía eléctrica de la represa de Guri, en el sudeste
de Venezuela, hasta el estado de Roraima, extremo norte de
Brasil.
Las tareas debían concluir en diciembre de 1998 y, aunque
las autoridades dicen que finalizarán ''próximamente'', el
derribo de las torres y la oposición de indígenas y ambientalistas
ponen en entredicho esa afirmación.
El retraso también hace peligrar las inversiones, según el
gobierno venezolano, pues se espera que el suministro de energía
al norte brasileño sea el primer paso para impulsar otros
proyectos conjuntos de desarrollo.
El proyecto, de unos 400 millones de dólares, implica la venta
de electricidad de Guri (sobre el río Caroní, con capacidad
para generar 12.500 megavatios) a la región de Roraima, y
a las poblaciones ubicadas en el recorrido de la obra.
Unos 200 megavatios/hora llegarían a la capital de Roraima,
Boa Vista, una vez que concluya el tendido.
Chávez, que respalda fuertemente el proyecto, advirtió que
"sin duda", los indígenas son "objeto de extraños intereses''.
La nueva ministra del Ambiente, Ana Elisa Osorio, reiteró
la posición oficial al decir que ''la problemática debe resolverse
en poco tiempo, porque es un compromiso internacional que
hay que cumplir''.
Osorio restó importancia a las denuncias presentadas y aseguró
que ''el tendido eléctrico Venezuela-Brasil no causará tantos
daños ambientales como se pretende hacer ver''. Sin embargo,
puntualizó que su ministerio estudiará "con detenimiento todo
el proyecto''.
La empresa estatal Electrificación del Caroní, responsable
de la construcción del lado venezolano, aseguró a fines de
septiembre que estaba listo 76 por ciento del tendido.
Pero la estrategia utilizada por los indígenas pemones podrían
provocar daños a las obras aún luego de su finalización.
Después de la advertencia de Chávez de que podrían iniciarse
acciones legales por el derribo de las torres, los indígenas
actúan de noche. Aflojan los pernos que sujetan la base de
las torres, que caen al golpe de lluvias y de vientos.
La Guardia Nacional admitió que los pemones están bien equipados
y que realizan sus acciones nocturnas gracias al uso de plantas
portátiles de energía eléctrica, además de conocer perfectamente
la zona.
Los indígenas presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo
de Justicia para pedir la suspensión de la construcción, pero
aún no existe sentencia, y también acudieron a la Defensoría
del Pueblo.
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