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Chile esquiva cláusulas ambientales

Por Gustavo González*

El gobierno chileno procura eludir estas disposiciones en sus acuerdos comerciales con la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, pues las considera fuente de arbitrariedades en la definición de normas, instancias de arbitraje y posibles sanciones por incumplimiento.

SANTIAGO.- La polémica sobre el tratamiento de la cuestión ambiental en las negociaciones comerciales cobra vitalidad en este país de América del Sur, donde el gobierno suscribió en mayo un acuerdo comercial con la UE y procura alcanzar este año un tratado con Estados Unidos.

Las cláusulas ambientales introducen en el texto central de acuerdos o tratados, obligaciones de las partes ante convenciones internacionales sobre ambiente, cuyo incumplimiento dará lugar a sanciones comerciales. El texto debe definir criterios para determinar el impacto ecológico de bienes y servicios.

Para el gobierno de Chile, la solución más apropiada fue la que puso en práctica en el tratado de libre comercio firmado en 1996 con Canadá, que no contiene cláusulas ambientales ni laborales, asuntos que fueron remitidos a protocolos anexos suscriptos simultáneamente por los dos países.

Las autoridades chilenas consideran que esa fórmula es un modelo de negociación con un país industrializado, e intentan reproducirla en sus tratativas con Estados Unidos. Pero las organizaciones ambientalistas de Chile y Estados Unidos no están de acuerdo.

Los aspectos ambientales relacionados con el comercio son uno de los asuntos pendientes de la nueva ronda de negociaciones que puso en marcha en noviembre del año pasado la Organización Mundial de Comercio (OMC), pero es difícil que el tema pueda zanjarse en su próxima conferencia ministerial, prevista para 2003 en México.

A falta de una normativa global, la ecuación comercio-ambiente queda sujeta a la capacidad de presión de las partes involucradas en las negociaciones bilaterales o multilaterales.
Los conflictos son notorios en negociaciones asimétricas, cuando las naciones poderosas buscan que sus potenciales socios pobres se sometan a su legislación ambiental.

Aunque el texto final del acuerdo de Chile con la UE aún está en elaboración, el protocolo preliminar ratifica una tendencia generalizada: vincular el comercio a convenciones ambientales de carácter internacional, como la de cambio climático, de protección de la capa de ozono y de especies en peligro de extinción.

La información divulgada por la cancillería chilena no habla de posibles cláusulas ambientales, aunque destaca la disposición de la UE a cooperar ampliamente con Chile en este frente.

El asunto se proyecta más complejo en las conversaciones con Estados Unidos, donde son fuertes las presiones de organizaciones ecologistas, sindicatos y algunos productores a favor de las cláusulas.

La Alianza Chilena para un Comercio Justo y Responsable también se inclina por las cláusulas, arguyendo que las transnacionales se valen de tratados y acuerdos de comercio para trasladar inversiones a países cuya frágil legislación les permite explotar irracionalmente los recursos naturales.

Rodrigo Pizarro, economista de la independiente Fundación Terram, objetó el acuerdo con la UE, ya que a su juicio acentuará la condición de exportador de productos primarios de Chile y abrirá su riqueza pesquera al bloque europeo.

Pero el gobierno no opina igual. Las cláusulas ambientales distorsionan el carácter comercial de los acuerdos y crean situaciones de arbitrariedad en la definición de normas, instancias de arbitraje y posibles sanciones por incumplimiento, sostuvo el jefe del departamento de Política Comercial de la cancillería chilena, Ricardo Lagos Weber.

El funcionario admitió que el problema radica en que mientras la OMC actúa como una suerte de supra-organización que dicta normas comerciales, no hay una autoridad mundial equivalente en el área ambiental, donde acordar procedimientos obligatorios para toda la comunidad internacional.

En este contexto, organizaciones ambientalistas del Sur, como la Red del Tercer Mundo, advierten que la inclusión de cláusulas sociales y ambientales puede ser un mecanismo para revertir la desregulación propia del libre comercio, pero también una barrera del Norte para las exportaciones de los países en desarrollo.

* El autor es corresponsal de IPS


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Enlaces Externos

OMC

Cancillería chilena: negociación con la UE

Cancillería chilena: negociación con EE.UU.

Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable

Fundación Terram

Red del Tercer Mundo

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