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Toma y daca liquida plan energético de Bush

Por Jim Lobe *

El Senado estadounidense frenó un paquete de reformas de 31 mil millones de dólares, condenado por dar un cheque en blanco a la industria, en detrimento del ambiente. Es improbable la aprobación de una nueva ley en 2004, año electoral.

WASHINGTON.- Una inusual alianza de conservadores, ambientalistas y activistas por los derechos de consumidores bloqueó esta semana en el Senado de Estados Unidos una de las prioridades legislativas del presidente George W. Bush: la mayor reforma a la política energética nacional en una década.

El proyecto fue concebido para aumentar el autoabastecimiento en todos los planos -- desde el etanol producido a partir de maíz hasta el gas natural-- y para reducir la creciente dependencia de petróleo y gas importados, en gran medida procedentes de América del Sur.

Pese a frenéticos intentos de última ahora, en los que participaron el propio Bush y el vicepresidente Dick Cheney, los negociadores oficialistas del paquete legislativo de 31 mil millones de dólares no lograron vencer la maniobra obstruccionista sostenida por seis senadores también integrantes del gobernante Partido Republicano.

La moción para poner fin al debate y someter el proyecto a votación requería 60 de los 100 votos posibles, y sólo obtuvo 58.

La Casa Blanca prometió el miércoles impulsar un nuevo paquete el año próximo, cuando vuelva a sesionar el Congreso legislativo.

Pero la mayoría de los analistas cree que en 2004, año electoral, será mucho más difícil lograr su aprobación, pues los republicanos y los miembros del opositor Partido Demócrata exacerbarán sus diferencias en muchos terrenos.

Los legisladores demócratas, 13 de los cuales apoyaron el proyecto, estarán mucho más presionados para impedir una victoria legislativa clave de Bush pocos meses antes de las elecciones generales de noviembre.

Establecer una nueva política energética ha sido una prioridad desde los inicios en enero de 2001 de la actual administración republicana, plagada de funcionarios con profundos vínculos en la industria petrolera, empezando por Bush y Cheney.

En pocos meses, un equipo liderado por el vicepresidente redactó un amplio informe que instó a aumentar notablemente el suministro global y doméstico de petróleo y gas, reconsiderar la energía nuclear como futura fuente y relajar normas ambientales y otras regulaciones sobre la industria energética.

Los conservacionistas se alarmaron por el énfasis en mayores suministros, sobre todo a expensas de la protección ambiental, y por el relativo desinterés en desarrollar fuentes energéticas alternativas, renovables y no contaminantes, como la eólica y la solar, y en promover mayor eficiencia en el consumo, sobre todo en los vehículos deportivos.

Cuando los demócratas lograron el control del Senado, en mayo de 2001, las esperanzas en el plan de Cheney decayeron, aunque el oficialismo intentó, sin éxito, formar coaliciones para una nueva iniciativa.

La propuesta oficial pareció repuntar el pasado verano boreal, cuando una serie de apagones afectaron gran parte de la zona este del país y Canadá. El gobierno y sus seguidores apelaron al gusto amargo que dejó la emergencia para relanzar su política energética.

Pero la legislación en la materia suele depender más de los beneficios que los legisladores obtengan para sus distritos electorales que de simpatías ideológicas o partidarias, y el gobierno se sumergió en un complejo y costoso proceso de toma y daca.

Se vio obligado así a ofrecer grandes incentivos --reducciones de impuestos, garantías de créditos y subsidios--justo cuando legisladores y empresarios comenzaban a alarmarse por el disparatado aumento del déficit fiscal que, incluyendo los 89 mil millones de dólares para las operaciones militares en Iraq y Afganistán, sumará unos 500 mil millones de dólares en el actual año fiscal.

"El presupuesto estadounidense está fuera de control", advirtió la semana pasada la influyente firma de inversiones Goldman Sachs, en vísperas del empujón final al proyecto energético.

La advertencia tuvo eco en Washington, entre los republicanos preocupados por el gasto público.

El costo calculado de los subsidios y otros incentivos dentro del proyecto es de 75 mil a 100 mil millones de dólares, incluyendo 20 mil millones para construir un gasoducto desde Alaska a la región centro-septentrional, dos mil millones para garantías de créditos y exenciones de pagos de regalías al realizar prospecciones en busca de gas y petróleo y otros dos mil millones por año para subsidiar la producción de etanol.

"No es frecuente que toda la clase política de Washington sea indiferente al interés del pueblo estadounidense, pero de eso se trata el reparto de beneficios locales por valor de 100 mil millones de dólares, disfrazado de ley energética", comentó la revista especializada en economía Business Week.

La iniciativa "no sólo fracasa en el intento de cortar la dependencia del petróleo de Medio Oriente, sino que también añade un gran peso al déficit fiscal" y equivale a "transferir dinero de los contribuyentes hacia quienes apoyarán campañas políticas para los comicios del año próximo", alegó.

Esa percepción del proyecto fue reforzada por un informe del diario The Washington Post, según el cual unas dos docenas de los mayores donantes a la campaña de Bush, muchos de ellos ejecutivos de industrias que explotan gas y petróleo en el meridional estado de Texas, están asociados con firmas beneficiadas directamente por la iniciativa.

"A cambio de millones de dólares en donaciones de campaña, las compañías energéticas serán recompensadas con decenas de miles de millones de dólares proporcionados por el gobierno", sostuvo Joan Claybrook, directora del grupo por los derechos de los consumidores Public Citizen, que hizo campaña contra el proyecto.

El oficialismo logró forzar una votación sobre el proyecto, pero no pudo convencer al legislador republicano Tom DeLay, líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, de retirar un controvertido artículo para proteger de demandas por contaminación de agua subterránea a los productores de éter metil butil terciario (MTBE, por sus siglas en inglés), un aditivo para gasolina.

Bush pidió personalmente la eliminación de ese artículo a DeLay, considerado el republicano más poderoso del Congreso, pero el legislador se negó, en defensa de grupos productores de MTBE que lo respaldan, y eso selló la condena de todo el proyecto.

Habría bastado con retirar el artículo sobre MTBE para que el proyecto fuera aprobado, pese a sus imperfecciones, alegó el senador demócrata Tom Daschle, quien apoyó la iniciativa porque el subsidio a la producción de etanol a partir de maíz beneficiaba intereses de sectores en su estado natal de Dakota del Sur.

* El autor es corresponsal de IPS.


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