Los representantes de las Redes de Organizaciones no Gubernamentales de América Latina y el Caribe, en su reunión regional, previa a la Conferencia Preparatoria de los Gobiernos de América Latina, para la Cumbre de Johannesburgo 2002 sobre Desarrollo Sostenible, declaran que:
*Reconocen la vigencia de los principios y objetivos de la Declaración de Río, y la Agenda 21 para implementar el Desarrollo Sustentable. Pero constatan de que a pesar que los gobiernos han asumido los objetivos del desarrollo Sustentable en el discurso, en la práctica hay retrocesos en la implementación de políticas para el logro de la equidad social y la sustentabilidad ambiental en nuestra región y a nivel mundial.

El incumplimiento de los compromisos de Río ha agravado la crisis socioambiental; ha elevado los niveles de vulnerabilidad e incertidumbre y ha generado una mayor fragilidad de la democracia en el planeta. Simultáneamente, la creciente globalización económica y expansión de los mercados se ha dado desarrollado bajo condiciones que atentan contra los principios e implementación del desarrollo sustentable.

*En el Plano Socioeconómico, la pobreza y la inequidad en la distribución del ingreso, continúan siendo un indicador de creciente insustentabilidad social. El aumento del desempleo de 5.8% a 8,5% en el sector formal en la última década, además de la informalidad laboral de más de 50% de la población activa y el aumento de la precariedad del empleo dificultan un mejoramiento de la situación.

La creciente marginalidad social, que polariza a nuestras sociedades, amenaza la convivencia social y genera violencia y vulnerabilidad. El aumento de las desigualdades y de la pobreza atentan contra la sustentabilidad. El volumen creciente e insostenible de la deuda externa de muchos países de la región se ha convertido en un obstáculo insalvable para revertir esta situación y avanzar hacia el desarrollo humano.
Los desafíos para una sana convivencia regional y mundial requieren la apertura de un dialogo amplio y de nuevos espacios de participación de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre el desarrollo.

*En el Plano Político, el actual modelo de desarrollo, caracterizado por una globalización excluyente, y la aplicación de un modelo político neoliberal, no ha garantizado ni puede garantizar el desarrollo sustentable, pues ha provocado una mayor fragilidad institucional y la perdida de autonomía de los estados nacionales para responder a las necesidades de la población.
*Revertir esta situación requiere concretar una democracia participativa que permita la integración de la sociedad civil en el diseño, planificación, ejecución y control social de los proyectos, programas y políticas de desarrollo local, nacional e internacional.

*Adicionalmente, reafirmamos la necesidad de reactivar y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Agenda 21, tales como los Consejos Nacionales de Desarrollo Sustentable abiertos a una participación más amplia, los Consejos Nacionales y Locales del Ambiente y otras instancias de concertación social para la implementación del desarrollo sustentable.

*En el Plano Ambiental, la aceleración del proceso de globalización económica continúa agravando el deterioro de los componentes ambientales básicos del planeta. Ello provoca creciente degradación de la calidad de vida, y la vulnerabilidad creciente de las poblaciones rurales y urbanas; situación que se agudiza para los sectores más pobres y comunidades agrícolas, que enfrentan condiciones cada vez más difíciles para mantener los procesos agrícolas y la reproducción de los ecosistemas naturales.

Los gobiernos deben concretar urgentemente un conjunto de acciones concertadas que posibiliten rescatar, preservar y mantener los equilibrios que aseguren la continuidad de la vida en el planeta. Estos desafíos exigen fortalecer mecanismos de decisión consensuados entre gobiernos y sociedad civil para disponer los recursos que permitan concretar la sustentabilidad ambiental.

Biodiversidad
La biodiversidad es la base del equilibrio ecológico del planeta. Nuestros gobiernos deben reconocer la conservación de la biodiversidad como un aspecto integral del desarrollo y de la planificación del desarrollo regional y nacional, así como del mantenimiento de la diversidad étnica y cultural.

Deben por ello garantizar los derechos de las comunidades a sus territorios y al aprovechamiento de la biodiversidad, y desarrollar medidas efectivas para la protección y fomento de sus culturas. Así mismo deben vincular las políticas de conservación de la biodiversidad con las de superación de la pobreza, especialmente de comunidades locales que viven alrededor de áreas protegidas y en zonas ricas en biodiversidad, a través del uso sustentable de los recursos.

*Rechazamos los derechos de propiedad intelectual sobre seres vivos y apoyamos la protección de los derechos intelectuales colectivos de las comunidades locales y su capacidad de innovación.

*Exigimos aplicar el principio precautorio, para evitar la producción, importación, siembra y consumo de organismos transgénicos, que provocan contaminación genética, amenazan la economía campesina y atentan contra la soberanía y la seguridad alimentaria.

Bosques
En la última década, se han degradado los ecosistemas forestales y disminuido significativamente la cobertura boscosa de nuestra región, debido a condiciones estructurales, y a la aplicación de políticas que incentivan el avance desordenado de la frontera agrícola y de monocultivos promovidos por organismos multilaterales y grupos empresariales.

