Reportajes
PNUMAPNUD
Edición Impresa
MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO
 
Inter Press Service
Buscar Archivo de ejemplares Audio
 
  Home Page
  Ejemplar actual
  Reportajes
  Análisis
  Acentos
  Ecobreves
  Libros
  Galería
  Ediciones especiales
  Gente de Tierramérica
                Grandes
              Plumas
   Diálogos
 
Protocolo de Kyoto
 
Especial de Mesoamérica
 
Especial de Agua de Tierramérica
  ¿Quiénes somos?
 
Galería de fotos
  Inter Press Service
Principal fuente de información
sobre temas globales de seguridad humana
  PNUD
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
  PNUMA
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
 
Reportajes


Inesperado aplauso verde para Bush

Por Danielle Knight*

Estados Unidos exige normas ambientales más estrictas para las agencias de fomento a exportaciones de los países industrializados, una propuesta que cuenta con el apoyo de los grupos ecologistas. El tema se debatirá en la Cumbre del G-8.

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, frecuente blanco de críticas ambientalistas, recibió un inesperado elogio por la política "verde" que intenta imponer a las agencias oficiales que financian las exportaciones del Norte industrial.

"El gobierno (de Bush) debe ser aplaudido", dijo Brent Blackwelder, presidente de la organización Amigos de la Tierra.

Bush rechazó esta semana los lineamientos para la actividad de las agencias gubernamentales de financiamiento a las exportaciones propuestos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que incluye entre sus 29 miembros a todos los países industrializados.

Esas agencias, entre ellas el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) y el de Japón, el alemán Hermes Kreditversicherungs y la Compañía Francesa de Seguros de Comercio Exterior (Coface), suministran préstamos, garantías y seguros a empresas de sus países para ayudarlas a competir en sus operaciones extranjeras.

El Exim Bank estadounidense cuestionó el proyecto de la OCDE por carecer de normas de salvaguardia tan estrictas en materia ambiental como, por ejemplo, las establecidas por el Banco Mundial, entre otras organizaciones financieras multilaterales.

El banco reclamó una reelaboración de la propuesta, de modo que establezca la difusión pública de la información ambiental sobre los proyectos bajo estudio de las agencias de fomento a las exportaciones.

Organizaciones verdes habían manifestado que, si carecían de acceso a esa información, les resultaría imposible hacer responsables a las agencias, en caso de daños ambientales.

"El lenguaje ambiguo y débil de la propuesta de acuerdo de la OCDE legitimaría la aplicación de criterios ambientales divergentes por parte de las distintas agencias de financiamiento de exportaciones", dijo el Exim Bank en una declaración.

Esa divergencia daría origen a "un campo de juego desnivelado entre exportadores de distintos países", y constituiría una señal de que el ambiente no figura entre las preocupaciones de los países industrializados, agregó el organismo gubernamental estadounidense.

Los ambientalistas aplaudieron al gobierno de Bush por esta posición, pero reiteraron su oposición al respaldo brindado por las agencias en cuestión por su fomento al uso de combustibles fósiles, que liberan en la atmósfera gases invernadero, causantes del recalentamiento planetario.

"A menos que el Exim Bank deje de alentar el uso de combustibles fósiles en todo el mundo y comience a invertir en fuentes de energía limpias, Estados Unidos no será un verdadero líder en materia de reformas a las agencias de fomento a las exportaciones", dijo Blackwelder.

No hay normas que impidan a estas agencias, de vasto alcance, competir por la financiación de proyectos peligrosos para el ambiente o socialmente negativos en los países en desarrollo.

Washington procura establecer regulaciones comunes para las agencias, pues el Exim Bank y las empresas estadounidenses están sujetas a normas estrictas, entre ellas evaluaciones ambientales obligatorias, que las dejan en desventaja ante sus principales competidoras.

Además de Estados Unidos, sólo Australia y Gran Bretaña tienen regulaciones ambientales para sus agencias de promoción de las exportaciones.

