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por Mario
Osava
RIO DE JANEIRO, 30 nov (IPS) El informe
de la Comisión Mundial de Represas creada por el Banco Mundial
tiene limitaciones, pero es un avance, pues reconoce los daños
causados por los grandes embalses, señalaron organizaciones
no gubernamentales en Brasil.
Ahora por lo menos los organismos multilaterales
tienen "parámetros, un patrón de requerimientos" que se deberá
exigir para financiar esas obras, señaló a IPS Glenn Switkes,
coordinador en América Latina de la Red Internacional de Ríos,
sobre el estudio de la Comisión.
La investigación sobre los efectos de
las represas, que suman 45.000 en el mundo, confirman lo que
el Movimiento de los Afectados por Represas (MAR) denuncia
hace muchos años, según Helio Mecca, uno de los coordinadores
nacionales del grupo.
La Comisión, integrada por 12 representantes
de comunidades afectadas, gobiernos y firmas constructoras,
analizó durante dos años el impacto de las represas en varios
países, e incluyó investigaciones propias, consultas con expertos
y audiencias públicas.
Además del daño ambiental y social,
los embalses representan el destierro, el empobrecimiento
y un desarrollo nulo para las poblaciones locales, ya que
sus mayores beneficios se destinan a los sectores ricos y
empresas lejanas, acusó Mecca, él mismo un agricultor desalojado
del sur de Brasil.
El informe, divulgado el 16 de noviembre
en Londres, fue presentado a las organizaciones no gubernamentales
de Brasil el lunes, por el físico José Goldemberg, ex ministro
brasileño de Educación y de Medio Ambiente, uno de los miembros
de la Comisión formada por el Banco Mundial.
Como punto más positivo, Mecca destacó
la recomendación de que solo se conceda licencia para construcción
de una represa "tras el consentimiento de la población afectada",
"negociaciones participativas y un acuerdo previo que proporcione
buenas soluciones a los desalojados".
También se condiciona la obra a una evaluación
que compruebe su necesidad y la inexistencia de alternativas
válidas, añadió Selma Barros, encargada de relaciones externas
del MAR.
El informe de la Comisión destaca que
de 40 a 80 millones de personas, en especial campesinos e
indígenas, fueron expulsadas de sus tierras por los embalses,
y que pocos recuperaron su anterior calidad de vida.
La extinción de especies acuáticas, la
inundación de extensos bosques y de áreas agrícolas y la emisión
de gases invernadero como el monóxido de carbono, a los que
se atribuye el recalentamiento del planeta, son algunos de
los daños ambientales que se atribuyen a las represas.
El MAR calculó en un millón las personas
desalojadas en Brasil. Al menos la mitad aún espera indemnizaciones
y reubicación, dijo Mecca. El problema afecta en especial
a las víctimas de obras más antiguas, cuando Brasil vivía
bajo una dictadura militar y la población carecía de organización.
Los ambientalistas y el MAR temen que
los efectos del informe se limiten a las instituciones financieras
internacionales, que ampliarían sus exigencias en la concesión
de créditos.
En Brasil, nada asegura que el gobierno
adopte las recomendaciones de la Comisión. La privatización
aún en curso del sector eléctrico redujo la dependencia de
financiación de organismos como el Banco Mundial y su rama
regional, el Banco Interamericano de Desarrollo.
La construcción de 154 centrales hidroeléctricas
está planificadas en el país hasta 2008. Muchas ya tienen
ubicación y diseño definidos, e incluso obras iniciadas. Las
crisis económicas interrumpieron muchos proyectos.
La reanudación del crecimiento económico
este año, que se acelerará en los próximos, según expertos,
hacen prever un aumento de la demanda de electricidad, y el
consiguiente incremento de la generación puede originar reclamos
sociales y ambientales, observó Mecca.
Por eso, el MAR pretende concluir un
inventario de todos los proyectos en ejecución hasta 15 de
febrero y entonces desatar una nueva campaña nacional, para
evitar nuevas situaciones de daños no reparados para las comunidades
locales.
Audiencias con autoridades, constructoras
y otros sectores involucrados, así como actos de advertencia,
serán algunas de las intervenciones del movimiento, anunció
Mecca.
En caso de respuestas insuficientes,
se organizará un campamento en Brasilia, para forzar negociaciones
con las empresas y el gobierno, "que es el gran culpable".
Además el movimiento reclama la constitución
de una comisión nacional similar a la mundial, para evaluar
los efectos de las represas brasileñas, con participación
de organizaciones no gubernamentales ambientales y sociales,
gobernantes, firmas constructoras y agentes financieros nacionales
e internacionales.
Es necesario poner en primer plano la
búsqueda de alternativas energéticas, como le ahorro y la
conservación de energía y fuentes más sustentables y menos
dañosas, según Glenn. La poca atención a ese punto constituye
la gran debilidad del informe de la Comisión Mundial, coincidieron
Switkes y Mecca.
Esa es también una falla de los planes
energéticos brasileños, aún muy concentrados en fuentes hídricas,
lamentó Mecca. Las represas generan 93 por ciento de la electricidad
consumida en Brasil.
El dirigente del MAR denunció además
que los líderes del movimiento pasaron a sufrir una represión
policial más intensa. Trece de ellos son acusados en procesos
criminales, algunos enjuiciados bajo la Ley de Seguridad Nacional,
creada por el regimen militar concluido en 1985.
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