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Agua de altura con sabor amargo

Por Franz Chávez *

Una multinacional del agua está en el centro de las tensiones sociales que sacuden a Bolivia. Pobladores de El Alto insisten en la salida de la firma.

El Alto, BOLIVIA.- Los combativos pobladores de El Alto, una pobre y populosa ciudad muy cercana a La Paz, lograron la renuncia de un presidente en 2003. Ahora están en pie de batalla con otro fin: la expulsión de la empresa de agua potable y alcantarillado Aguas del Illimani.

Los dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de la urbe, localizada a tres mil 850 metros sobre el nivel del mar y con 800 mil habitantes de profundas raíces aymaras, quieren echar del país a la compañía, propiedad de la transnacional francesa Lyonnaise des Eaux y acusada de negar el servicio de agua potable a unas 80 mil familias.

Los representantes de El Alto se fortalecieron en la llamada "guerra del gas" de 2003, una oleada de protestas sociales articuladas en torno a la resistencia contra un proyecto gubernamental de exportación de gas natural a Estados Unidos y México, que dejó 67 muertos y forzó el 17 de octubre de ese año la renuncia y huída en helicóptero del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Ese levantamiento popular incluyó bloqueos de calles y carreteras de la región occidental del país.

El domingo 6, el sucesor de Sánchez de Lozada, Carlos Mesa
Gisbert, jugó la carta de la renuncia debido a las protestas en El Alto, pero en otro marco político, que llevó al Congreso a ratificarlo en la presidencia hasta agosto de 2007.

Muchos habitantes de El Alto viven con el equivalente a medio dólar por día, pero el acceso al suministro de agua potable y el servicio de alcantarillado requiere pagos hasta de 450 dólares, que para los más pobres es el gasto en
alimentación por algo más de dos años.

La primera protesta se desató en enero y logró que Mesa promulgara un decreto que declaró finalizado el contrato con la empresa, por incumplimiento del plan de ampliación del servicio a los hogares de 200 mil personas en El Alto y La Paz.

El gobierno buscó una retirada gradual y concertada de la transnacional hasta abril, mientras se resuelve la forma de compensarla por 63 millones de dólares invertidos y la transferencia a un nuevo operador para evitar que cerca de dos millones de personas en esas ciudades queden sin servicio.

Pero la empresa defiende la concesión entregada por el gobierno en 1997, y en principio restó atribuciones a la Superintendencia de Saneamiento Básico para revisar los términos del contrato.

Aguas del Illimani, que controla 40 por ciento del mercado mundial del agua y es aliada del Banco Mundial, argumenta que está vigente un convenio de promoción y protección de inversiones recíprocas suscrito entre los gobiernos de Bolivia y Francia.

"Una eventual omisión de protección de la concesión, sus instalaciones, dependencias y personal, y la pasividad por parte de las autoridades ante la agitación social en El Alto, constituirán violaciones del convenio y en particular de las obligaciones señaladas", señaló una carta enviada por la empresa al gobierno el mes pasado.

A inicios de este mes, los alteños volvieron a protestar con bloqueos y marchas.

Mesa renunció con el argumento de que se trataba de una movilización politizada, que se sumaba a otros conflictos impulsados por el jefe del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales.

El MAS busca la aprobación en el Congreso de una nueva ley de hidrocarburos que incremente de 18 a 50 por ciento las regalías que pagan las transnacionales petroleras en Bolivia.

Pero la posición del mandatario se consolidó debido a movilizaciones en su apoyo y a la ratificación por parte del Congreso el martes 8, basada en un acuerdo político de gobernabilidad.

Manifestaciones callejeras de respaldo a Mesa repudiaron los bloqueos, pero en El Alto –y hasta el cierre de esta edición- las protestas continúan y paralizan las principales vías de acceso a esa ciudad, así como la salida a rutas interdepartamentales.

Hace cinco años, en abril de 2000, otra movilización popular en la central ciudad de Cochabamba echó a la compañía Aguas del Tunari, propiedad de la transnacional Bechtel, en protesta por su alza de tarifas.

La salida del país de Aguas del Illimani sería un duro golpe para el Banco Mundial, que promovió la privatización de ese servicio, mediante un programa de inversiones en proyectos de agua potable para ciudades pobres canalizado por su agencia Corporación Financiera Internacional (IFC son sus siglas en inglés).

La IFC invirtió 17 millones de dólares en Aguas del Illimani, y su representante Declan Duff dijo en 1999 que la concesión a esa firma era "la forma más efectiva de alcanzar los beneficios de la eficiencia del sector privado".

El alcalde de la ciudad de El Alto, José Luis Paredes, opina que las tarifas de agua deben cobrarse en moneda nacional así como los costos de conexión para evitar alzas por el incremento del tipo de cambio del boliviano frente al dólar estadounidense.

Para adecuar el servicio a una ciudad con bajos niveles de ingreso, es necesario organizar una nueva empresa con interés social, sostiene el alcalde.

La privatización del agua está en el trasfondo del conflicto.

“Es imposible conformar una empresa totalmente privada, se debe examinar necesariamente las condiciones de un mercado caracterizado por el bajo ingreso económico de sus potenciales clientes”, dijo a Tierramérica el analista político Vincent Gómez García.

“Se debería promover la participación estatal a través de diferentes mecanismos financieros que ayuden a un buen desempeño de la empresa”, sostuvo.

* Colaborador de Tierramérica.




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