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¿Una nueva relación con las petroleras?

Por Javier Ponce*

El juicio contra la petrolera estadounidense ChevronTexaco en Ecuador podría convertirse en un caso emblemático de la justicia ambiental global. Pero no todo está dicho. Un acuerdo económico o una apelación pueden diluir un proceso que ya lleva 10 años, opina el analista ecuatoriano Javier Ponce, en una columna exclusiva para Tierramérica.

QUITO.- En noviembre de 1993, la indígena kichwa María Aguinda y 75 miembros de las comunidades amazónicas del Ecuador, presentaron en Nueva York una demanda contra la empresa petrolera Texaco (hoy ChevronTexaco) por daños ambientales graves. La Texaco había explotado petróleo en la región durante la década de los setenta. La demanda se fundamentaba en las denuncias contenidas en un libro, publicado dos años antes por la antropóloga Judith Kimerling, Amazon crude.

Diez años después, el juicio pasó de los corredores secretos de los juzgados norteamericanos a las calles de Lago Agrio, capital de la región norte de la amazonía ecuatoriana. Así lo dispuso un juez de la Corte del Segundo Circuito del Distrito Sur de Nueva York, cuando al desechar la demanda del grupo indígena ordenó que la compañía ChevronTexaco se sometiera a la justicia ecuatoriana. Hoy es un caso emblemático en la denuncia de los impactos socio-ambientales de la explotación petrolera.

En 1998, la compañía suscribió con el Estado ecuatoriano una "acta final" que la liberaba de toda obligación, luego de haber ejecutado un plan de remediación que las comunidades indígenas, organizadas en el Frente de Defensa de la Amazonía, rechazaron.

Según este Frente, ChevronTexaco es responsable por el derrame en el sistema hídrico de la región de 20 mil millones de galones de agua de formación (contaminada), la quema al aire libre de 235 mil millones de pies cúbicos de gas y el vertido de cerca de 17 mil millones de galones de crudo, que dejó a la intemperie 600 piscinas con desechos de petróleo y cientos de sitios contaminados por derrames de las tuberías, pozos y estaciones.

La población aledaña se ha visto expuesta además a la presencia de ocho tipos extraños de cáncer, según una investigación de la Universidad de Harvard (1993).

Tal vez ni ChevronTexaco ni el Estado ecuatoriano, que no ha asumido el caso como causa del país –incluso el régimen conservador de Sixto Durán (1992-1996) declaró que el juicio atentaba contra la soberanía y los intereses económicos nacionales- se imaginaron el giro que iba a tomar el juicio. Al pasar a ventilarse desde el 21 de octubre en el propio escenario de los hechos, la ciudad de Lago Agrio, se revela más que nunca el impacto devastador que han producido en la Amazonía la extracción de crudo y la colonización que acompañó a ésta, desde inicios de los años 70.

Si el juez, presionado por la población que desfila todos los días frente al tribunal, se pronuncia en favor de los pueblos indígenas, la región comenzaría a vivir una nueva era en las relaciones entre el Estado, las compañías petroleras y las comunidades.

Hasta ahora el Estado ha hecho mutis por el foro y ha dejado que comunidades y transnacionales negocien, en condiciones desiguales, acuerdos que generalmente acaban reducidos a la donación, por parte de las segundas, de unas cuantas bancas para la escuela y alguna infraestructura comunitaria poco significativa. La sentencia se convertiría en un poderoso referente para el futuro de la defensa de los derechos socio-ambientales.

Pero según las organizaciones ecologistas que buscan que este juicio resulte paradigmático en la historia de la explotación petrolera y minera en la Amazonía, existe un peligro: que los abogados de las partes lleguen a un acuerdo económico que ponga fin al litigio, y todo se reduzca a una indemnización que, de todos modos, distará de compensar en su dimensión real los impactos provocados.

La compañía dice que, por el momento, la negociación no es posible por el volumen de las exigencias presentadas en forma reservada por los abogados de los demandantes, pero no ha cerrado las puertas al acuerdo.

Pero hay otro peligro: que, en caso de existir una sentencia favorable a los indígenas, ChevronTexaco apele la sentencia, el juicio se remita a los tribunales de Quito y allí los intereses políticos y la presión que puedan ejercer las petroleras sobre el poder central, diluyan un proceso que ya dura una década.



* El autor es escritor y analista ecuatoriano. Entre sus libros sobre el tema indígena destaca “Y la madrugada los sorprendió en el poder”.


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