|
por Rubén
Armendáriz
CARACAS, ene (IPS) La inseguridad
es la principal preocupación en Venezuela. Más de cien personas
son asesinadas cada fin de semana, y hay un auge tanto de
las ejecuciones sumarias por parte de los cuerpos de seguridad
como de los linchamientos de delincuentes en los barrios populares
de esta capital.
Más de 7.000 personas habían sido asesinadas
durante el año 2000, sólo hasta mediados de noviembre.
Más de 42 por ciento de la población
afirma que el principal problema del país -y también el suyo
propio- es la inseguridad, según una encuesta de la consultora
Datanálisis.
Venezuela Posible, una organización no
gubernamental, reclamó a la Defensoría del Pueblo que convoque
a todas las instancias del gobierno para orientar todos los
recursos humanos, técnicos y financieros a detener el derramamiento
de sangre.
El diputado oficialista Carlos Tablante,
afirmó que el gobierno debe declarar una emergencia en materia
de seguridad ciudadana, en atención al intolerable número
de muertes durante los fines de semana y los informes sobre
ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad
del Estado.
El arzobispo Baltazar Porras, presidente
de la Conferencia Episcopal Venezolana, afirmó que no es responsabilidad
sólo del gobierno emprender acciones para enfrentar el alto
índice delictivo en el país, porque son muchos los actores
sociales involucrados que deben colaborar para resolver el
problema.
Porras expresó que debe investigarse
si existe una política de exterminio de delincuentes por parte
de órganos de seguridad del Estado, en tanto consideró que
los linchamientos constituyen un problema muy complejo.
Jaqueado por denuncias y estadísticas,
el ministro de Interior y Justicia, el coronel retirado Luis
Alfonso Dávila, anunció la realización una campaña nacional
para la prevención del delito.
A través de contratos con empresas y
fundaciones se llevará a cabo un programa de educación para
la convivencia y participación ciudadana en procesos de desarrollo
y se realizará una encuesta nacional para determinar las razones
que determinan la situación de violencia en Venezuela y poder
atacarla, informó.
"Tenemos que luchar contra la delincuencia,
pero manteniendo blindada nuestra Constitución, que es una
de las más avanzadas del mundo en materia de derechos humanos",
declaró Tablante.
Entre las medidas propuestas por el parlamentario
figura un desarme general, "porque hay un exceso de portes
de armas, incluso en manos de gente acusada de crímenes, lo
que muestra que en muchos niveles hay una asociación entre
delincuentes y funcionarios".
Ante las exigencias de investigar a presuntos
escuadrones de la muerte, el Fiscal General, Isaías Rodríguez,
respondió que mientras estuvo en el gobierno como vicepresidente
nunca se discutió una política de exterminio de delincuentes
y "si alguien lo hubiera planteado, hubiese sido rechazada",
aseguró.
En el primer semestre del 2000, fueron
abatidos por los cuerpos de seguridad del Estado más de 500
presuntos delincuentes, una cifra que llamó la atención a
la Defensoría del Pueblo, que alertó sobre el peligro de las
ejecuciones sumarias o extrajudiciales.
El criminólogo Javier Gorriño destacó
el cambio de actitud de la sociedad ante el delincuente, que
antes lo veía incluso como "un Robin Hood que ayudaba a gente
de la comunidad para que no se le señalara", mientras ahora
se produce "el linchamiento de los 'malandros' en los barrios".
Gorriño aseguró que más del 90 por ciento
de las muertes son producto de peleas entre bandas, por el
control de una zona para la distribución de droga.
Otro criminólogo, Fermín Mármol León,
ex director de la PTJ y ex ministro de Justicia, señaló tres
factores para el incremento de la delincuencia: un mayor consumo
de drogas, la impunidad y el odio social.
Inicio
|
