Va al Ejemplar actual
PNUMAPNUD
Edición Impresa
MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO
 
Inter Press Service
Buscar Archivo de ejemplares Buzón
  Al DIA
Home Page
Ejemplar actual
Reportajes
  Exclusivo para la red
  Análisis
  Grandes Plumas
  Acentos
  Entrevista y P&R
  Ecobreves
  ¿Lo sabías?
  Tú puedes
  Libros
  Galería
Ediciones especiales
Gente de Tierramérica
  ¿Quiénes somos?
  Servicios
  FAQ
Geojuvenil
Espacio de debate hecho por jóvenes y para Jóvenes
Geojuvenil
 

Eduterra
Proyecto educativo

Eduterra

 
Cambio Climático
Proyecto de soporte a negociación ambiental

Cambio Climático

  Inter Press Service
Principal fuente de información
sobre temas globales de seguridad humana
  PNUD
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
  PNUMA
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Noticias


Denuncian golpe mortal a arrecifes de coral

por Carmelo Ruiz-Marrero

SAN JUAN, 30 nov (IPS) El acuerdo entre Puerto Rico y Estados Unidos para exonerar a esta isla de la ley estadounidense de Agua Potable es una sentencia de muerte para los arrecifes de coral portorriqueños, denunciaron grupos ambientalistas.

El acuerdo fue firmado por el gobernador de Puerto Rico, Pedro Rosselló, y Jeanne Fox, directora de la Segunda Región de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos.

La Segunda Región incluye los estados de Nueva York y Nueva Jersey, las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Esta última es un estado libre asociado de Estados Unidos desde la guerra con España de 1898, y está sujeta a las leyes estadounidenses.

Si bien los portorriqueños son ciudadanos estadounidenses, no tienen voz ni voto en el Congreso.

En términos concretos, el acuerdo EPA-Rossell significa que el gobierno portorriqueño no deberá convertir cinco plantas de tratamiento primario de depuración de aguas servidas al tratamiento secundario hasta el 2020.

La Ley de Agua Potable, que data de 1972, dispone que el tratamiento primario de aguas servidas no puede asegurar la protección de la salud pública y el ambiente, y por lo tanto deben someterse a un segundo tratamiento.

El rechazo del gobierno de Puerto Rico a esa ley no es una novedad. Ya en 1979 había pedido exceptuar a 13 de sus plantas depuradoras. De esos pedidos, EPA negó dos y el gobierno retiró cinco, dejando cinco plantas de tratamiento que fueron objeto del acuerdo EPA-Rossell.

Durante una visita a Puerto Rico en la cual firmó el convenio con el gobernador, Fox afirmó que Puerto Rico carece de los cientos de millones de dólares necesarios para convertir las plantas de tratamiento a la fase secundaria y esa segunda depuración no era necesaria.

Según las ambientalistas locales Mary Ann Lucking y Sara Peisch, el acuerdo es una injusticia ambiental contra los ecosistemas costeros y el pueblo de Puerto Rico.

''Esta es una sentencia de muerte para los corales de Puerto Rico'', afirmó Lucking, residente de la población insular de Culebra y portavoz del grupo CORALations, que lucha para proteger los arrecifes de la isla.

Lucking dijo que estudios científicos realizados en la última década demostraron que el tratamiento secundario es insuficiente en los ecosistemas tropicales costeros extremadamente delicados y sensibles.

''Por eso, Puerto Rico necesita depuraciones terciarias o tecnologías especiales para lograr la descarga cero'', apuntó.

El gobierno arguyó que la primera prioridad debía ser conectar más residencias al sistema de saneamiento, dado que casi la mitad de los portorriqueños carecen de ese servicio. Solo después el gobierno podrá dedicarse a proteger el ambiente, según ese razonamiento.

Sin embargo, Lucking sostuvo que el acuerdo EPA-Rossell no tiene nada que ver con el encomiable propósito de proveer saneamiento a la población.

Peisch, del Centro de Acción Ambiental, consideró el acuerdo como un golpe a las comunidades que lucharon durante años para la modernización de las plantas depuradoras y el acatamiento a la Ley de Agua Potable.

''El arreglo no tiene base legal. Es solo un acuerdo político entre un gobierno colonial y aquel de Estados Unidos'', dijo Peisch. ''El gobierno de Puerto Rico responde a EPA y no al pueblo. Están desvirtuando la lucha de comunidades que demandan agua potable''.

Lucking cree que el gobierno portorriqueño podría conseguir el dinero para la conversión de las plantas de tratamiento sin tener que mendigar al Congreso, que debe ratificar el acuerdo.

Peisch añadió que el acuerdo con Rossell es parte de la negligencia de EPA. "La agencia está mostrando su mala voluntad para hacer cumplir los requerimientos mínimos de la ley", sostuvo.

"Como en el caso de Vieques, donde por 11 años EPA ha tenido en sus manos un pedido de la marina estadounidense para que apruebe sus ejercicios de tiro en esa isla, no hizo nada al respecto porque, para dar ese permiso, deberá realizar audiencias públicas y hacer llegar la documentación a la gente de Vieques", dijo.

''Con el arreglo con Rossell, Fox demostró que no tiene respeto alguno por los procesos democráticos ocurridos en Puerto Rico'', expresó Peisch. ''Ella prefiere negociaciones políticas de antecámara...''


Inicio


Copyright © 2000 Tierramérica. Todos los Derechos Reservados