DAKAR.- Una nueva inyección de recursos para recuperar la capa de ozono, que protege a la Tierra de los dañinos rayos ultravioleta, fue aprobada en la capital de Senegal, durante un encuentro de los países signatarios del Protocolo de Montreal.

El Fondo Multilateral para la Implementación del Protocolo de Montreal fue refinanciado, para el periodo 2006-2008, con 470 millones de dólares que permitirán poner en marcha una serie de programas para reducir las sustancias agotadoras del ozono, que tienen un impacto directo en la salud humana.

La reducción de la capa de ozono es responsable de cataratas, cáncer de piel y otros problemas sanitarios y ambientales en todo el mundo, explicó a Tierramérica Rajendra Shende, director de OzonAction del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), organizador del encuentro de Dakar entre el 12 y el 16 de diciembre.

El Protocolo de Montreal, firmado en 1987, regula la distribución y el uso de los gases agotadores del ozono, y es considerado "el más exitoso convenio internacional sobre ambiente", según Bakary Kante, director de la División de Convenciones Ambientales del PNUMA.

RÍO DE JANEIRO.- El supergasoducto que se prevé construir "desde el Caribe hasta la Patagonia" puede tener efectos desastrosos, según Roberto Smeraldi, coordinador de Amigos de la Tierra-Amazonia Brasileña.

Disputa de tierras, expulsión de habitantes, cruce de tierras indígenas o de preservación ambiental, violencia y deforestación, son sus posibles consecuencias, exigiendo largas audiencias públicas para evaluar impactos a escala local, regional y continental, en "un proceso nunca visto", dijo Smeraldi a Tierramérica.

La construcción del gasoducto, de unos ocho mil kilómetros y 17 mil millones de dólares, fue acordada por los presidentes de Argentina, Brasil y Venezuela en la cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur) que se celebró del 6 al 9 de diciembre en Montevideo.

De concretarse, "tendrá un impacto terrible", afirmó Elisángela Paim, del Foro Brasileño de Organizaciones No Gubernamentales y Movimientos Sociales y participante de una red que acompaña megaproyectos en la región.

BUENOS AIRES.- Organizaciones de vecinos de la meridional provincia argentina de Chubut alertan sobre una nueva legislación que reduce los controles ambientales a los grandes proyectos de inversión.

El nuevo Código Ambiental de Chubut, que entrará en vigencia en 2006, recoge la normativa vigente y deroga decretos reglamentarios que regulan la aplicación de las mismas leyes.

"Esto no es casual", dijo a Tierramérica el abogado Gustavo Macayo, de la Asociación de Vecinos Autoconvocados de Chubut. "Tenemos más de 200 proyectos mineros en marcha en Chubut y esto ayuda a moderar los controles", advirtió.

La nueva norma ignora la exigencia de estudios de impacto ambiental y limita el derecho de presentar recursos de amparo a personas jurídicas y no a particulares, como hasta ahora.

"Para las empresas será un paraguas protector y para los ciudadanos implicará menos herramientas para preservarse y preservar el ambiente", acusó.

GUATEMALA.- Pobladores de las aldeas indígenas de Canchún y Mangales se oponen a la deforestación de un extenso bosque de pinos emprendida por los habitantes de Chitucán, todas comunidades ubicadas en el septentrional departamento guatemalteco de Baja Verapaz.

Los residentes en Chitucán afirman que esta medida les permitirá abrir un camino para comunicarse con el área urbana, impulsando el desarrollo de la región, dado que no hay instituciones ni organizaciones sociales que se interesen por el progreso de la zona, sostuvo Valerio Tista, quien aprueba el proyecto.

Pero esta iniciativa los perjudicará al dejarlos sin agua, ya que allí está la fuente que les suministra el vital líquido, dijo a Terramérica Juan Sic Sánchez, uno de los inconformes.

Además de habilitar el camino, los habitantes de Chitucán pretenden vender la madera resultante de la habilitación del camino.