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Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, premiados
por organizaciones humanitarias, podrían recobrar la libertad
si el juez actuante aceptase que la confesión de culpabilidad
fue arrancada bajo tortura, dijo el jueves a IPS el abogado
Jorge Fernández, del grupo Agustín Pro Juárez, que defiende
a los acusados.
Montiel y Cabrera, que en 1988 fundaron
una organización para oponerse en el meridional estado de
Guerrero a la tala de bosques y promover el uso sustentable
de éstos, fueron detenidos por militares en mayo de 1999.
Los dos campesinos aseguran que sus captores
sembraron pruebas en su contra, luego de amenazarlos y torturarlos
para que se declarasen culpables de posesión de armas y cultivo
de marihuana.
Los militares sólo cumplieron instrucciones
de empresas madereras, sostienen los acusados, dos campesinos
pobres que sólo lograron cursar los primeros años de escuela.
Un tribunal de Guerrero pidió el miércoles
al juez que condenó a Montiel y Cabrera revisar el caso a
la vista de un elemento de prueba que había desechado: el
certificado de salud que demuestra que ambos fueron torturados.
La recomendación del tribunal es la última
esperanza de los ambientalistas para obtener su libertad,
pues en las dos primeras instancias fueron condenados a penas
entre seis y 10 años de prisión.
Organizaciones humanitarias mexicanas
y extranjeras han advertido que demandarán al gobierno y al
Poder Judicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
si los campesinos no son puestos en libertad.
Montiel y Cabrera recibieron en la cárcel
de Guerrero varios reconocimientos. Los más importantes procedieron
de Estados Unidos, y son el premio ambientalista Goldman,
considerado del Nobel de la ecología y dotado de 125.000 dólares,
y el Chico Mendes, que también distinguió su defensa del ambiente
natural.
Además, llegan a las oficinas de la Presidencia
desde el año pasado decenas de cartas de varios puntos del
mundo para solicitar su liberación.
El presidente Vicente Fox, en funciones
desde diciembre, designó en abril un grupo de trabajo para
analizar el caso, cuyos integrantes apoyaron en forma y fondo
el último pedido de liberación que presentaron los abogados
defensores de Montiel y Cabrera al tribunal de Guerrero.
Además, el secretario (ministro) de
Medio Ambiente, Víctor Lichtinger, visitó a los campesinos
en la cárcel y les ofreció su solidaridad.
No obstante, la Procuraduría General
(fiscalía) se opuso al pedido de liberación e insistió en
sus acusaciones.
"Hay una contradicción en el gobierno
respecto a este caso. Por un lado, insinúa que Montiel y Cabrera
sufren una injusticia, pero otro la Procuraduría insiste en
las acusaciones", señaló a IPS Mario Patrón, también abogado
de los campesinos.
Los grupos humanitarios y los ambientalistas
atribuyen la actitud de la Procuraduría a su actual titular,
el general Rafael Macedo, quien fue procurador de justicia
militar durante el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000).
Parece que un militar como Macedo no
puede ni quiere aceptar que sus subalternos armaron en Guerrero
un caso con base a torturas y siembra de pruebas, comentó
Patrón.
Amnistía Internacional y Sierra Club,
así como otros grupos internacionales, que consideran a Montiel
y Cabrera presos de conciencia, trabajan desde el exterior
en procura de la libertad de los inculpados.
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