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Agricultores en pie de guerra

Por Anuradha Mittal*

Los acuerdos sobre agricultura suscritos en el marco de la Ronda Uruguay no han dado los resultados previstos. En EE.UU. la estrategia del sector favorece a las grandes empresas y arrasa con pequeños productores y comunidades rurales.

OAKLAND.- La Organización Mundial del Comercio (OMC) se constituyó el 1 de enero de 1995 con un compromiso, el de elevar los niveles de vida y asegurar el pleno empleo mediante la expansión del comercio, así como defender el objetivo del desarrollo sostenible. Pero la realidad ha mostrado resultados opuestos.

Antes de la Ronda Uruguay en 1995, la agricultura quedó fuera de la disciplina del predecesor de la OMC, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), a causa de las presiones de Estados Unidos para poder mantener mecanismos proteccionistas para el azúcar y los productos lácteos y agrícolas.

Sin embargo, la necesidad de "reglas de acción" en la lucha por los mercados del Tercer Mundo hizo que la Unión Europea (UE) y Estados Unidos presionaran por la inclusión de un Acuerdo sobre Agricultura (AOA) en la Ronda Uruguay.

El AOA buscó la liberalización del comercio agrícola mediante la apertura de los mercados y el recorte de los apoyos domésticos y los subsidios a la exportación a fin de inducir una competencia más justa. Sin embargo, en los hechos, este acuerdo se convirtió en el primer paso para hacer de la producción de alimentos un negocio monopolizado por unos pocos.

El AOA demostró ser una amenaza para la estabilidad de los agricultores del Tercer Mundo que carecen de ventajas competitivas, y al mismo tiempo engendró una política interna estadounidense que favorece a las grandes empresas agrícolas en perjuicio de la agricultura familiar.

Durante los últimos 20 años, la política de Estados Unidos se ha basado en deprimir los precios de los productos agrícolas con el objetivo declarado de incrementar el porcentaje de participación estadounidense en el comercio del sector.

Pese a esos esfuerzos, la porción estadounidense de mercado en las exportaciones de los principales cereales ha caído durante este período y sólo 30 por ciento de la producción agrícola de Estados Unidos se comercializa internacionalmente. Entretanto, quienes practican la agricultura familiar y las comunidades rurales han sido arrasados.

Poco después de que el AOA entrara en vigor, Estados Unidos aprobó la Ley Federal de Reforma de la Agricultura (FAIR) con la esperanza de proporcionar a los agricultores estadounidenses mejores ingresos y estabilidad en los precios.

La meta era expandir las exportaciones con promesas de un retorno al libre mercado, mayor libertad para los agricultores y reducidos niveles de gastos y de controles gubernamentales.

Pero los subsidios a la exportación fueron distribuidos entre los exportadores y el comercio agrícola y sirvieron de poco para aliviar la volatilidad de precios del mercado que perjudica a los pequeños agricultores. En 2000, el gobierno de Estados Unidos pagó 28 mil millones de dólares en subsidios, en su mayoría a grandes terratenientes. Esos pagos constituyeron 49 por ciento del ingreso neto agrícola en 2000.

La globalización económica, dirigida en parte por la OMC, ha incrementado la influencia de las corporaciones en el sistema estadounidense de suministro de alimentos. Las primeras 10 corporaciones agroquímicas controlan más de 84 por ciento del mercado agroquímico de 30 mil millones de dólares. Entretanto, dos compañías, Cargill y Continental, que compartieron 50 por ciento de las exportaciones de cereales estadounidenses en 1994, ahora controlan cerca de dos tercios del mercado mundial.

Esta acelerada concentración de la industria alimentaria ha tenido un impacto igualmente profundo en el proceso político. Cargill ha tenido desde el principio un papel desproporcionado en la determinación de las normas vigentes bajo el viejo marco del GATT.

El principal consejero comercial del presidente Richard Nixon fue William Pearce, un vicepresidente de Cargill. Otro ex ejecutivo de Cargill, Daniel Amstutz, redactó la propuesta del presidente Ronald Reagan al GATT.

El modelo que provoca una superproducción en Estados Unidos y que lleva a los pequeños agricultores a abandonar sus tierras es el mismo que conduce a los campesinos del Tercer Mundo a dejar la producción agrícola. Con sólo una fracción del monto que pagan ahora los contribuyentes estadounidenses sería posible diseñar un sistema que preserve la agricultura familiar y construya un saludable Estados Unidos rural sin dañar la capacidad de los agricultores en otros países para ganarse la vida.

La oposición a las reglas propuestas está creciendo. Los pequeños agricultores estadounidenses marcharon junto a los trabajadores y a los ambientalistas en Seattle y pusieron la cuestión de la globalización en la agricultura en la agenda de la justicia social y económica. El mensaje es claro: es hora de detener la expansión artificial del comercio sin tener en cuenta las consecuencias.

(Copyright IPS)

* La autora es codirectora del Institute for Food and Development Policy (Food First) con sede en Oakland




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Crédito: Fabricio Van Den Broeck
 
Crédito: Fabricio Van Den Broeck