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El ALCA, una carta magna corporativa

Por Anuradha Mittal*

Ministros de las Américas debatieron en Ecuador el futuro del tratado continental, bajo un mayor escrutinio público tras el triunfo de Lula en Brasil. La creación de un mercado de 800 millones de habitantes tiene costos que deben ser considerados, afirma la autora de este artículo.

OAKLAND.- Miles de activistas latinoamericanos protestaron contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en Quito, Ecuador, donde el 1 de noviembre se reunieron los ministros de Comercio y de Relaciones Exteriores del hemisferio occidental para avanzar en el diseño del tratado.

La nueva muestra opositora contra el ALCA tuvo como telón de fondo el reciente triunfo del izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil, quien ha calificado al proyecto como un siniestro acto de “anexión”.

Impulsado por el gobierno de George W. Bush, el ALCA pretende crear un mercado único desde Alaska hasta la Patagonia, integrando a todos los países del continente, excepto Cuba, a la economía global.

Para el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Zoellick, se trata de "una oportunidad para que Estados Unidos conduzca a las Américas hacia un crecimiento económico estable y continuo, mejores niveles de vida y salarios más altos".

La oficina de Zoellick señala que en la década de 1990, "las exportaciones estadounidenses a América Latina crecieron más rápido que las ventas a cualquier otra región. Sin embargo, las empresas de Estados Unidos aún enfrentan muchas barreras para acceder a los mercados de la región".

Estados Unidos espera que el ALCA, con más de 800 millones de habitantes, le asegure el mayor mercado disponible.

No sorprende entonces que la sociedad civil del hemisferio se oponga a su creación. Y para comprender esta postura es crucial examinar el impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), implementado en 1994 por Canadá, Estados Unidos y México, ya que sirvió de base para formular el ALCA.

Desde que se firmó el TLCAN, Estados Unidos perdió más de 400 mil empleos industriales y más de 700 mil en todo el sector manufacturero, por lo general sindicalizados, con salarios dignos y beneficios sociales.

Gracias al libre flujo de capitales y productos a través de las fronteras, las corporaciones redujeron sus costos mudando su producción a México, donde se instalaron más de dos mil 700 maquiladoras desde 1994, que emplean a 1,3 millones de trabajadores. La mayoría son mujeres jóvenes que perciben un salario de 50 centavos de dólar por hora. Carecen de seguridad laboral y de beneficios, son frecuentemente sometidas a acoso sexual y a condiciones de trabajo peligrosas.

El resultado es una carrera hacia abajo, pues los trabajadores de ambos países afrontan violaciones a derechos laborales elementales.

En el caso de México, el TLCAN también condujo a una pérdida neta de empleos, empujó a la pobreza a ocho millones de personas que pertenecían a la clase media, eliminó más de 28 mil pequeñas empresas que no podían competir con las compañías trasnacionales y forzó a millones de mexicanos a trabajar por salarios más bajos que el mínimo nacional de 3,4 dólares por día.

El costo de vida experimentó el escalofriante aumento de 274 por ciento, mientras los salarios caían 30 por ciento.

A Canadá no le ha ido mucho mejor. Perdió buena parte de su sector manufacturero, agravó las desigualdades de ingreso y puso en riesgo sus programas sociales y de protección al ambiente.

Ahora imaginemos el estilo de liberalización comercial y financiera del TLCAN extendido a otras 31 naciones: las corporaciones buscarán mano de obra más barata, habrá una mayor dislocación económica, más inseguridad y más abusos laborales.

Se facilitará la competencia desleal de las exportaciones de alimentos subsidiados de Estados Unidos al resto de la región y se expulsará de la tierra a más agricultores pequeños y medianos.

En esencia el ALCA es una amenaza a la democracia. Permitirá que las corporaciones litiguen directamente con los gobiernos por pérdidas resultantes de regulaciones oficiales y conducirá a un retroceso de las leyes federales, estaduales y locales que protegen nuestras comunidades y nuestro ambiente.

Es lógico que la sociedad civil diga no a esta dominación corporativa. La Organización Mundial del Comercio, el TLCAN, y ahora el ALCA son intentos corporativos de redactar una constitución global con supremacía sobre los derechos humanos y las libertades democráticas.

El ALCA puede acordarse en secreto, pero su proyecto de disciplina de libre mercado para los pobres y subsidios para los ricos no escapará al escrutinio público.

* La autora es co-directora de la organización Food First/Institute for Food and Development Policy, con sede en Oakland, Estados Unidos




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