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Recrudece controversia forestal |
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Por Sonia Parra*
Consultora
internacional se involucra en reglamentar la flamante ley de bosques
en Colombia y desata una lluvia de críticas.
BOGOTÁ, 30 sep (IPS/IFEJ).- El proceso para
aplicar la Ley General Forestal de Colombia, sancionada por el gobierno
en abril, reabre el debate sobre esta norma ante la aparición en
un sitio web ministerial de un proyecto de reglamentación elaborado
por una consultora internacional de la industria.
En el sitio del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
apareció este mes una propuesta de reglamentación firmada por el
Programa Colombia Forestal, iniciativa de cooperación de la Agencia
Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid) administrada
por la consultora Chemonics International, que ya había tenido una
participación explícita durante la elaboración de la ley.
Tras una lluvia de críticas, el texto fue retirado.
El director de Ecosistemas del Ministerio, Leonardo Muñoz Cardona,
aseguró en entrevista que la iniciativa no fue solicitada por la
cartera ni refleja su posición oficial, pese a lo cual fue presentada
en el sitio y sus recomendaciones serán tenidas en cuenta.
El Ministerio prepara el paquete de decretos reglamentarios que
presentará a mediados de octubre. A partir de entonces establecerá
un plazo de tres meses para su discusión, recogerá los argumentos
presentados y luego someterá los textos a la firma del presidente
Álvaro Uribe, para que la ley entre completamente en vigor.
El reglamento sugerido por Colombia Forestal ha recibido duras críticas
de ambientalistas, organizaciones étnicas y parlamentarios que se
habían opuesto a la norma impulsada por el gobierno.
La polémica se centra ahora en aspectos básicos de la ley a reglamentar:
el vuelo forestal, la ordenación de los territorios de bosques y
selvas, la administración de los recursos y la movilización de productos
forestales.
Uno de los cuestionamientos a la propuesta es la persistencia del
"vuelo forestal", concepto tomado de la legislación boliviana y
que consiste en considerar la masa boscosa (vuelo) como un bien
mueble que puede servir como garantía en operaciones financieras
o crediticias.
Durante el debate de la ley, las críticas obligaron al gobierno
a excluir la aplicación de esa figura en los territorios colectivos
de las comunidades afrocolombianas e indígenas, pero en los borradores
de decreto vuelve a estar presente.
Muñoz Cardona aseguró que su aplicación se referirá únicamente a
plantaciones forestales y que el Ministerio no estaba de acuerdo
con la propuesta presentada por Colombia Forestal.
Los territorios colectivos son inembargables e inalienables, según
la Constitución de 1991.
Pero si no se define una prohibición clara, las necesidades y, en
algunos casos, la debilidad organizativa de las comunidades las
llevará a negociar con particulares (empresas madereras) el aprovechamiento
de bosques a escala industrial, dijo en entrevista la activista
Mariela Osorno, de Ecofondo, entidad que reúne a más de 100 organizaciones
ambientalistas de Colombia.
Por otra parte, los sectores empresariales que impulsaron la ley
están concretando las iniciativas fomentadas por ésta, como las
cadenas productivas del sector forestal, que implican una alianza
con industrias para la transformación, comercialización y transporte
de bienes.
Comunidades afrocolombianas de Tumaco, en el sudoccidental departamento
de Nariño, y del Bajo Atrato y el Baudó, en el noroccidental Chocó,
afirman que agentes privados les han propuesto financiar estudios
para planes de aprovechamiento y que ellas tramiten los permisos
ante las Corporaciones Autónomas Regionales (CARS) con el fin de
lograr alianzas comerciales previstas en la ley, afirmó José Santos,
del Proceso de Comunidades Negras (PCN), una red de entidades de
esa minoría.
Otro aspecto a reglamentar es la nueva demarcación de áreas boscosas.
La ley 2 de 1959 estableció siete reservas forestales nacionales
que incluyen territorios colectivos, de las cuales se han sustraído
14 millones de hectáreas y 52 reservas regionales de 500 mil hectáreas,
según información oficial.
El Ministerio está en proceso de definir y precisar cartográficamente
esas reservas, y lo hará a través de los Planes de Ordenamiento
Forestal de las CARS, para lo cual todavía tiene dos años, aclaró
Muñoz Cardona.
Pero las etnias, principalmente afrocolombianas e indígenas del
Chocó y de la Amazonia, ven una amenaza en ese apartado, pues abre
la posibilidad de limitar sus territorios o incluso de perderlos
parcial o totalmente en aquellos casos en que el proceso de titulación
está pendiente y donde las comunidades viven en carne el desplazamiento
forzado para escapar de la guerra civil, que ya lleva más de 40
años.
Por otra parte, la reglamentación propuesta por Colombia Forestal
para la movilización de productos forestales permitirá sacar toda
la madera de la selva sin permiso de la autoridad ambiental, dijo
Diego Cardona, portavoz de bosques de la no gubernamental Censat
Agua Viva, integrante de la red Amigos de la Tierra.
"Los controles que dictaba la ley 99 de 1993 quedan sin ninguna
validez, y no habrá forma de saber si toda la madera que se comercialice
proviene de las plantaciones forestales o de bosques naturales que
se están explotando sin control", dijo.
Pero el portavoz del Ministerio replicó que todas las plantaciones
forestales están y estarán claramente identificadas, por lo cual
no habrá riesgo de explotación de bosques naturales.
Sin embargo, la tala ilegal está estimada en cien mil hectáreas
anuales en este país andino y amazónico, cuyos bosques megadiversos
aún cubren 44 por ciento de la superficie total de 1,1 millones
de kilómetros cuadrados.
La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de
la República siguen de cerca el proceso de reglamentación de la
ley, sobre la cual ya habían formulado observaciones jurídicas.
"Existe un grave riesgo de que los bosques naturales se deban adaptar
a las condiciones del mercado y la explotación maderera, sin que
de antemano exista una regulación que garantice su sostenibilidad.
Igual ocurrió con los parques nacionales naturales, cuyos servicios
turísticos se están entregando en concesión, sin tener los planes
básicos de manejo", dijo ante el Congreso legislativo el contralor
general Antonio Hernández, durante el debate parlamentario.
Mientras se sustancia la reglamentación, varias organizaciones y
legisladores se preparan para presentar a fines de este año una
demanda de inconstitucionalidad contra la ley ante la Corte Constitucional.
Los litigantes --algunos de ellos Ecofondo, Censat Agua Viva, el
grupo Semillas, PCN y la Organización Nacional Indígena de Colombia--
denunciarán el desconocimiento de artículos de la carta magna y
el incumplimiento de convenios internacionales firmados por el país
y referidos a diversidad biológica, cambio climático y humedales,
entre otros aspectos.
Por otra parte, Censat, la agencia de cooperación suiza Swissaid,
Semillas y el Centro de Cooperación al Indígena trabajan con otras
organizaciones en la campaña Selva Viva, destinada a asesorar a
las comunidades afectadas para que puedan actuar frente a la realidad
planteada por la ley y fortalecer una cultura de conservación de
las selvas.
* Este artículo es parte de una serie sobre
desarrollo sustentable producida en conjunto por IPS (Inter Press
Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de
Periodistas Ambientales).
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