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por Yadira
Ferrer
SANTAFE DE BOGOTA, dic
(IPS) La ejecución del Plan Colombia, definido por el gobierno
como una estrategia antidrogas y de desarrollo, profundizó
el conflicto armado interno y sus consecuencias afectan a
los países vecinos.
El canciller colombiano Guillermo
Fernández y la embajadora de Estados Unidos en este país,
Anne Patterson, pusieron en marcha este programa el 28 de
septiembre con la firma de un convenio para el desembolso
de 800 millones de dólares de ayuda a la lucha contra el narcotráfico.
La suscripción el 2 de este mes
del primer acuerdo con una comunidad campesina del departamento
de Putumayo, en el sudeste del país, para la erradicación
manual de cultivos ilícitos, fue considerada por la revista
Cambio también punto de partida del Plan Colombia.
El presidente Andrés Pastrana comenzó
su mandato en agosto de 1998 con el propósito de avanzar en
el camino de la paz a través de negociaciones con la guerrilla,
la recuperación económica y social del país, el fortalecimiento
de la justicia y el respeto de los derechos humanos, y el
enfrentamiento al narcotráfico.
Esas cuatro líneas de acción llevaron
a Pastrana a iniciar contactos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC), el principal grupo rebelde del país, que
permitieron instalar una mesa de diálogo a comienzos de 1999.
Tras ello emprendió su primer
viaje a Washington en busca de asistencia para su lucha contra
el tráfico de drogas, pero allí "le cambiaron el libreto",
según Marco Romero, de Iniciativa Paz Colombia, que nuclea
desde septiembre a unas 60 organizaciones no gubernamentales
que buscan alternativas al programa antidrogas.
Las conversaciones de Pastrana
con líderes del Congreso de Estados Unidos y, en especial,
con el jefe de la oficina de política nacional contra las
drogas de la Casa Blanca, Barry McCaffrey, dieron como fruto
el Plan Colombia.
Este plan, que los dos gobiernos
definen como "una estrategia integral para la construcción
de la paz, el fortalecimiento de las instituciones y la lucha
contra el narcotráfico", es calificado por Romero de "plan
para la guerra".
Romero explicó que el "cambio de
libreto se observa en el destino de la ayuda especial definida
por el Congreso estadounidense" a pedido del presidente Bill
Clinton.
El costo total del programa bandera
del presidente Pastrana es de 7.000 millones de dólares, 4.000
millones de los cuales son aportados por el Estado y unos
1.300 millones por Estados Unidos, en lo que es la mayor ayuda
de ese país a Colombia en su historia.
El resto espera ser financiado
por donaciones y créditos de países amigos y de organismos
multilaterales. En la primera mesa de aportantes realizada
este año en Madrid se recibieron recursos por 871 millones
de dólares de España, Japón, Canadá y organismos financieros
internacionales.
La Unión Europea (UE), de la cual
se esperaba que llegara la ayuda faltante, anunció el 24 de
octubre un aporte de apenas 300 millones de dólares, a ser
desembolsados entre 2000 y 2006, pero destinado sólo a obras
de infraestructura y desarrollo social en zonas afectadas
por la erradicación de cultivos ilícitos.
Respecto de la asistencia estadounidense,
cerca de 70 por ciento es para financiar, entrenar y dotar
de pertrechos a los batallones antinarcóticos del ejército
que operan en el sudeste del país, zona de gran presencia
de las FARC y en la que se produce 60 por ciento de la hoja
de coca colombiana.
La secretaria de Estado de Estados
Unidos, Madeleine Albright, y el propio McCffrey aseguraron
en el Congreso de su país, al defender el pedido de ayuda,
que es para "restablecer el orden en el sudeste de Colombia".
McCffrey agregó que el narcotráfico
y sus vínculos con la guerrilla se han convertido en problema
de seguridad para el resto de América, en especial para Estados
Unidos.
Esas expresiones fundamentan la
opinión de Romero de que la estrategia estadounidense conduce
necesariamente al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas colombianas,
"que difícilmente podrían obtener ayuda externa de otra manera".
El activista de Iniciativa Paz
Colombia sostuvo que el componente militar del plan antidrogas
de Pastrana llevó a "una 'narcotización' del tema de la paz"
y a un agravamiento de la guerra, ya que la guerrilla responderá
aumentando también su capacidad militar.
