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por Gustavo
González
SANTIAGO, nov (IPS) Las grandes represas
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
en América Latina tienen en promedio costos 45 por ciento
superiores a los presupuestados originalmente, señala un informe
mundial que será presentado este viernes en Santiago de Chile.
El documento de la Comisión Mundial de Represas (CMR),
un organismo independiente y pluralista creado hace dos años,
señala que si bien los grandes embalses de agua contribuyen
de manera importante al desarrollo humano, tienen costos "sociales
y ambientales inaceptables y a menudo innecesarios".
El documento, titulado "Represas y desarrollo: un nuevo cuadro
para la toma de decisiones", fue dado a conocer el día 16
en Londres por el presidente de la comisión, Kader Asmal,
actual ministro de Educación de Sudáfrica y ex titular de
la cartera de Medio Ambiente y Forestación en el gobierno
de Nelson Mandela.
En otras 14 ciudades en todo el mundo se programaron presentaciones
del informe, incluyendo a tres de América del Sur: En Buenos
Aires este jueves, en Santiago este viernes y en Sao Paulo
el lunes próximo.
En todo el mundo se han construido 45.000 grandes represas,
ya sea para centrales hidroeléctricas, obras de regadío, de
control de inundaciones o con fines turísticos para la construcción
de lagos artificiales.
El informe señala que "América del Sur es una piedra angular
en el trabajo de la CMR", aludiendo a las polémicas que ha
desatado la construcción de grandes embalses en los últimos
años, financiados generalmente por el BID o el Banco Mundial,
entidad que propició la creación de este organismo especializado.
América del Sur tiene más de 1.000 grandes represas, considerando
como tales a aquellas cuyos muros de embalse tienen más de
15 metros de altura. Brasil tiene 594, Argentina 101 y Chile
88, de acuerdo al informe.
El reporte de la CMR incluye un detallado estudio de caso
del complejo Tucuruí en Brasil, que atiende 70 por ciento
de las necesidades de energía en el norte del país y que duplicará
su capacidad en la segunda fase del proyecto, que se concluirá
en 2006 con una inversión de 10.000 millones de dólares.
Este es, hoy por hoy, el caso tal vez más polémico de construcción
de represas en el territorio latinoamericano, que en los últimos
años fue escenario también de controversias en torno a otros
embalses para centrales hidroeléctricas.
Entre los proyectos cuestionados están, además de Tucuruí,
Yaciretá en la frontera de Argentina y Paraguay, Urrá en Colombia,
El Cuchillo en México, Bayano en Panamá y Pangue y Ralco en
Chile.
Se estima que en todo el mundo el negocio de las represas
mueve 50.000 millones de dólares al año. El informe consigna
que en los años 70 el BID aportó créditos por más de mil millones
de dólares para proyectos de represas en América del Sur.
En las dos décadas siguientes se redujo sustantivamente el
financiamiento para estas obras, tanto del Banco Mundial como
del BID y de otras agencias de cooperación, pero en cambio
parece aumentar la participación de la banca privada internacional
en este negocio.
En Chile, el consorcio Endesa canceló anticipadamente en 1997
un crédito al Banco Mundial, luego de que el organismo evaluara
críticamente el cumplimiento de los compromisos ambientales
y sociales adquiridos por la empresa en la construcción de
Pangue, una central hidroeléctrica que implicó el desplazamiento
de familias de indígenas pehuenches.
Endesa pagó sus compromisos al BID con un préstamos de banqueros
alemanes y contrató igualmente créditos privados para construir
Ralco, una central hidoeléctrica que, al igual que Pangue,
amenaza a familias pehuenches que habitan en el ecosistema
cordillerano del río Bíobio, unos 500 kilómetros al sur de
Santiago.
"Es muy importante que el informe de la CMR condene la relocalización
forzada de poblaciones por la construcción de represas. Eso
no puede volver a ocurrir", dijo a IPS el ecologista Juan
Pablo Orrego, presidente del Grupo de Acción por el Bíobio
(GABB).
El GABB, una red de grupos ambientalistas, sindicales, indígenas
y organizaciones sociales, mantiene una permanente campaña
contra la construcción de Ralco, tanto en defensa de 80 familias
pehuenches que están siendo desplazadas como para proteger
un ecosistema fluvial cordillerano considerado único en el
mundo.
Ralco es tal vez un caso menor, comparado por ejemplo con
Yaciretá, que implicará la reubicación forzada de unas 50.000
personas, que deberán abandonar sus hogares, negocios y trabajos.
Los impactos demográficos y ambientales de las grandes represas
son también ejemplificados en el estudio de caso de Tucuruí
de la CMR.
La comisión advierte que los costos adicionales de este gran
proyecto, por los subsidios que se han dado en Brasil a los
consumidores industriales de electricidad, pueden terminar
encareciendo una energía que se publicita como más económica.
Esta represa generará emisiones de gas responsable del efecto
invernadero en volúmenes similares a los que se pretendía
evitar con el uso de energías basadas en petróleo y otros
combustibles fósiles, indica igualmente la CMR.
Las represas ofrecen aparentemente ventajas para la pesca
en los embalses, pero las pérdidas que provocan a la actividad
pesquera en los cursos de agua inferiores son mayores que
sus pretendidos beneficios, advierte también el informe sobre
Tucuruí.
La represa brasileña provocó fuerte impacto sanitario. La
malaria aumentó durante el período de construcción, una plaga
de mosquitos mansonia se asentó una vez llenado el embalse
y el río que forma el mismo lago artificial llevó mercurio
procedente de la explotación de oro que se incorporó a la
cadena alimentaria.
Tucuruí es otro caso típico de la dificultad de aplicar conceptos
financieros confiables en proyectos que no involucran sólo
costos de construcción y beneficios de energía, sino también
impactos sociales y ambientales, señala la comisión.
Pero este mismo proyecto ofrece igualmente nuevas pautas para
enfrentar estos desafíos, mediante contactos francos entre
las empresas eléctricas, las comunidades involucradas y las
agencias ambientales, como ocurrió en enero en una reunión
en Belém, en el norte de Brasil, según destaca el documento.
Las controversias del pasado deben transformarse en acuerdos
claros para el futuro, señala la CMR al propiciar encuentros
participativos de todos los actores implicados en los problemas
y beneficios que crean las grandes represas.
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