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"Las normas neoliberales para desregular
los mercados de capital, combinadas con las nuevas tecnologías
de telecomunicaciones, han abierto nuestros mercados a los
caprichos de los capitales volátiles", declaró la Alianza
para el Comercio Responsable.
La alianza está integrada, entre
otros grupos, por la organización ambientalista Amigos de
la Tierra, el Grupo de Desarrollo para Políticas Alternativas
y la poderosa federación sindical estadounidense AFL-CIO.
La coalición forma parte de una
federación más amplia de grupos americanos de la sociedad
civil conocidos como la Alianza Social Hemisférica, que celebrará
un foro paralelo a la Cumbre de las Américas llamado Cumbre
del Pueblo.
La Cumbre de las Américas reunirá
del 20 al 22 de este mes a los jefes de Estado de 34 de los
35 países americanos (todos excepto Cuba) en Quebec, Canadá,
para acelerar las negociaciones sobre la propuesta Area de
Libre Comercio de las Américas (ALCA).
El ALCA será el mayor bloque comercial
del mundo a partir del año 2005, con un mercado de 745 millones
de personas. Sus promotores pretenden adelantar la creación
del bloque para 2003.
Pero la Alianza para el Comercio
Responsable sostiene que el nuevo acuerdo comercial dará demasiado
poder a las empresas transnacionales.
Por ejemplo, el representante comercial
de Estados Unidos "respalda la polémica 'cláusula de los estados
inversores', contenida en el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLC) y en el fracasado Acuerdo Multilateral
sobre Inversiones", señaló Karen Hansen-Kung, del Grupo de
Desarrollo para Políticas Alternativas, de Washington.
Dicha cláusula otorga a las empresas
multinacionales un estatuto legal antes reservado a los países
que les permite impugnar leyes locales o nacionales que obstruyan
la libre competencia.
Las propuestas de Estados Unidos
para las negociaciones del ALCA también son similares a las
del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS, por
sus siglas en inglés) de la Organización Mundial del Comercio,
actualmente en negociación en Ginebra.
La redacción de esas cláusulas
es muy vaga y hace que el ALCA abarque todos los servicios
brindados por gobiernos centrales, regionales o locales, si
son ofrecidos sobre una base comercial.
Esto significa, por ejemplo, que
el sector de las escuelas privadas en cada país miembro debería
abrirse a proveedores de los restantes países para permitir
la "libre competencia", a menos que el país restrinja esa
área.
Además, Estados Unidos es partidario
de un enfoque "vertical" en la negociación de los servicios,
que exigiría a los países negociar la exoneración de un servicio
en particular de las normas del ALCA, en lugar de simplemente
elaborar una lista, como en el GATS.
"Esto agrega una gran presión sobre
los países", observó Ruth Caplan, de la Alianza para la Democracia,
que se ocupa de asuntos comerciales de Estados Unidos.
La Alianza Social Hemisférica
no sólo se opone al ALCA, sino que ha presentado una propuesta
alternativa, llamada Alternativa para las Américas.
El documento, que formará la base
de las discusiones de la Cumbre del Pueblo, propone un mecanismo
para transferir recursos a los miembros más pobres del ALCA.
Por ejemplo, propone la cancelación
de la deuda externa de los países americanos más pobres por
parte de las economías más fuertes.
"Cada acuerdo entre países en diferentes
niveles de desarrollo debe incluir mecanismos compensatorios
de financiación para permitir la competitividad que la integración
implica y financiar programas sociales", propone la Alternativa
para las Américas.
"Este mismo enfoque fue adoptado
en la Unión Europea, donde los países más ricos canalizaron
ayuda para el desarrollo a España, Portugal, Grecia e Irlanda
para acercar su nivel de vida al de otros estados miembros",
agrega.
Al menos, la deuda bilateral y
multilateral de los países de bajos ingresos identificados
por el movimiento internacional Jubileo 2000 debería ser anulada
de inmediato, según la Alternativa. Esos países incluyen a
Bolivia, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Perú.
En Estados Unidos, los sindicatos
también están alertas al ALCA, temerosos por la apertura de
las empresas nacionales a la mano de obra barata de otros
países americanos.
La mayoría de los estadounidenses
admiten que el libre comercio produce precios más bajos y
mayor variedad de productos, pero creen que los costos (pérdida
de empleos y reducción salarial) son mayores que los beneficios,
reveló un estudio del Instituto de Economía Internacional,
un gabinete de estrategia con sede en Washington.
La AFL-CIO, que representa a más
de 13 millones de trabajadores, afirmó que la Oficina del
Representante Comercial de Estados Unidos fracasó en sus esfuerzos
por garantizar la inclusión de normas laborales en el ALCA.
"La utilización del trabajo forzado
e infantil es una forma inaceptable de competencia", como
también es inaceptable "reducir los aranceles a cero para
aquellos países que violan los derechos de los trabajadores",
dijo Thea Lee, de la AFL-CIO.
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