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El "tráfico ilegal de material
radiactivo, una parte importante del cual se dirige a los
países del Sur, constituye un negocio de gigantescas proporciones,
que sólo en Italia alcanza a más de 7.000 millones de dólares",
dijo a IPS Massimo Scalia, presidente de la comisión investigadora
del parlamento italiano.
Scalia detalló que cada nave cargada
con esa basura representa una ganancia de alrededor de cinco
millones de dólares.
La justicia italiana investiga
el tráfico dirigido al Sur en desarrollo, en particular hacia
países africanos como Somalia, Sudán, Eritrea, Argelia y a
otras regiones.
Los elementos recogidos en las
dos investigaciones más importantes que procesa la justicia
en la actualidad, en Milán y en Asti, al norte del país, y
los compilados por la comisión parlamentaria demuestran que
el tráfico se encuentra hoy en plena actividad.
Las maneras de deshacerse en forma
ilegal de la basura peligrosa, según esas investigaciones,
es lanzando el material al fondo del mar en cilindros metálicos
especiales o por el naufragio voluntario de la embarcación
que la transporta, presentándolo como un accidente.
Algunos de estos accidentes marítimos
son investigados por la compañía aseguradora inglesa Lloyd.
Maurizio Dematteis, experto de
una organización no gubernamental, afirmó que ya hay más de
600.000 toneladas de material radiactivo depositadas en el
fondo del océano Atlántico lo largo de la costa del Sahara
occidental.
También aseguró que en Somalia
existen tres depósitos ilegales gigantescos, considerados
entre los más grandes del mundo.
En Somalia se trabaja con estos
residuos sin ningún tipo de protección, ni siquiera guantes.
Los trabajadores no saben de qué se trata y, en caso de fallecimiento,
a sus familiares los callan con un poco de dinero, añadió.
Dematteis cree que incluso la muerte
de la joven periodista Ilaria Alpi, de la televisión estatal
italiana RAI, que provocó gran impacto en la opinión pública,
está relacionada con el tráfico de residuos radiactivos y
de armas.
Alpi fue asesinada el 20 de marzo
de 1994 en Somalia, al parecer luego de descubrir aspectos
de ese comercio ilegal.
Mientras, la Cámara de Diputados
de Italia no logró aún transformar en ley un proyecto, que
ya tiene la aprobación del Senado, por el cual se tipifica
el delito penal de "organización de tráfico ilegal de basura",
actividad que hoy sólo se sanciona en forma administrativa.
La actividad legislativa italiana
está suspendida en espera de las elecciones parlamentarias
del 13 de este mes.
La legislación vigente no permite
actuar a la justicia con eficacia frente al tráfico de desechos
radiactivos, porque las contravenciones prescriben entre los
tres y cuatro años y medio después de denunciado el hecho.
El fiscal Giovanni Tarditi explicó
que por lo general se sanciona sólo con multas, que además
no son muy altas, al menos con relación a las ganancias que
deja el comercio ilegal de basura radiactiva.
Por su parte, el inspector de la
policía judicial Gianni De Podestá, empeñado en la lucha contra
la llamada "ecomafia", expresó que a menudo nos vemos obligados
a recurrir a la imputación del delito de evasión fiscal para
detener a los traficantes.
"Las pruebas acumuladas en meses
de investigación a menudo no son suficientes, lo cual cambiará
cuando el delito sea castigando penalmente", precisó.
Las nuevas rutas del tráfico ilegal
de residuos tóxicos de los países industrializados se dirigen
en especial a Mozambique, según la llamada comisión Scalia,
en referencia al nombre de su presidente.
Expertos también consideran que
otro posible terreno de expansión en el futuro para la recepción
de estos materiales serán los países del Este europeo, donde
ya se han descubierto residuos radiactivos en el fondo del
mar Negro, cerca de la costa rumana.
El informe de la organización ecológica
Ligambiente 2001 señala que Italia es un punto de partida
y de tránsito de basura peligrosa hacia Somalia, Malawi, Zaire,
Sudán, Eritrea, Argelia, entre otros, y últimamente Mozambique.
El tráfico de basura, radiactiva
o no, es sólo el corolario de otras actividades ilegales,
como el lavado de dinero y el tráfico de armas y de droga,
expresa Ligambiente.
Los países pobres son por lo tanto
víctimas de este tráfico ilegal de residuos, que constituye
una amenaza a su patrimonio de biodiversidad y de cultura
y perjudica sus posibilidades de desarrollo, manifestó Dematteis.
De esta manera se revela una vez
más la capacidad de las organizaciones criminales de encarar
continuamente nuevos negocios ante una comunidad internacional
que no está preparada para combatirlas.
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