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por Kintto
Lucas
QUITO, 30 nov (IPS) Organizaciones
ambientalista pidieron hoy al gobierno de Ecuador que promueva
ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unesco) la declaración de las Islas
Galápagos como Patrimonio Mundial y actúe en favor de su conservación.
La presión de pescadores y diputados, que exigen una mayor
explotación de los recursos de las islas, y la ley de privatizaciones
que permite la venta de playas y bahías, lo que podría comprometer
el futuro de Galápagos, ha sido motivo de preocupación.
Los ambientalistas vienen denunciando
el descuido en la conservación de la Reserva Marina por parte
de las autoridades, pero la situación alcanzó un nivel crítico
en los últimos 10 días.
La organización Acción Ecológica exigieron
al Tribunal Constitucional que declare inconstitucionales
los artículos de la ley de privatizaciones que permiten la
venta de playas y bahías.
"Esos artículos permiten la venta de
zonas de manglar en la costa e inclusive de Galápagos, poniendo
en peligro su conservación", dijo la presidenta de Acción
Ecológica, Aurora Donoso.
Con la privatización se corre el riesgo
de que las empresas pesqueras o turísticas intenten comprar
zonas de Galápagos, como ocurre con los camaroneras en la
costa de la provincia de Esmeraldas, advirtió.
El conflicto con los pescadores estalló
la semana pasada, cuando ocuparon la Estación Charles Darwin
en el Parque Nacional Galápagos destruyendo parte de las instalaciones,
y el centro de crianza de tortugas en la Isla Isabela, amenazando
con matarlas para presionar que se amplíe el período de pesca
de langosta.
Ricardo Moreno, director ejecutivo de
la Fundación Natura, dijo a IPS que entre los pescadores tradicionales
se ha insertado un grupo para el cual la pesca es un negocio
lucrativo.
"Estos pescadores no tradicionales orientados
por intereses políticos y económicos inmediatistas y contrapuestos
a la conservación, acuden constantemente a la violación de
la Ley y explotación ilícita de recursos, con violencia",
afirmó Moreno.
Durante la protesta, el jefe técnico
del Parque Nacional Galápagos y funcionarios de la Estación
científica fueron rescatados por los militares en los manglares,
después de haber sido perseguidos y amenazados de muerte por
pescadores.
La presión para que se permita una mayor
explotación de los recursos también llegó del derechista Partido
Social Cristiano. Alfredo Serrano, diputado socialcristiano
de Galápagos, envió una carta promoviendo la acción de quienes
capturan langostas.
Una de las mayores empresas de pesca
es propiedad del dirigente de ese partido César Rohón, concejal
de la ciudad portuaria de Guayaquil y actual presidente de
la Cámara Ecuatoriana de Pesquería.
Fanny Uribe, otra diputada de Galápagos
que amenazó con llamar a las autoridades ambientales a sala
para que expliquen la restricción a la captura de langosta,
también ha sido cuestionada por su vinculación con la venta
de pepinos de mar, una especie en extinción muy codiciada
en el mercado asiático.
Ante la presión de los pescadores, el
ministro del Ambiente, Rodolfo Rendón, extendió el período
de captura de langosta, estableciendo un cupo adicional de
30 toneladas hasta diciembre, por encima de las 50 toneladas
ya capturadas este año.
La estación científica Charles Darwin
había recomendado que solo se permitiera 15 toneladas adicionales
porque se perjudicaría la especie capturando crías.
El ministro dijo que su decisión no se
debió a presiones políticas, sino que "se estableció el cupo
porque los pescadores estaban pidiendo pesca libre y eso es
inaceptable".
Los langosteros pretenden que no se establezcan
vedas durante cinco años e insisten en que al menos se permita
la captura hasta enero y se amplíe el calendario de pesca
de tiburón y otras especies.
"El recurso está ahí, no se ha acabado",
dijo Rogelio Guacha, presidente de los pescadores artesanales
de Puerto Ayora. "Los conservacionistas se preocupan más por
los animales que por la gente y quieren imponer cantidades
para pescar sin tomar en cuenta nuestra opinión".
Carlos Valle, coordinador para Galápagos
del Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF), advirtió que quienes
capturan langostas pretenden conseguir la autorización para
explotar libremente tiburón, canchalagua, calamar, pulpo,
erizo y pepino de mar.
Fundación Natura pide acciones definitivas
de las autoridades, especialmente de los ministerios del Ambiente
y de Defensa, a favor de la conservación de la reserva marina,
hoy amenazada.
Moreno, recordó que el fortalecimiento
del control de la pesca ha sido reclamado no sólo en Ecuador
sino también en nuchos otros países, "más si se considera
que la reserva marina del archipiélago (de Galápagos) sea
declarada por la Unesco como patrimonio mundial".
En la Ley de Régimen Especial para la
Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos,
vigente desde marzo de 1998, se determina que las actividades
pesqueras en la provincia marina se someterán a los principios
de conservación.
Sin embargo, todavía el gobierno no ha
reglamentado los permisos de pesca artesanal, así como tampoco
los de turismo y la actividad agrícola.
Antes de la ley no había problemas porque
los pescadores "hacían lo que querían", dijo Diego Bonilla,
subdirector del Sistema de Parque Nacional Galápagos. "La
Ley establece cuotas, calendarios pesqueros y artes de pesca
autorizadas en las islas, pero los pescadores pretenden pasar
por alto todo esto".
La Ley también prohibe la pesca industrial
dentro del área de la Reserva Marina protegida, que comprende
74 kilómetros desde la costa continental.
La Asociación de Empresas Turísticas
de Galápagos propuso que se inicien procesos judiciales contra
quienes ocuparon la estación Darwin, se cense a los pescadores
artesanales para eliminar aquellos que no lo son, y se implementen
alternativas productivas sustentables.
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