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El gasoducto de la discordia

Por Jim Lobe*

El polémico proyecto peruano de Camisea no logra aún el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pero la obra, que ha despertado una viva oposición de los ambientalistas, no se detendrá.

WASHINGTON.- Una complicada trama de presiones encontradas mantiene congelada la asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al controvertido gasoducto peruano de Camisea, que atraviesa la selva amazónica. Pero 60 por ciento de la obra ya se completó.

El BID pospuso el martes por segunda semana consecutiva la votación sobre un préstamo de 75 millones de dólares para la construcción del gasoducto, que tiene un costo total de mil 600 millones de dólares y explotará reservas de 368 millones de metros cúbicos de gas.

La indefinición responde a que un miembro clave del BID, Estados Unidos, duda entre abstenerse u oponerse al préstamo.

El estatal Export-Import Bank (Ex-Im) también postergó la consideración de otro préstamo de 200 millones de dólares para el gasoducto.

Las constructoras Pluspetrol, de Argentina, Hunt Oil, de Estados Unidos, Tractebel, de Bélgica, la sudcoreana SK y la peruana Graña y Montero reaccionaron asegurando que la obra, ya completada en 60 por ciento, se llevará a cabo con o sin préstamo del BID.

“Recurriremos a otras fuentes crediticias. Se encarecerá el proyecto, pero no será postergado. El gas llegará a Paracas en agosto del próximo año”, dijo el miércoles el ejecutivo Ernesto Graña, del consorcio constructor.

Con una extensión de poco más de 500 kilómetros entre los yacimientos de Camisea, en la selva sud-central, y la occidental bahía de Paracas sobre el océano Pacífico, el gasoducto ha despertado una viva oposición de los ambientalistas.

La construcción del ducto y de las plantas criogénica, de fraccionamiento y de licuefacción del gas afronta observaciones negativas sobre su impacto, especialmente en la vulnerable bahía de Paracas.

Las postergaciones se producen en medio de una gran campaña de organizaciones no gubernamentales (ONG) peruanas e internacionales contra la financiación pública de la obra.

Las presiones de los ambientalistas ante altos funcionarios del Departamento del Tesoro estadounidense y directivos del BID parecen haber logrado que el gobierno de George W. Bush pasara del apoyo a una postura de abstención.

Washington está bajo presiones encontradas. La petrolera Hunt Oil tiene fuertes vínculos con el gobierno. Su director ejecutivo, Ray L. Hunt, fue un importante contribuyente a la campaña electoral de Bush y forma parte del directorio de la compañía Halliburton, conducida hasta 2000 por el vicepresidente Dick Cheney.

Halliburton es la primera candidata a construir la planta de gas licuado líquido cerca de Paracas, según el diario The Washington Post.

Por otra parte, 13 senadores solicitaron en una carta al secretario del Tesoro, John Snow, y al Ex-Im que se pospusiera una decisión sobre los préstamos.

“Aplaudimos las decisiones del Ex-Im y del BID sobre Camisea”, sostuvo el martes una coalición conformada por Amazon Watch, Amigos de la Tierra, el Centro de Información sobre la Banca, el Institute for Policy Studies y Defensa Ambiental.

No obstante, el BID no ha ocultado su deseo de formar parte del mayor proyecto peruano de desarrollo, arguyendo que tiene poder para condicionar su asistencia al cumplimiento de normas ambientales y sociales.

La institución “mejorará el proyecto y alentará a las empresas a mitigar más eficazmente su impacto”, sostuvo a Tierramérica el portavoz del BID, Daniel Drosdoff.

Pero el directorio del BID no volverá a reunirse antes del 27 de este mes, admitió Drosdoff. Y no está claro si para entonces Washington habrá resuelto cómo votar.

La fábrica para procesar gas natural líquido, se ubicará junto a la reserva de Paracas, uno de los ecosistemas más importantes de América, pues alberga especies muy raras, como tortugas marinas verdes y pingüinos Humboldt.

“Los cuatro pozos de donde se extraerá el gas natural se encuentran en una reserva natural, en tanto que la planta de fraccionamiento del gas natural líquido ha sido situada al costado de Paracas y debe ser ubicada en otro lugar”, dijo a Tierramérica la activista peruana Liliana Miranda, del Foro Ciudades para la Vida.

No nos oponemos al proyecto pero “el monitoreo deberá estar a cargo de una entidad independiente, no del Ministerio de Energía y Minas”, sostuvo Cathy Ross, coordinadora en Lima de la organización internacional Oxfam América.

En la reserva de Nahua-Kugapkakori, donde se ubica casi 75 por ciento de las operaciones extractivas, varios cientos de comunidades indígenas rechazan el contacto con otras culturas y carecen de inmunidad a infecciones comunes.

En una carta dirigida al presidente de BID, Enrique Iglesias, las ONG acusaron a las compañías constructoras de “forzar contactos con grupos que viven en aislamiento voluntario”, violando derechos indígenas reconocidos.

Las ONG instaron el martes al gobierno peruano a consultar a la sociedad civil y a las comunidades afectadas y a “posponer los plazos de finalización” de las obras.

Pero el ministro peruano de Energía y Minas, Hans Flury, se mostró confiado en que los inversionistas hallarían otras fuentes crediticias y aseguró que las medidas de prevención adoptadas son adecuadas.

En Washington las cosas se ven de otro modo.

El Departamento del Tesoro advirtió sobre el peligro de que la participación del BID “indique a los promotores que pueden presentar (a las agencias financieras) proyectos pobremente diseñados y demasiado tarde” para efectuar cambios.

También la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) se pronunció contra el proyecto, pues no cumple los requisitos exigidos por las leyes estadounidenses.

* El autor es corresponsal de IPS. Con aporte de Abraham Lama (Perú)


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Enlaces Externos

Banco Interamericano de Desarrollo

Ministerio de Energía y Minas de Perú

Amazon Watch

Amigos de la Tierra

Oxfam América

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