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por Danielle
Knight
WASHINGTON, Dec (IPS) Los proyectos
financiados por agencias de créditos para exportación en los
países en desarrollo dañan el ambiente y los derechos humanos,
afirmó Defensa Ambiental en la víspera de la reunión del Grupo
de los Ocho (G-8) que comenzó hoy en París.
La organización ambientalista estadounidense
detalló en tres estudios publicados simultáneamente el miércoles
el impacto social y ambiental de los proyectos privados financiados
por esas agencias de países industrializados en América Latina,
Africa e Indonesia.
El G-8 (integrado por los siete países
más industrializados del mundo y Rusia) está reunido para
negociar pautas comunes para las agencias de créditos y seguros
para exportación.
En 1999, el G-8 anunció que para el 2001
desarrollaría normas comunes para esas instituciones que ofrecen
préstamos, garantías y seguros a las empresas de sus respectivos
países que desean hacer negocios en naciones en desarrollo.
Grupos ambientalistas que siguen de cerca
el proceso afirman que esas agencias han sido muy lentas en
el desarrollo de pautas ambientales y derechos humanos.
"La falta de normas mínimas pueden convertir
grandes proyectos de infraestructura en países en desarrollo
en bombas de tiempo ecológicas y sociales", advirtió Korinna
Horta, economista de Defensa Ambiental, antes conocida como
Fondo de Defensa Ambiental.
En América Latina, las agencias de créditos
para exportación ejercieron un papel significativo en Bolivia,
Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela.
El valor de los proyectos financiados
por esas instituciones en esos países latinoamericanos aumentaron
de 180 a 8.000 millones de dólares entre 1994 y 1997, y a
15.300 millones en 1998, según el informe sobre América Latina.
En 1997, el Export-Import Bank de Japón
otorgó unos 64 millones de dólares para la construcción de
la planta procesadora de gas natural de Urucú, en la selva
amazónica de Brasil.
El proyecto tiende a aumentar la producción
de petróleo y gas de la compañía estatal Petrobrás en el yacimiento
de Urucú, una densa área de bosques tropicales en la cuenca
del río Amazonas.
Grupos ambientalistas criticaron la construcción
de nuevos caminos asociados con el proyecto.
"Ningún otro factor contribuye más a
la desforestación, la migración descontrolada y la invasión
de áreas protegidas en la Amazonia que la construcción de
nuevos caminos", destaca el informe.
En Africa, los proyectos financiados
por las agencias de créditos para exportación también están
plagados de problemas ambientales, corrupción y conflicto
social.
Cerca de la mitad de los proyectos financiados
por esas instituciones en Africa están relacionados con la
explotación y el desarrollo de yacimientos de petróleo, pero
también financian represas hidroeléctricas, fábricas de acero
y otras plantas de procesamiento.
En Africa occidental, agencias de Suiza
y Alemania ofrecieron garantías de riesgo para las represas
de Manantali y Diama. El proyecto hidroeléctrico fue promovido
por los gobiernos de Malí, Mauritania y Senegal para fines
de irrigación, generación de energía y navegación del río
Senegal.
De acuerdo con Defensa Ambiental, el
proyecto dañó la ecología, la producción agrícola, los bancos
de pesca, la salud pública y la estabilidad política en la
región.
"Los embalses de Manantali y Diama infestaron
los valles del Bafing y el Senegal con enfermedades transmisibles
por el agua". dice el informe.
Además, en Mauritania fueron abrogados
los derechos sobre la tierra de los agricultores negros que
vivieron en la ribera del río por generaciones, y como resultado
"muchos agricultores senegaleses fueron asesinados por mauritanios
en 1989, lo que desencadenó un grave conflicto étnico en Senegal".
En Indonesia, las agencias de créditos
para exportación invirtieron miles de millones de dólares
durante los años 80 en "megaproyectos plagados por la corrupción"
de la familia del ex dictador Alí Suharto, según el grupo
ambientalista.
"Los gobiernos de los países industrializados
han pedido normas comunes para detener esa inversión irresponsable
de dinero público, y en respuesta las agencias se han demorado
lo más posible", criticó Stephanie Fried, una científica de
Defensa Ambiental que se concentra en Indonesia.
Los tres informes de Defensa Ambiental
forman parte de una campaña internacional de organizaciones
ambientalistas y de derechos humanos para reformar las instituciones
de créditos y seguros para exportación.
Las agencias de créditos para exportación
son actualmente las mayores instituciones financieras públicas
internacionales, y en conjunto superan en tamaño al Grupo
Banco Mundial.
Sin embargo, a diferencia del Banco Mundial,
la mayoría de esas instituciones no tienen normas sociales
ni ambientales.
"Esas agencias utilizan los fondos de
los contribuyentes para financiar proyectos como la represa
de Tres Gargantas en China, que otras instituciones, incluso
el Banco, no financiarían debido a los riesgos sociales y
ambientales", dijo Horta.
El Export-Import Bank y la Corporación
de Inversión Privada en el Exterior de Estados Unidos son
dos de las escasas agencias de créditos para exportación que
poseen pautas ambientales.
Estados Unidos exhortó a otros países
a acordar normas comunes para que esas instituciones financieras
no terminen por estimular la ausencia o el debilitamiento
de las normas ambientales y de derechos humanos.
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