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¿Salva la ley a las especies? |
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Por Nohelia González y Edin Hernández *
En
Guatemala, Nicaragua y Costa Rica discuten sobre la efectividad
de la prohibición del comercio de fauna.
MANAGUA/GUATEMALA.- En América Central
está prohibido comerciar con ejemplares del cocodrilo moreleti,
el loro nuca amarilla y la tortuga baula, tres especies que están
amparadas por la Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
Sin embargo, las tres siguen recorriendo el
camino sin retorno de la extinción, mientras Guatemala, Nicaragua
y Costa Rica discuten la efectividad de instrumentos nacionales
e internacionales contra el tráfico de especies.
Desde 1975, cuando la CITES entró en
vigor, más de 30 mil especies animales y vegetales fueron
incorporadas a la convención bajo diversas estrategias de
protección, tanto en el Apéndice I, que prohíbe
la venta, como en el Apéndice II, que contempla el comercio
controlado.
Pero cada vez que se discute la incorporación de una nueva
especie, ecologistas y empresarios protagonizan intensos regateos.
“Las medidas de CITES sirven, pero una regulación dura
afecta el comercio internacional”, dijo a Tierramérica
Pablo Soto, propietario de un criadero de cocodrilos e iguanas en
Guatemala.
“En ocho años no he podido exportar
un solo cocodrilo moreleti (Crocodylus moreleti), y eso no variará
hasta que nazca la tercera generación de esa especie, que
padece contaminación sanguínea”, provocada por
el apareamiento entre padres e hijos, lamentó Soto.
El moreleti, muy apreciado por su piel, fue
incluido en el Apéndice I en los años 90. En Guatemala
habita en los departamentos de El Petén, Alta Verapaz y Quiché,
aunque no existe un censo confiable de su población.
El empresario no cuantificó las pérdidas que sufrió
por no haber podido exportar 153 cocodrilos criados en su granja,
pero criticó al estatal Consejo de Áreas Protegidas
(CONAP), que prohíbe liberar ejemplares nacidos en cautiverio
para lograr la regeneración sanguínea.
La “CITES es necesaria, pero las autoridades
guatemaltecas obstruyen la investigación científica
y la reproducción en cautiverio”, se quejó el
técnico del Museo de Historia Natural, Manuel Acevedo.
Por falta de recursos, el CONAP no ha podido controlar el tráfico
de fauna y la depredación que provocan el consumo de carne
y el uso de vegetales en la medicina tradicional, dijo a Tierramérica
la ex responsable de CITES en el organismo, Migdalia García.
En noviembre, la CITES transfirió al
loro de nuca amarilla (Amazona auro-palliata) del Apéndice
II al I. Se abrió entonces una dura polémica entre
los exportadores y el Ministerio de Ambiente de Nicaragua, que apoyó
la protección, propuesta por Costa Rica.
La medida fue adoptada sin el requisito de
informar a los sectores implicados con 330 días de antelación,
se quejó también la Asociación de Criadores
y Exportadores de Fauna Silvestre de Nicaragua.
Además, “la decisión fue tomada sin una evaluación
científica que la respalde”, dijo a Tierramérica
el presidente de la asociación, Juan José Quezada
Peralta.
A juicio de José Morales, ex autoridad
científica de CITES, había otras alternativas “lógicas
y sensatas” para proteger al nuca amarilla, como un proyecto
de reproducción en cautiverio.
La experiencia nicaragüense e internacional con el Apéndice
I arroja resultados negativos, pues “las prohibiciones más
bien promueven el contrabando”, opinó Morales.
De acuerdo a los exportadores, Nicaragua aún
alberga más de 204 mil ejemplares de nuca amarilla.
Si bien estaba permitido exportar hasta cinco por ciento de esa
población, las trece empresas agrupadas del sector alegan
que sólo vendían en el exterior un promedio anual
de 650 ejemplares.
Los exportadores presionan para evitar la prohibición
al comercio de un producto que reporta importantes ingresos, afirmó
a Tierramérica el científico nicaragüense Jean-Michel
Maes.
Según Maes, el saqueo de nidos de loro
nuca amarilla hizo mermar la población de esta especie en
48 por ciento entre 1995 y 1999.
Por cada loro exportado, entre cinco y nueve individuos son extraídos
de su hábitat, y entre dos y cinco son objeto de contrabando,
señaló el experto.
Durante 110 millones de años, la tortuga baula (Dermochelys
coriacea) logró sobrevivir a catástrofes como las
glaciaciones, pero bastó un modelo no sustentable de desarrollo,
como el turismo no planificado, para empujar al borde de la extinción
a una especie que convivió con el mamut.
La inclusión de esa y otras tortugas
marinas en el Apéndice I “atenúa, pero no resuelve
los problemas que atentan contra esa especie”, declaró
a Tierramérica Jorge Gamboa, asesor técnico del Ministerio
de Ambiente y Energía de Costa Rica.
En 2001 sólo 65 ejemplares de baula
desovaron en playa Grande, Costa Rica, el principal sitio de anidación
de la especie en el océano Pacífico. En 1988, mil
362 individuos llegaron a la zona.
La Convención Internacional para la Conservación y
Protección de la Tortuga Marina “apenas está
en proceso de delinear una política para abatir los estragos
a la especie, ocasionados además por el saqueo de huevos
y la matanza que representa la industria pesquera”, explicó
Gamboa.
“CITES da los lineamientos, pero cada país es responsable
de establecer y aplicar políticas propias de protección
a la vida silvestre”, dijo.
“Un turismo desordenado causa efectos
en las playas de anidación, donde aspectos como la iluminación
artificial son nefastos para las crías que, atraídas
por la luz, sufren desorientación en su camino al océano”,
abundó Gamboa.
Hasta ahora, ninguna de las especies amparadas
por la CITES se ha extinguido por prácticas comerciales.
* Los autores son colaboradores de Tierramérica.
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