*Exigimos a nuestros gobiernos adoptar el concepto de ecosistemas productivos en las políticas agro-forestales y promover instrumentos de ordenamiento territorial para el uso, manejo y conservación de los bosques, compatible con la vocación de los ecosistemas.

*Demandamos la implementación de políticas públicas que combatan las causas subyacentes de la deforestación, tales como: marcos regulatorios inapropriados, subsidios fiscales a monocultivos forestales y políticas insustentables de comercio e inversión. Al mismo tiempo, alertamos sobre los riesgos que implica la inclusión de las plantaciones en los Mecanismos de Desarrollo Limpio para la conservación de los bosques y de la biodiversidad.

*Llamamos a la FAO a crear un grupo de trabajo conjunto con la sociedad civil, para revisar sus definiciones y políticas en materia forestal.

Cambio Climático
El cambio climático es producto y consecuencia de un modelo de desarrollo basado en patrones de producción y consumo que generan inequidad social y grandes impactos socio ambientales. Constatamos, que las emisiones de gases del efecto invernadero, casi 10 años después de Río, se han incrementado, profundizando la crisis ambiental global.

*Exigimos a los gobiernos, empresas y organismos financieros excluir de la política energética la construcción de grandes represas, centrales nucleares y otros megaproyectos insustentables; y generar recursos financieros necesarios para reorientar la política energética hacia el uso de recursos renovables no contaminantes, la descentralización energética y el abastecimiento equitativo de la población.

*Los urgimos para que armonicen los compromisos para la protección del clima con los acuerdos para proteger la biodiversidad y detener la desertificación, como asimismo restaurar los ecosistemas degradados o en peligro por el cambio climático, especialmente en los países insulares de nuestra región.

Globalización y Comercio
Constatamos que existe una gran contradicción entre la expansión comercial y el logro del desarrollo sustentable; ello ha empeorado las condiciones socio ambientales en la región y restringido las democracias. El logro del desarrollo sustentable, debe ser el imperativo bajo el cual se negocian los acuerdos de comercio y inversión.

*Asimismo debe establecerse la preeminencia de los Acuerdos Ambientales Multilaterales y de otras Convenciones regionales e internacionales que permitan internalizar los costos sociales y ambientales. Estas condiciones requieren reformar profundamente el actual sistema internacional de comercio liderado por la OMC.

*Demandamos a nuestros gobiernos establecer mecanismos democráticos para evaluar los impactos, previamente a la negociación de acuerdos de comercio e inversión, con el objeto de asegurar condiciones de negociación, y acuerdos que resguarden la justicia social, la sustentabilidad ambiental, y aseguren beneficios para la mayoría de la población.

Financiamiento
Concretar el desarrollo sustentable a nivel planetario, requiere una nueva arquitectura financiera internacional, que contemple la reorientación de las políticas de los bancos multilaterales hacia objetivos de solución de la pobreza y protección del medio ambiente. Entre dichas políticas, debe establecerse un impuesto a las operaciones financieras especulativas, el control del flujo de capitales y la renegociación de la deuda de los países en desarrollo.

*Constatamos que, a pesar de que en la Cumbre de Río-92 los países desarrollados se comprometieron a destinar un 0.7% del PIB para financiar el desarrollo sustentable, ello no se ha concretado. Adicionalmente, en nuestra región, las inversiones en el área ambiental no superan el 0.1% del PIB.

*Llamamos a los países desarrollados a concretar su compromiso, y a nuestros gobiernos concretar mayor voluntad política para reorientar la política económica, incluyendo impuestos y subsidios para la internalización de los costos ambientales, y el mejoramiento de las regulaciones, de la fiscalización y de la institucionalidad ambiental.

*Finalmente, recomendamos una profunda evaluación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, con el objetivo de reformular los mecanismos de acceso a este, por parte de los gobiernos y de la sociedad civil, como asimismo su eficacia para solucionar los problemas socio ambientales y acercar las decisiones a las realidades locales. Especial énfasis debe darse a la generación de capacidades locales y al financiamiento de agendas locales de sustentabilidad.

Vulnerabilidad
Las principales causas de la vulnerabilidad en nuestra región se deben a políticas y prácticas inadecuadas de desarrollo. La persistencia de la pobreza y de la inequidad social en la región de América Latina y Caribe es el principal factor de vulnerabilidad social, política y ambiental.

La exclusión social, el deterioro de los ecosistemas, la construcción de riesgos y los desastres naturales, requieren acciones coordinadas y conjuntas a nivel nacional y regional.

*Demandamos a nuestros gobiernos responder urgentemente, y con políticas integrales para dar respuesta a los problemas de pobreza y exclusión económica, política, social y cultural, y a promover el desarrollo de las capacidades locales y nacionales para el logro de estos objetivos.

Asimismo, nuestros gobiernos deben garantizar el fomento, permanencia y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las comunidades locales y nacionales; y priorizar un enfoque precautorio en la evaluación de riesgos sociales y ambientales.

Río de Janeiro, 20 de octubre de 2001.