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Activistas exigen a Canadá minería sostenible |
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Por Stephen Leahy *
Piden
que el gobierno de Stephen Harper imponga estándares obligatorios
en materia social y ambiental a las mineras de su país en América
Latina.
TORONTO, 25 sep (Tierramérica).- Activistas
sociales quieren que el gobierno de Canadá imponga obligaciones
en materia de derechos humanos y ambiente a sus firmas mineras que
operan en América Latina y otras regiones en desarrollo.
“En la última década, Canadá fue el mayor inversor mundial en minería
en América Latina, las mineras canadienses son responsables de la
contaminación ambiental y de violaciones a los derechos humanos
en toda esta región”, dijo a Tierramérica Jamie Kneen, de la no
gubernamental Alerta Minera Canadá.
Casi 60 por ciento de las mineras del mundo es canadiense. El sector
genera más de 40 mil millones de dólares anuales, que representan
alrededor de cuatro por ciento del producto interno bruto de Canadá.
"Canadá debe fijar límites a sus compañías", dijo el activista Lucio
Cuenca Berger a un panel gubernamental canadiense durante un foro
abierto sobre responsabilidad social corporativa en los sectores
minero, petrolero y gasífero realizado del 12 al 14 de este mes
en Toronto.
Cuenca Berger representa al no gubernamental Observatorio Latinoamericano
de Conflictos Ambientales que trabaja con comunidades chilenas afectadas
por proyectos mineros, incluyendo el controvertido Pascua Lama de
la corporación canadiense Barrick Gold, en la frontera entre Chile
y Argentina.
“Preocupa que los desechos derivados de Pascua Lama contaminen los
ríos que alimentan al cercano valle de Huasco, donde hay unos 70
mil pequeños agricultores”, explicó Cuenca Berger. El diseño original
del proyecto de mil 500 millones de dólares implicaba afectaciones
a glaciares, pero fue desechado.
Barrick, la mayor productora mundial de oro, recibió hace poco la
aprobación ambiental de las autoridades en Chile para comenzar Pascua
Lama, pese a la incesante oposición local.
"En Chile, la aprobación ambiental es más política que técnica",
aseguró Cuenca Berger.
La incapacidad o falta de voluntad de los gobiernos locales para
aplicar los estándares internacionales en materia de derechos humanos
y ambiente no deberían dar licencia a las compañías canadienses
para ignorar estos estándares, opinan los activistas.
Una de ellas, Manhattan Minerals, pasó años intentando obligar a
los habitantes de la septentrional localidad peruana de Tambogrande
a aceptar abrir una mina a cielo abierto en medio de su aldea, antes
de admitir su derrota en 2005.
Comunidades de la noroccidental provincia ecuatoriana de Imbabura
fueron forzadas a presentar una demanda para impedir que la Ascendant
Copper Corporation de Toronto construyera una mina de cobre a cielo
abierto en sus tierras, señaló Kneen, de Alerta Minera.
En México, Minera San Xavier, subsidiaria de la canadiense Metallica
Resources, comenzó a construir una mina de oro en la central localidad
de San Luis Potosí, pese a la oposición local y a fallos judiciales
en su contra.
Pierre Gratton, de la Asociación Canadiense de Minería (CNA) que
representa a las 25 mineras más importantes del país, reconoce que
algunos de sus compatriotas estaban mal preparados para trabajar
en países en desarrollo con una gobernanza pobre, conflictos locales
irresueltos y leyes ambientales débiles.
“Es claro que hay problemas y por eso estamos organizando estos
foros (sobre responsabilidad social corporativa)”, dijo Gratton
a Tierramérica.
Los foros públicos, como el de Toronto, responden al aumento de
las críticas contra las mineras canadienses que operan en el exterior
y al compromiso del gobierno del conservador primer ministro Stephen
Harper de promover estándares internacionales de responsabilidad
social corporativa.
Otros dos foros se realizarán en octubre en Calgary y en noviembre
en Montreal. Recomendaciones surgidas de allí serán presentadas
al parlamento canadiense en 2007.
Existen varios estándares internacionales, como las Directrices
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) para empresas multinacionales, el Pacto Mundial de las Naciones
Unidas y el Capítulo de Desarrollo Sustentable del Consejo Internacional
sobre Minería y Metales, entre otros.
La CNA posee sus propias pautas y la mayoría de las firmas mineras,
petroleras y gasíferas tiene estándares internos.
Pero, según el Centro Canadiense para el Estudio de Conflictos de
Recursos, apenas cinco por ciento de las 584 empresas extractivas
de Canadá con negocios en el exterior adhieren a criterios reconocidos.
"Está claro que los estándares voluntarios existentes no funcionan",
dijo Omega Bula, de la protestante Iglesia Unida de Canadá, que
se asoció con organizaciones católicas y otras en la campaña "Vida
antes que réditos" para mejorar las prácticas de la enorme industria
minera internacional de Canadá.
Bula, como la mayoría de los activistas en la reunión de Toronto,
insiste en que es responsabilidad de Canadá establecer códigos obligatorios
de conducta para las firmas canadienses que operan en países en
desarrollo.
Auditorías independientes y un organismo de control garantizarían
su cumplimiento. Y si esto no se consigue, las compañías y sus directores
deberían ser responsabilizados bajo leyes canadienses más fuertes,
expresó Bula.
La transparencia es otro requisito, según los activistas. Los habitantes
locales no saben cuánto dinero recibe su gobierno de mineras extranjeras.
"Las pautas de la OCDE están bien, siempre que haya una tercera
parte independiente para controlar", opinó un miembro de la sociedad
civil.
Pero un funcionario de la industria dijo que Canadá no debería regular
cómo opera una compañía en otro país.
"Si a las firmas canadienses se les vuelve demasiado oneroso operar
en países en desarrollo, se irán. Entonces, alguien más se llevará
los minerales ", evaluó Erin Airton, de Platinum Group Metals, con
sede en Vancouver, que posee minas en Sudáfrica y México.
En vez de establecer reglas obligatorias, el gobierno de Canadá
debería ayudar a los países a fortalecer sus propias instituciones
para hacer cumplir sus leyes y regulaciones, opinó.
Kerry Knoll, presidente de Glencairn Gold Corporation, detalló durante
el foro las labores sociales de su empresa, que emplea a mil 200
trabajadores en las minas de Costa Rica y Nicaragua.
“Cada mañana brinda desayunos a 500 niños, así como entrenamiento
a adultos no empleados en las minas. Operamos un molino de oro para
que los mineros artesanales locales no usen mercurio y contaminen
los ríos", relató.
Knoll estima que su compañía gastó varios millones de dólares en
esos programas, pero fue acusada por organizaciones no gubernamentales
de intentar sobornar a los habitantes de la zona.
Sin embargo, él está a favor de un sistema de auditoría gubernamental.
"Los inversionistas están cada vez más interesados en los antecedentes
ambientales y sociales de las empresas", señaló. "Sería bueno hacerlos
públicos".
* Corresponsal de IPS. |