Por su parte, Jorge Rojas, director
de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento,
cree que el Plan Colombia "responde a una estrategia de largo
plazo, alcance continental y objetivos muy precisos" de Estados
Unidos.
Rojas dijo a IPS que, con el pretexto
de la lucha antidrogas, se están poniendo en juego el control
territorial, la explotación de los recursos naturales y la
biodiversidad amazónica en beneficio de Estados Unidos.
El experto considera que el Plan
Colombia no es una estrategia para la paz, porque "el solo
anuncio contribuyó a un inusitado aumento de la actividad
armada" en el departamento de Putumayo, que ocasionó el desplazamiento
forzoso de miles de campesinos al exterior.
Informó que más de 12.000 personas
cruzaron las fronteras hacia Ecuador, Perú y Venezuela entre
enero y septiembre, lo cual ha llevado a que estos países
militaricen las zonas limítrofes con Colombia.
Para Rojas, la erradicación manual
de cultivos ilícitos no puede considerarse el eje del plan
antidrogas de Pastrana, ya que el compromiso real es la destrucción
de las grandes plantaciones y el combate contra los grupos
vinculados al tráfico de estupefacientes.
El acuerdo para la erradicación
manual de cultivos de coca firmado el día 2 involucra a 600
familias dueñas de 1.580 hectáreas, que forman parte de más
de 70.000 que hay sembradas en Putumayo. El total de cultivos
en Colombia sobrepasa las 120.000 hectáreas.
El coordinador de las Organizaciones
Indígenas de Cuenca Amazónica, Antonio Jacanamijoy, señaló
que la erradicación manual de cultivos "podría ser una buena
medida" si se hace en forma concertada con las comunidades,
se cumplen los compromisos pactados y se brindan otras opciones
de desarrollo.
Jacanamijoy, de la etnia de los
Inga que habitan en Putumayo, dijo a IPS que esa comunidad
rechaza el Plan Colombia porque no fue consultada y porque
no da respuesta a las necesidades de la población.
Putumayo, con unos 350.000 habitantes,
es un departamento que en los años 50 recibió la colonización
impulsada por los cultivos de caucho, en los 80 por la prospección
petrolera y ahora por los cultivos de coca.
Sin embargo, fue una zona abandonada
a su suerte por el Estado que hoy se disputan la guerrilla
izquierdista y los paramilitares de derecha, explican los
expertos.
Según Jacanamijoy, "la discusión
sobre el Plan Colombia es larga y somos los habitantes de
Putumayo los que sufrimos la guerra en medio de necesidades
elementales, como la falta de alimentos, de vías de comunicación,
de servicios de salud y de educación".
Al respecto, el delegado de la
UE a la segunda mesa de donantes convocada en Bogotá, Renaud
Vignal, aseguró que el aporte del bloque es una contribución
sustancial orientada a "lo social y a la institucionalidad
democrática" para sustentan los esfuerzos pacificadores del
presidente Pastrana.
La UE entiende que en Colombia
hay un conflicto político que requiere una salida y apoyan
la solución negociada, pero "no se pelearán con Estados Unidos,
su principal socio comercial por el tema del Plan Colombia",
explican analistas.
Jaime Zuluaga, investigador del
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales
de la Universidad Nacional, comentó que las reservas de algunos
países de la UE respecto del Plan Colombia "son bastante previsibles".
El experto opinó que "la propuesta
del plan de Pastrana se orienta fundamentalmente al incremento
de la guerra en el país".
En ese marco, "es importante para
los europeos" el hecho de que el proyecto del gobierno colombiano
no tuvo en cuenta la opinión de las organizaciones sociales
ni políticas, ni a los grupos rebeldes que piensa incorporar
al proceso de paz.
Iniciativa Paz Colombia entiende
que la estrategia gubernamental va a afectar severamente a
los pequeños productores, el eslabón más débil en la cadena
de producción y comercialización de drogas.
Por su parte, Acción Andina, dedicada
a estudiar el narcotráfico en Colombia, Perú y Bolivia, y
Transnational Institute, con sede en Amsterdam, afirmaron
que la erradicación de cultivos ilícitos requiere "una propuesta
integral".
La estrategia debe ser concertada
con las comunidades, para lograr romper el circuito "de las
drogas y la economía de guerra de los actores armados", que
son los verdaderos motores de la actividad ilícita, explicaron
los grupos no gubernamentales.
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