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por Carmelo
Ruiz-Marrero
SAN JUAN, 30 nov (IPS) El acuerdo
entre Puerto Rico y Estados Unidos para exonerar a esta isla
de la ley estadounidense de Agua Potable es una sentencia
de muerte para los arrecifes de coral portorriqueños, denunciaron
grupos ambientalistas.
El acuerdo fue firmado por el gobernador
de Puerto Rico, Pedro Rosselló, y Jeanne Fox, directora de
la Segunda Región de la Agencia de Protección Ambiental (EPA)
de Estados Unidos.
La Segunda Región incluye los estados
de Nueva York y Nueva Jersey, las Islas Vírgenes y Puerto
Rico. Esta última es un estado libre asociado de Estados Unidos
desde la guerra con España de 1898, y está sujeta a las leyes
estadounidenses.
Si bien los portorriqueños son ciudadanos
estadounidenses, no tienen voz ni voto en el Congreso.
En términos concretos, el acuerdo EPA-Rossell
significa que el gobierno portorriqueño no deberá convertir
cinco plantas de tratamiento primario de depuración de aguas
servidas al tratamiento secundario hasta el 2020.
La Ley de Agua Potable, que data de 1972,
dispone que el tratamiento primario de aguas servidas no puede
asegurar la protección de la salud pública y el ambiente,
y por lo tanto deben someterse a un segundo tratamiento.
El rechazo del gobierno de Puerto Rico
a esa ley no es una novedad. Ya en 1979 había pedido exceptuar
a 13 de sus plantas depuradoras. De esos pedidos, EPA negó
dos y el gobierno retiró cinco, dejando cinco plantas de tratamiento
que fueron objeto del acuerdo EPA-Rossell.
Durante una visita a Puerto Rico en la
cual firmó el convenio con el gobernador, Fox afirmó que Puerto
Rico carece de los cientos de millones de dólares necesarios
para convertir las plantas de tratamiento a la fase secundaria
y esa segunda depuración no era necesaria.
Según las ambientalistas locales Mary
Ann Lucking y Sara Peisch, el acuerdo es una injusticia ambiental
contra los ecosistemas costeros y el pueblo de Puerto Rico.
''Esta es una sentencia de muerte para
los corales de Puerto Rico'', afirmó Lucking, residente de
la población insular de Culebra y portavoz del grupo CORALations,
que lucha para proteger los arrecifes de la isla.
Lucking dijo que estudios científicos
realizados en la última década demostraron que el tratamiento
secundario es insuficiente en los ecosistemas tropicales costeros
extremadamente delicados y sensibles.
''Por eso, Puerto Rico necesita depuraciones
terciarias o tecnologías especiales para lograr la descarga
cero'', apuntó.
El gobierno arguyó que la primera prioridad
debía ser conectar más residencias al sistema de saneamiento,
dado que casi la mitad de los portorriqueños carecen de ese
servicio. Solo después el gobierno podrá dedicarse a proteger
el ambiente, según ese razonamiento.
Sin embargo, Lucking sostuvo que el acuerdo
EPA-Rossell no tiene nada que ver con el encomiable propósito
de proveer saneamiento a la población.
Peisch, del Centro de Acción Ambiental,
consideró el acuerdo como un golpe a las comunidades que lucharon
durante años para la modernización de las plantas depuradoras
y el acatamiento a la Ley de Agua Potable.
''El arreglo no tiene base legal. Es
solo un acuerdo político entre un gobierno colonial y aquel
de Estados Unidos'', dijo Peisch. ''El gobierno de Puerto
Rico responde a EPA y no al pueblo. Están desvirtuando la
lucha de comunidades que demandan agua potable''.
Lucking cree que el gobierno portorriqueño
podría conseguir el dinero para la conversión de las plantas
de tratamiento sin tener que mendigar al Congreso, que debe
ratificar el acuerdo.
Peisch añadió que el acuerdo con Rossell
es parte de la negligencia de EPA. "La agencia está mostrando
su mala voluntad para hacer cumplir los requerimientos mínimos
de la ley", sostuvo.
"Como en el caso de Vieques, donde por
11 años EPA ha tenido en sus manos un pedido de la marina
estadounidense para que apruebe sus ejercicios de tiro en
esa isla, no hizo nada al respecto porque, para dar ese permiso,
deberá realizar audiencias públicas y hacer llegar la documentación
a la gente de Vieques", dijo.
''Con el arreglo con Rossell, Fox demostró
que no tiene respeto alguno por los procesos democráticos
ocurridos en Puerto Rico'', expresó Peisch. ''Ella prefiere
negociaciones políticas de antecámara...''
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