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Reportajes
América Latina

Abortan convenios de bioprospección

Por Diego Cevallos


La empresa suiza Novartis Pharma vio frustrarse su plan de investigar hasta 10 mil microorganismos en Brasil, mientras en México y Venezuela varios proyectos están en entredicho

MÉXICO.- Sin mucho orden ni consenso, América Latina pone cerrojo a las transnacionales farmacéuticas y alimentarias, ávidas por obtener materiales genéticos rentables del Sur en desarrollo.

Armados con leyes, decretos de última hora y en medio de discusiones inacabadas, Brasil, México y Venezuela frenaron este año o al menos pusieron en entredicho varios proyectos de bioprospección.

En Brasil, planes de la empresa suiza Novartis Pharma resultaron frustrados, y otras transnacionales del Norte industrial entraron en dificultades, mientras en México, un proyecto de la estadounidense Universidad de Georgia, apoyado por Washington, fue duramente cuestionado.

En el caso de Venezuela, quienes encontraron dificultades no fueron las transnacionales sino los académicos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. El asunto tiene su historia. Desde la Cumbre de la Tierra, realizada en 1992 en Brasil por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en múltiples foros posteriores, la comunidad internacional discute el tema de la bioprospección.

En 1996, los gobiernos del área Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) aprobaron normas para regular esas actividades y América Central busca ahora una camino similar.

Con la bioprospección se recolecta, clasifica y si es del caso se altera y aprovecha los principios activos o derivados de especies vegetales y animales para obtener medicamentos, alimentos y sustancias para elaborar aceites, grasas, aromas y otras decenas de productos.

El acceso a las especies, muchas de las cuales son utilizadas por los pueblos indígenas desde hace siglos, mientras otras ni siquiera aparecen aún registradas, alimenta un mercado global de materiales genéticos con ganancias importantes para la industria farmacéutica y alimentaria.

Costa Rica, que se mantiene a la vanguardia en el tema desde inicios de los años 90, es el único país de América Latina que saca provecho pleno de la bioprospección y mantiene relaciones reguladas con las empresas transnacionales.

Pero los expertos afirman que en general, América Latina, considerada una mina de oro por su alta biodiversidad, aún está en pañales en el objetivo de defender y aprovechar su patrimonio natural.

La mayoría de los países de la región no cuenta con legislación suficiente y si la hay es cuestionada. Además, ningún gobierno ni comunidad puede asegurar que las transnacionales o sus socios locales no están sustrayendo hoy material genético de manera ilegal o con engaños.

En Brasil, líder mundial en especies vegetales y anfibios, la falta de leyes sobre el tema llevó al gobierno a suspender en mayo un acuerdo que mantenía con la empresa suiza Novartis Pharma.

Asociada con la organización Bioamazonia, en la que confluyen el gobierno e instituciones científicas y empresariales, Novartis vio frustrarse su plan de invertir cuatro millones de dólares durante tres años para investigar hasta 10 mil microorganismos.

Bioamazonia firmó el contrato con Novartis sin consultar a las autoridades, soprepasando sus poderes y en desmedro de los intereses nacionales, al permitir estudios sobre esa cantidad de microorganismos y conceder el derecho a patentes, dijo el ministro de Medio Ambiente, José Sarney Filho.

Como la mayoría de los países, Brasil no dispone de una ley que regule el acceso al material genético, pero sí varios proyectos sobre el tema.

A raíz del episodio con Novartis, fueron cuestionados otros proyectos con corporaciones transnacionales. Entre ellos, uno con el laboratorio Glaxo-Wellcome y otro con el Instituto del Cáncer de Estados Unidos.

Pero, a pesar de los problemas, el gobierno de Brasil está convencido de la necesidad de aprovechar su patrimonio y por eso creó el Programa Brasileño de Ecología Molecular para Uso Sostenible de la Biodiversidad del Amazonas.

"Como la fiebre del oro del siglo XIX en California, o su contraparte actual en Brasil, la 'fiebre genética' puede causar estragos en los ecosistemas y en las poblaciones humanas que lo habitan", advirtió el no gubernamental Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio), de Costa Rica.