En los últimos cuatro años, Estados Unidos impulsó negociaciones en la OCDE para adoptar normas comunes aplicables a los proyectos promovidos por los países del grupo.

Pero las naciones europeas, sobre todo Alemania y Austria, se resisten a la idea. Según un mandato del Grupo de los Siete (G-7) países más industrializados, las agencias de las potencias mundiales deben adoptar las normativas del Banco Mundial o redactar normas propias.

La semana próxima, durante la cumbre de los líderes del G-7 y Rusia en Génova, Italia, se deberá alcanzar un acuerdo.

Entre 1994 y el primer trimestre de 1999, 216 mil 600 millones de los 373 mil millones de dólares desembolsados por esas agencias de Europa, Canadá, Estados Unidos y Japón se destinaron a la generación de electricidad con combustibles fósiles, a los sectores del petróleo y el gas y a la industria petroquímica, según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI).

Los principales proyectos así financiados se radicaron en algunos de los principales emisores de gases invernadero entre las naciones en desarrollo: Brasil, China, India, Indonesia y México, dijo Crescencia Maurer, investigadora del WRI.

Esas inversiones no están equilibradas con el financiamiento de proyectos de fuentes renovables de energía o de uso eficiente de la energía, agregó Maurer.

En los últimos años, los Exim Bank de Estados Unidos y de Japón, el Coface francés, el Hermes alemán y el Instituto para Servicios de Seguro de Comercio Exterior de Italia, entre otras agencias del mundo industrial, subsidiaron alrededor de 10 por ciento del comercio mundial, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las organizaciones ambientalistas sostienen que sin regulaciones comunes, el impacto de los proyectos en Africa, Asia y América Latina seguirá siendo ambiental y socialmente destructivo.

"La falta de normas mínimas puede llevar a que grandes obras de infraestructura se conviertan en bombas de tiempo ecológicas y sociales", dijo Korinna Horta, economista de la organización no gubernamental Defensa Ambiental, con sede en Washington.

Uno de esos casos es la represa hidroeléctrica de Ilisu, en Turquía. Al menos siete agencias financieras estudian ampliar su respaldo para la represa más grande del país, cuyo costo sería de mil millones de dólares.

La obra contendría las aguas del río Tigris cerca de las fronteras con Iraq y Siria, y permitiría a Turquía bloquear la corriente que fluye hacia Iraq. Además, desplazaría a una población de 15 mil kurdos, que se oponen al proyecto, e inundaría algunos valiosos sitios arqueológicos.

Este plan viola cinco normas del Banco Mundial, así como previsiones centrales de la Convención de Naciones Unidas sobre Protección y Utilización de Cursos de Agua Transfronterizos y Lagos Internacionales, de 1992, según Amigos de la Tierra.

Las agencias de promoción de exportaciones suelen financiar proyectos rechazados por el Banco Mundial y otras instituciones públicas bilaterales y multilaterales, no sólo por razones sociales y ambientales, sino también por motivos económicos.

El ejemplo más conocido es la represa de las Tres Gargantas, en China, a la que sus críticos califican como "el Chernobyl de la energía eléctrica". La obra inundará miles de hectáreas de tierras agrícolas y yacimientos arqueológicos, y desplazará a dos millones de personas.

En 1996, agencias de Canadá, Suiza, Alemania y Japón pujaron por lograr la financiación del proyecto, rechazado por el Banco Mundial y el Exim Bank, debido a potenciales problemas ambientales, riesgos políticos y la dudosa solidez financiera de la obra.

* La autora es corresponsal de IPS.

De nuestros archivos:


Copyright © 2001 Tierramérica. Todos los Derechos Reservados
 

Crédito: Photo Stock
 
Crédito: Photo Stock

Enlaces Externos

Amigos de la Tierra

OCDE en línea

Exim Bank, EE.UU.

Tierramérica no se responsabiliza por el contenido de los enlaces externos