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Nueva fiebre del oro en América Central |
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Por Thelma Mejía *
Trasnacionales
están interesadas en desarrollar más de 250 proyectos en la región.
Comunidades afectadas se movilizan y reclaman su derecho a la información.
TEGUCIGALPA, 7 ago (Tierramérica).- Zonas vírgenes,
concesiones atractivas y legislaciones ambientales débiles impulsan
a compañías mineras transnacionales a buscar nuevas opciones de
exploración y explotación de oro en América Central.
Con el pretexto de la globalización y el fomento a la inversión,
los gobiernos centroamericanos ofrecen a las mineras concesiones
por 15 y 30 años, y el pago de impuestos de uno o dos por ciento
sobre el total explotado. Estas ventajas colocan al istmo como un
importante destino para iniciar una segunda "fiebre del oro".
Más de 23 regiones mineras vírgenes fueron identificadas en América
Central, según informes de las compañías. Las trasnacionales más
interesadas en invertir son mayormente canadienses y estadounidenses
y quieren desarrollar más de 250 proyectos allí.
Pero ahora los gobiernos y las empresas mineras enfrentan la resistencia
de las comunidades afectadas, que reclaman el derecho a la información.
A esta cruzada se sumaron líderes religiosos católicos que lideran
fuertes protestas y movimientos en Honduras y Guatemala por los
efectos ambientales y sanitarios de la explotación minera.
En Honduras, el movimiento más fuerte se concentra en el occidente
del país. Le siguen los pobladores del central Valle de Siria, donde
opera la minera Entremares, de capital canadiense, fuertemente cuestionada
por sus técnicas de explotación a cielo abierto e investigada por
ocasionar --según denuncias-- enfermedades en la piel entre los
habitantes de la zona.
Según la secretaría hondureña del Ambiente, más de 60 por ciento
del territorio del país es apto para la explotación y exploración
minera. Actualmente, organizaciones sociales agrupadas en la Alianza
Cívica propugnan reformas a la ley de minería de 1998, pero éstas
están retenidas en el Congreso legislativo por presiones de las
empresas mineras.
Las protestas de oposición crecen no sólo en el occidente y centro
del país, sino también en el sur. Según el sacerdote Germán Cálix,
que encabeza las reformas, 31 por ciento del territorio fue concesionado
a las mineras, con 84 permisos otorgados y otros 188 en lista de
espera.
En Guatemala, la presencia del proyecto minero Marlin, de la canadiense
Gladis Gold Limited, en el occidental departamento de San Marcos,
enfrentó a los pueblos mayas con las autoridades, culminando con
la muerte de una persona en 2005.
Nele Deprez, de la organización guatemalteca Ceiba, dijo a Tierramérica
que "el conflicto y la indignación social (por el proyecto Marlin)
persisten". Pese a la oposición, el gobierno otorgó 226 licencias
de exploración y 316 de explotación minera.
En Guatemala, organizaciones como Ceiba y Madre Selva apoyan la
lucha de los pueblos indígenas, donde tienen su principal asiento
las mineras. Los habitantes argumentan que estas empresas llegaron
sin informarles y violando convenios humanitarios internacionales.
En una consulta popular realizada en la última semana de julio,
29 mil 266 pobladores rechazaron la minería a cielo abierto en casi
100 comunidades indígenas del occidental departamento guatemalteco
de Huehuetenango.
No es casual que los problemas de Honduras y Guatemala inquieten
también a El Salvador. Aunque allí no existe actualmente una explotación
minera como tal, "queremos impedirla porque vimos sus efectos en
otros países como Honduras, Perú y Guatemala", dijo a Tierramérica
David Pereira, de la Asociación de Desarrollo Económico y Social.
Andrés Mckinley, de Oxfam Internacional en El Salvador, declaró
que en ese país existen 36 concesiones de exploración y una de explotación
que no se activó.
Este permiso de explotación fue otorgado a la canadiense Pacific
Rim para operar en el cantón San Francisco El Dorado, en el central
departamento salvadoreño de Cabañas, explicaron Pereira y Mckinley
en diálogo con Tierramérica.
Hace un mes, el ministro salvadoreño del Ambiente, Hugo Barrera,
opinó --a título personal-- que la minería de metales no es compatible
con el desarrollo de su país. Pero ahora parece haberse retractado:
el 23 de julio dio luz verde para que las mineras "fomenten" el
desarrollo en El Salvador.
Los pobladores de la región de Cabañas, donde operaría la única
mina de explotación por ahora aprobada, están preocupados pues aún
tienen frescas las secuelas de destrucción que la única minera que
funcionó hace 50 años dejó en la comunidad de El Divisadero.
En un encuentro convocado por la organización anticorrupción Probidad,
Irene Mendoza, de la localidad de Los Llanitos, en el salvadoreño
departamento de Cabañas, expresó: "Pronto, nosotros también nos
quedaremos sin agua".
En marzo, el Tribunal Latinoamericano del Agua emitió una sanción
moral contra Nicaragua, El Salvador y Guatemala por permitir la
exploración y explotación minera sin medir los impactos ambientales
y violentar convenios internacionales, especialmente de los pueblos
tribales.
En Nicaragua, la empresa canadiense Desminic, que opera en la meridional
región costera de Chontales, fue denunciada por propiciar altos
niveles de contaminación en el río Mico, según el Centro Humboldt,
que demandó a esa compañía al constatar enfermedades dermatológicas
y caída del cabello en los pobladores y malformaciones genéticas
en bovinos.
En Costa Rica existe una moratoria a la minería de cielo abierto,
a la que este año se sumó Honduras, ante las presiones sociales
que en 2005 obligaron al cierre de una minera al sudoeste del país.
De acuerdo al movimiento World Rainforest, Panamá también se volvió
suelo atractivo para las mineras canadienses, la mayoría de cuyas
concesiones fueron otorgadas en tierras indígenas.
* La autora es colaboradora de Tierramérica.
Con aporte de Jorge Grochembake (Guatemala).
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