Un estudio de la Comisión Amazónica de Desarrollo y Medio Ambiente destaca que al menos 25 por ciento de los medicamentos recetados en Estados Unidos tienen su origen en plantas, y que el mercado de esos fármacos es sólo comparable al de la informática o el petróleo.

En México, una organización indígena del meridional estado de Chiapas solicitó en septiembre la inmediata moratoria de los proyectos de bioprospección, pero sobre todo de una iniciativa desarrollada por la Universidad de Georgia, a un costo de 2,5 millones de dólares.

El proyecto de esta universidad, que obtuvo en 1999 cerca de 6 mil muestras de diversas especies de las selvas de Chiapas, es apoyado por el gobierno de Estados Unidos y tiene la participación de la firma británica Molecular Nature, de biotecnología.

Según los indígenas, México debería suspender todos los planes de bioprospección, que según varios cálculos, serían 10. Entre ellos figura un acuerdo con la empresa Novartis, otros con la empresa American Cyanamid, con la Universidad de Arizona (Estados Unidos) y con American Home Products.

Según el Consejo de Médicos y Parteras Indígenas de Chiapas, integrado por 11 organizaciones de nativos, México puede permitir la bioprospección sólo después de que la sociedad conozca los pormenores de ese tipo proyectos, que se dicten normas regulatorias y que se protejan los recursos genéticos.

Venezuela tampoco escapa a la controversia. En mayo, el Instituto Nacional de Parques derogó un permiso obtenido en 1999 por académicos el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas para desarrollar el Convenio de Acceso a los Recursos Genéticos Amazónicos.

La suspensión del permiso se basó en los postulados de la nueva Constitución, aprobada a fines de 1999 y que garantiza la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos y tecnologías de los pueblos indígenas.

"Toda actividad relacionada con los recursos genéticos y los conocimientos asociados a éstos perseguirá beneficios colectivos. Se prohíbe el registro de patentes sobre estos recursos y conocimientos ambientales", indica el artículo 124 de la Constitución promulgada en diciembre de 1999.

Venezuela ocupa un lugar avanzado en la materia, aunque aún debe reglamentarlo, dijo a Tierramérica el diputado indígena venezolano Guillermo Guevara. A diferencia de Venezuela y de otros países de América Latina, la bioprospección está regulada en Costa Rica, donde la población indígena es casi nula y se calcula que hay más de 500 mil especies animales y vegetales.

Hasta octubre, el INBio de Costa Rica firmó 12 acuerdos de bioprospección, entre los que se destacan los contratos con las empresas estadounidenses Merck, Bristol Myers Squibb, Akkadix Corporation y Gidauvan Roure, y con firmas europeas como la italiana Indena, la británica British Tecnology Group y la escocesa Strathclyde University.

El INBio no trabaja con el conocimiento tradicional de los indígenas, sino que recolecta muestras de plantas, insectos y microorganismos de las áreas protegidas. Como retribución, 10 por ciento de los ingresos de los convenios de bioprospección se destinan a esas áreas protegidas, explicó a Tierramérica el abogado ambiental Jorge Cabrera, asesor del INBio.

Con estos acuerdos, Costa Rica ha ganado entre cuatro y cinco millones de dólares, cifra pequeña si se compara con los 400 millones de dólares del ecoturismo, pero muy importante desde el punto de vista del conocimiento, la transferencia de tecnología y la capacitación a profesionales que queda en Costa Rica", comentó Cabrera.

Costa Rica actúa en función de los "nuevos estándares ambientales", que establecen la distribución de los beneficios de la bioprospección entre el país que provee los recursos genéticos y la empresa farmacéutica o alimentaria que los busque, dicen los expertos.

Pero en el resto de América Latina, esos nuevos estándares aún están en debate. Los derechos de los pueblos originarios, la defensa de recursos estratégicos, el papel de las empresas transnacionales y la posibilidad de patentar conocimientos ancestrales, son parte de una discusión inacabada.

* El autor es corresponsal de IPS.

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