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ARGENTINA: La herencia maldita
por Marcela Valente

BUENOS AIRES, abr (IPS) - El gobierno que surja de las elecciones de Argentina deberá lidiar con problemas económicos extremos, como la deuda de 142.000 millones de dólares, el alto desempleo y la pobreza que afecta a la mayoría de la población.

La economía argentina ingresó en una pronunciada pendiente a fines de 1998 para llegar al colapso de diciembre de 2001, que llevó a la renuncia de Fernando de la Rúa cuando sólo habían transcurrido dos de sus cuatro años de gobierno.

El producto interno bruto cayó 11 por ciento el año pasado, mientras la moneda local se desvalorizó hasta cotizarse a casi cuatro pesos por dólar al abandonarse el régimen en vigor por más de una década de paridad con el dólar.

La liberación del tipo de cambio fue una de las primeras medidas tomadas por el gobierno de Eduardo Duhalde, iniciado el 1 de enero 2002 por mandato del Congreso legislativo para completar el periodo de De la Rúa.

Sin embargo, en lo que va de este año aparecen señales económicas positivas, en especial en la industria y la agricultura por la sustitución de importaciones y el aumento de las exportaciones gracias a la mejora de la competitividad.

Pero todavía queda mucho por hacer y son grandes los desafíos que esperan al ganador de estas elecciones.

”Después de una crisis tan aguda uno siente que cualquier cosa es mejor, pero lo cierto es que no estamos pagando la deuda, el desempleo sigue alto y hay más pobres que antes de la crisis”, comentó a IPS Jorge Míguez, profesor de historia de una escuela secundaria estatal de Buenos Aires.

Uno de los problemas más complicados es la deuda externa. En particular la acumulación este año de 6.000 millones de dólares de vencimientos de obligaciones con organismos multilaterales de crédito y la renegociación pendiente con los acreedores privados a los cuales se dejó de pagar a fines de 2001.

Si bien el equilibrio fiscal pasó a un segundo plano en la agenda electoral, la mayor preocupación de los candidatos es la situación cambiaria, la reestructuración del sistema bancario, el postergado aumento de las tarifas de servicios públicos en manos privadas y el prometido incremento de salarios.

La cuestión social también espera urgentes respuestas. El desempleo afecta 17,4 por ciento de la población económicamente activa, mientras otro tanto se desempeña en empleos precarios o en la economía informal.

En esa situación no se cuentan los jefes y jefas de hogar sin trabajo que reciben un magro subsidio del Estado, que no alcanza a cubrir las necesidades básicas.

El desempleo descenderá a 16 por ciento sólo en 2011 y siempre y cuando se logre un crecimiento sostenido de la economía de cinco por ciento anual, según un estudio de la opositora Central de Trabajadores Argentinos, avalado por economistas y expertos en asuntos laborales.

La investigación agrega que la desocupación trepará hasta 24 por ciento de los activos en 2011 si el crecimiento es menor al cinco por ciento anual hasta entonces.

Para poder bajar la cantidad de desempleados a menos de 10 por ciento se necesitaría un aumento constante del producto de siete por ciento anual en los próximos ocho años, sostienen los expertos de la central sindical, una de las dos existentes en el país.

La pobreza en crecimiento desde 1998 se disparó con la agudización de la crisis de fines de 2001 y hoy afecta a 54 por ciento de los 37 millones de argentinos. Es que el poder adquisitivo del salario cayó casi 40 por ciento en 2002, un nivel equivalente a la inflación anual, según la Consultora SEL.

Los expertos eonómicos de los cinco candidatos con chance de pasar a la segunda vuelta electoral difieren en las respuestas para esos y otros desafíos. Por eso, IPS consultó a Abraham Gak, director del Plan Fénix, elaborado y actualizado desde 2000 por una treintena de economistas de la estatal Universidad de Buenos Aires.

”Sin duda el nuevo gobierno debe comenzar por retomar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para destrabar las limitaciones que hoy existen a la adquisición de divisas que se obtienen de la balanza de pagos por temor a que la emisión derive en una fuerte inflación”, apuntó el especialista.

Gak opinó que hay mecanismos para evitar una emisión descontrolada, que permitirían al mismo tiempo tener ”un dólar alto” para mejorar la competitividad de los productos argentinos en el exterior.

La liberación del tipo de cambio llevó a mediados de 2002 a que el dólar llegara a costar casi cuatro pesos por unidad, pero luego la moneda local comenzó a recuperarse a medida que aparecían tímidas señales de recuperación económica.

En la actualidad cada dólar se vende a 2,87 pesos, un valor que a criterio del grupo Fénix debería ser mayor para ayudar a aumentar las exportaciones.

Argentina debe procurar también ”una fuerte política de reactivación”, con el estado recuperando una función más activa y ”bancos públicos con un papel fundamental” a la hora de ofrecer créditos a tasas razonables para la producción, añadió Gak.

”La recomposición salarial de los (empleados) privados, los trabajadores públicos y los jubilados también se impone”, de manera de aumentar el poder adquisitivo para mejorar el mercado interno y vigorizar el crecimiento de la economía, explicó.

El Grupo Fénix rechaza la política económica neoliberal que plantea ajustes de gastos a fin de atraer inversiones y generar reactivación.

”Ese círculo que se decía virtuoso resultó un círculo infernal y fracasó totalmente”, afirmó Gak, en referencia al modelo económico imperante en los dos gobiernos de Carlos Menem (1989- 1999) y en el De la Rúa, que colapsó en 2001.


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