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Denuncia boliviana traba represas en la Amazonia |
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Por Mario Osava*
Ambientalistas
en La Paz advierten que una de las hidroeléctricas que Brasil intenta
levantar sobre el río Madeira podría inundar su territorio. Demandan
un acuerdo binacional.
RÍO DE JANEIRO.- Una denuncia de Bolivia sobre
potenciales impactos en su territorio de la construcción en la Amazonia
brasileña de dos represas podría demorar el inicio de las obras,
cuyo estudio de impacto ambiental será discutido en noviembre.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se propone levantar dos
centrales hidroeléctricas, Jirau y San Antonio, en un tramo accidentado
del río Madeira en el occidental estado brasileño de Rondonia, con
potencias de tres mil 300 y tres mil 150 megavatios respectivamente.
El río Madeira es el principal afluente del Amazonas y nace en la
cordillera boliviana.
Un reciente informe del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo
reclamó un acuerdo entre ambos países como "único camino posible
para hacer efectivo el proyecto de aprovechamiento del río Madeira"
así como "un análisis más profundo" sobre la posibilidad de alteraciones
fluviales transfronterizas.
Jorge Molina, autor del reporte, destacó que la cuenca del Madeira
"concentra 95 por ciento del flujo anual de los ríos bolivianos
y todas las vías navegables" del país.
Las demandas bolivianas pueden prolongar las discusiones sobre el
proyecto, cuyo estudio de impacto ambiental se revisará en cuatro
audiencias el mes próximo.
Las autoridades brasileñas han dicho, por ahora, que están dispuestas
a escuchar a sus vecinos.
“Si Bolivia presenta formalmente un cuestionamiento consistente,
será considerado y podrá modificar la operación de la central de
Jirau, más cercana a la frontera, para que ese embalse no afecte
a su territorio”, aseguró a Tierramérica Valter Muchagata, del estatal
Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama).
En su capacidad máxima, la represa elevaría el nivel de ríos en
la parte boliviana, lo que justificaría el acuerdo bilateral, pero
el contrato y las reglas de operación impiden esa posibilidad, sostuvo.
La construcción de las dos represas urge, según autoridades energéticas
y empresarios, para evitar la repetición del "apagón" de 2001, cuando
Brasil tuvo que adoptar medidas de contención del consumo eléctrico.
El tema se coló incluso en la campaña electoral: el socialdemócrata
Geraldo Alckmin, presidenciable de la oposición, acusa al gobierno
de Lula de lentitud en autorizar grandes proyectos hidroeléctricos.
Pero construir represas en Brasil, especialmente en la Amazonia,
es difícil desde fines de los años 80. En diciembre de 1988, el
asesinato del ambientalista Chico Mendes dio visibilidad nacional
e internacional a la lucha ecologista y social en la Amazonia.
En 1989, el Primer Encuentro de los Pueblos Indígenas puso en jaque
el proyecto de cinco centrales en el río Xingú, hasta hoy paralizado,
en la Amazonia oriental. El mismo año, otro encuentro nacional dio
origen al Movimiento de Afectados por Represas (MAB, por sus siglas
en portugués).
El MAB estima que en Brasil los embalses desplazaron a más de un
millón de personas, en su mayoría no indemnizadas ni reasentadas.
“Jirau y San Antonio perjudicarán a más de las tres mil personas
previstas por las empresas que impulsan el proyecto, la estatal
Furnas y la constructora Odebrecht”, dijo a Tierramérica Wesley
Ferreira Lopes, coordinador del MAB en Rondonia.
“El MAB organiza a la población para resistir dentro de la legalidad,
pero también en confrontación hasta las últimas consecuencias, si
se construyen las centrales”, afirmó.
El activista teme que luego se reanude el proyecto de la hidrovía
del río Madeira, ahora olvidada, para expandir la producción local
de soja y otros granos de exportación, con fuerte aumento de la
deforestación amazónica.
“Investigaciones especializadas apuntaron que el lecho del embalse
de Jirau podrá elevarse seis metros, lo que podría ampliar la inundación,
alcanzando territorio boliviano”, señaló Glenn Switkes, de la no
gubernamental Red Internacional de Ríos.
Pero según Muchagata, del Ibama, “el estudio de impacto ambiental
del proyecto prevé un depósito de sedimentos intenso al principio
pero que se equilibra después de 10 años. Si se eleva más el lecho,
se reducirá el volumen de agua, sin superar el límite de su nivel”.
“Todas esas cuestiones pueden presentarse en las audiencias públicas
a mediados de noviembre. El proceso está abierto a todos los interesados
y permite introducir cambios si surgen problemas serios”, acotó
el funcionario.
Superados los cuestionamientos se concedería licencia previa para
iniciar la construcción, sujeta a controles hasta la autorización
final.
La iniciativa privada y las autoridades consideran que un atraso
en las centrales del Madeira aumentaría los riesgos de escasez energética
en Brasil. Sin embargo, no todos concuerdan.
“Salvo que la economía crezca mucho más de lo previsto, hasta 2010
no habrá problemas y hay centrales termoeléctricas a gas natural
para casos de emergencia”, dijo a Tierramérica Luiz Pereira, director
del no gubernamental Instituto para el Desarrollo Estratégico del
Sector Eléctrico.
“Es equivocado calificar de "trabas" a las exigencias ambientales,
como hacen quienes presionan por una rápida autorización, aunque
los ambientalistas a veces exageran también”, opinó.
Que el Madeira sea compartido con Bolivia complica los proyectos,
pero su aprovechamiento binacional sería benéfico, según el especialista.
“La integración energética es una buena solución para Brasil y América
del Sur, con el fin de superar la dependencia de fuentes dominantes,
como el gas boliviano y la gigantesca central hidroeléctrica de
Itaipú, que Brasil comparte con Paraguay”, concluyó.
* Corresponsal de IPS. |
