BUENOS AIRES.- Indígenas de la etnia wichí del norte de Argentina presentaron esta semana un recurso de amparo ante la justicia de la provincia de Salta, para impedir la venta de 16 mil hectáreas que hasta hace dos meses eran una reserva natural.

El gobierno de Salta creó la reserva en 1995 para proteger el bosque nativo, pero en abril presentó un proyecto ante el parlamento de la provincia para vender ese predio "con fines productivos". Los legisladores lo aprobaron.

Matías Duarte, abogado de la comunidad indígena Eben Ezer, denunció que la venta afecta derechos constitucionales a la tierra que ocupan miembros de la etnia wichí, a su participación en la gestión de recursos naturales y a un ambiente sano.

La organización ambientalista Greenpeace también cuestionó la medida, y sostuvo que es "vital" para los wichí, a los que proporciona caza, frutos, miel y leña.

LIMA.- Campesinos del valle de la Convención, en el sudoriental departamento peruano del Cusco, amenazan con destruir un kilómetro del gasoducto Camisea-Lima si las empresas constructoras Techint, Plus Petrol y Transportadora de Gas del Perú (TGP), no aceptan indemnizarlos con 20 millones de dólares por daños ambientales en la zona.

El viceministro de Energía, Juan Miguel Cayo, anunció el 20 de mayo la culminación de la construcción del gasoducto, que empezará a ser usado el 9 de agosto. En respuesta, el Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia de la Convención reanudó movilizaciones contra la obra.

"Las empresas y el gobierno central ignoran hasta ahora las demandas de los campesinos, pese a que existe un acta de acuerdo para resolver el impacto ambiental causado por el gasoducto", señaló Abel Cruz, presidente del Frente.

Pero el gerente general de TGP, Alejandro Segret, alegó que "no se ha causado ningún daño ambiental no previsto por las medidas incluidas en el proyecto".

BOGOTÁ.- Dos empresas colombianas con sede en la norteña ciudad de Barranquilla, implementaron tecnologías amigables con la capa de ozono, gracias a una donación de 1,4 millones de dólares del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal.

Laboratorios Rymco, fabricante de productos médicos, reconvirtió su planta de producción con el fin de eliminar el consumo de 11 toneladas anuales de CFC-113, una sustancia agotadora del ozono (SAO), que usaba como solvente en la silicona para recubrimiento de jeringas y catéteres.

Thermo-Coil, que produce partes de aire acondicionado, inició su reconversión industrial en julio de 2001, y debió cambiar toda la tecnología de fabricación para eliminar de forma indirecta el uso de 137 toneladas anuales de SAO.

TEGUCIGALPA.- El Consejo Empresarial Hondureño para el Desarrollo Sostenible, con apoyo de las Naciones Unidas, arrancará en julio un programa para promover energías alternativas y manejo sostenible de desechos en zonas industriales de la costa norte.

Con un costo de dos millones de dólares y una duración de tres años, el programa busca fomentar en el empresariado una cultura a favor de la producción limpia.

“Estamos dispuestos a buscar alternativas que permitan mermar la contaminación ambiental”, dijo a Tierramérica Jacobo Kattán, de la Asociación de Maquiladores de Honduras, con sede en San Pedro Sula, a 250 kilómetros de Tegucigalpa.

“Creemos que hay muchos problemas que se pudieron evitar. Antes se podía nadar por ciertos ríos, como el Choluteca, que ahora es una cloaca. Debemos hacer algo para garantizar el bienestar de nuestros hijos”, afirmó.