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Pobres y ricos se quejan de electricidad privatizada

Por Yadira Ferrer*

A seis años de su transferencia a manos privadas, la tercera empresa eléctrica de Colombia es criticada por cobrar tarifas muy altas y registrar fallas en el sistema de distribución

BARRANQUILLA.- La privatización de Corporación Eléctrica de la Costa (Corelca), tercera empresa del sector en Colombia, mejoró la cobertura y la atención de reclamos en los últimos seis años, pero trajo perjuicios más importantes, entre ellos fallas en el sistema de distribución y tarifas altas, fuera del alcance de los más pobres.

“De las denuncias por tarifas altas y fallas en el servicio, que afectan la calidad de vida, no se salva nadie: ni los del estrato Uno (con ingresos de menos de un salario mínimo) ni los del Seis (los de mayores recursos económicos)”, dijo a Tierramérica un funcionario de la Defensoría del Pueblo del septentrional departamento de Atlántico, uno de los siete atendidos por Corelca.

Ángel Cervantes vive en “Me Quejo”, un barrio periférico de la septentrional ciudad de Barranquilla, y no pagaba la energía que tomaba directamente del cableado con una conexión irregular, como todos los del barrio.

Desde la privatización en 1997, Corelca colocó un medidor en la puerta de su casa y le envía cada mes facturas “hasta por 50 mil pesos” (unos 17,5 dólares), una suma que le cuesta mucho reunir con su trabajo como vendedor de frutas en el mercado.

El arquitecto Carlos Prieto vive en el barrio Los Alpes, al norte de Barranquilla, y la firma le cobra 300 mil pesos mensuales (unos 105 dólares), cerca de un salario mínimo, por el consumo “de una casa en la que sólo vivo con mi esposa y mi hijo pequeño y en la que se tiene lo normal: un televisor, un computador y los electrodomésticos básicos”, dijo a Tierramérica.

En lo que va de este año ha tenido que cambiar dos veces el monitor de su computador, otra vez el módem y una vez toda la unidad, debido a desperfectos causados por los cambios bruscos de voltaje, pese a que su equipo cuenta con estabilizador y una adecuada conexión de polo a tierra.

En los barrios del estrato Uno hubo en el último año varios heridos y un muerto durante frecuentes bloqueos de calles para protestar contra tarifas altas y cortes de energía.

El gobierno comenzó el proceso de privatización de Corelca con base en un diagnóstico del Ministerio de Minas y Energía y en estudios del Banco Mundial, que señalaron resultados muy desfavorables de las empresas eléctricas estatales en términos de eficiencia administrativa, operativa y financiera, incluyendo graves deficiencias de facturación y cobro a deudores.

Las pérdidas de energía y los problemas de facturación sumaban un déficit mensual de 7,1 millones de dólares al cambio actual, y los costos operativos eran más de 30 por ciento de los ingresos.

Según la Financiera Eléctrica Nacional, en los años 90 el gobierno transfirió mil 100 millones de dólares a Corelca, sin contar intereses ni garantías.

La privatización fue una forma rápida de solucionar la crisis energética que había llevado al país a racionamientos diarios de hasta 12 horas, dijo a Tierramérica Jacobo Acosta, primer director de Corelca, a quien se atribuye la buena gestión de la empresa en los años 80.

“El gobierno decidió llamar al sector privado a invertir”, con lo que “curiosamente, se llegó nuevamente a la situación de 30 años atrás, cuando los servicios públicos eran prestados por empresas privadas”.

Según Acosta, la participación mixta (gobierno y empresa privada) permitió seguir impulsando el desarrollo energético y es vital mantener la presencia del Estado en el sector, entre otras cosas para subsidiar las tarifas de los más pobres.

Para la Contraloría General de la República (CGR), fiscal de cuentas del Estado, la privatización de Corelca “es una muestra del norte perdido” en los procesos de privatización.

Corelca fue en sus inicios “una empresa con enorme solvencia técnica (...) que no sólo se consolidó como generadora de energía” sino que también aportó recursos para procesos de desarrollo y autogestión en la región, pero su solidez se fue al piso “en una prolongada historia de infortunios” debido a la imprevisión de sus administradores, sostuvo la CGR.

El presidente de la Sociedad Colombiana de Economistas, Amylkar Acosta, investigador y consultor en temas energéticos, dijo a Tierramérica que la privatización de Corelca y otras en el sector energético son resultado de la aplicación del modelo económico neoliberal que se consolidó en los años 90 y abrió las economías “indiscriminadamente, en perjuicio de los sectores más vulnerables de la población”.

* La autora es colaboradora de IPS.




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Enlaces Externos

Amylkar Acosta

Contraloría General de la República - Colombia

Corporación Eléctrica de la Costa (Corelca)

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