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Frágil tregua en la deforestación de Olancho |
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Por Thelma Mejía *
La
tala no cesa en el hondureño departamento de Olancho, pese a una
veda parcial decretada por el gobierno en esa zona roja ambiental
de Mesoamérica.
SALAMÁ, Honduras, 16 abr (Tierramérica) El
asesinato impune de dos ambientalistas del departamento hondureño
de Olancho y las infracciones a la prohibición de talar bosques
amenazan una precaria tregua en esta zona siempre convulsionada
por la deforestación.
"Esta paz relativa se puede interrumpir en cualquier momento, porque
persiste la impunidad, y la veda parcial decretada para frenar la
tala del bosque sigue siendo burlada", dijo a Tierramérica la dirigente
humanitaria Bertha Oliva, fundadora del Comité de Familiares de
Detenidos-Desaparecidos y oriunda de Olancho.
Desde 1998 han muerto seis ambientalistas en este departamento que
ocupa parte del este, centro y norte del país, con una superficie
similar a la de El Salvador y cerca de 2,5 millones de hectáreas
boscosas de especies madereras de gran valor. Más de la mitad de
sus bosques han sido talados.
Los elementos que dieron pie a años de protestas de los pobladores
"están tan vigentes como ayer. La gente resiente que no haya justicia
para los autores intelectuales del fusilamiento de dos ambientalistas,
mientras sigue el tráfico ilegal de madera", observó Oliva.
La activista relató el pacto suscrito en febrero por grupos ecologistas
contrarios a la deforestación y cooperativas de madereros, tras
el asesinato cuatro meses atrás de los activistas Heraldo Zúñiga
y Roger Murillo, del Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO).
Las muertes fueron atribuidas a cuatro policías, puestos a disposición
de la justicia en marzo tras intensa presión de organizaciones como
Amnistía Internacional.
Los madereros se aglutinan en la cooperativa Primero de Mayo, cuyos
integrantes mantienen una fuerte pugna con el líder del MAO, el
sacerdote católico Andrés Tamayo.
En febrero, miembros de esa cooperativa tomaron la carretera que
conduce a Tegucigalpa, reclamando que se levantara la veda al corte
de árboles en varios municipios de Olancho decretada en 2006 por
el gobierno de Manuel Zelaya.
Ante los incidentes y protestas que estuvieron a punto de desembocar
en violencia, el gobierno estableció una comisión encargada de lograr
un entendimiento e integrada por militares, representantes del Ministerio
de Ambiente, del MAO y de la cooperativa Primero de Mayo. En ese
ámbito se pactó la tregua.
Pero si no funciona, "analizamos medidas más profundas para garantizar
una paz total" en la zona, dijo a Tierramérica el ministro de Defensa,
Arístides Mejía.
En mayo del año pasado, el gobierno dispuso la suspensión de la
tala de árboles en los municipios de Salamá, El Rosario, Jano, Silca
y Manto.
Según dijo Tamayo a Tierramérica, la movilización de los campesinos
organizados ha logrado frenar la tala en Salamá, Silca, Manto, El
Rosario y Jocón, pero no en el resto de las comunidades afectadas.
El trasiego ilegal de madera continúa, según un control efectuado
en la zona por el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
A las piezas taladas se les aplica una mezcla de agua y cal para
opacar el tono oscuro característico de la madera recién cortada,
según el informe del Comisionado.
En Salamá, donde reside Tamayo, grupos madereros han organizado
a pobladores en cooperativas contrarias al movimiento ecologista,
afirma el reporte.
Los 24 mil kilómetros cuadrados de Olancho albergan gran parte de
la reserva de la biosfera del río Plátano, declarada patrimonio
de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura.
El área forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano, una iniciativa
para restaurar la valiosa cadena boscosa de la región que comprende
el sur de México y los siete países de América Central.
En los bosques de Olancho hay pinos (Pinus oocarpa, entre otras
especies), caobas (Swietenia macrophylla), cedros (Cedrela odorata),
robles (como los Quercus sapotifolia, Quercus bumelioides, Quercus
oleoides) y guayabos (Psidium Guajava L.).
Los campesinos ecologistas afirman que la tala está alterando el
régimen hídrico de los ríos de la zona.
La deforestación es un grave problema para Mesoamérica. Los incendios,
la tala ilegal y la explotación descontrolada provocan una reducción
de 400 mil hectáreas de bosques por año y si la tendencia no se
revierte, en 2015 éstos habrán desaparecido, afirmaban registros
científicos de 2002 del Corredor Biológico Mesoamericano.
Olancho ha sido una zona de recurrentes luchas por los recursos
desde tiempos de la colonia española.
A mediados del siglo pasado, se lo consideraba el granero de América
Central por su abundancia de maíz, frijol, arroz y sorgo. Pero la
desaparición de los incentivos estatales a la agricultura hizo mermar
esa producción.
Su población, de algo menos de medio millón de habitantes, vive
del agro, el comercio, la ganadería y el trabajo forestal. La pobreza
está muy extendida. En los últimos años, muchos han emigrado a Estados
Unidos. Pero el negocio dominante es el bosque.
En 1997, mientras encabezaba una misión pastoral en las montañas
que rodean la comunidad de Jocón, Tamayo presenció una escena imborrable:
unos labradores se aprestaban a sepultar a un campesino en una bolsa
de plástico porque no tenían dinero para comprar un ataúd ni madera
para fabricarlo.
"Paradójicamente, allí había unos aserraderos y las comunidades
estaban rodeadas de una gran riqueza forestal", relató a Tierramérica
el religioso.
A partir de entonces, Tamayo organizó a unas 23 comunidades del
norte de Olancho contra el trasiego ilegal de maderas finas.
Esos poblados organizados están en los municipios de Manto, Guarizama,
Silca, Salamá, Guata, Jano, Jocón, El Rosario, Mangulile, La Unión
y Esquipulas del Norte. Allí la defensa del bosque "es un espíritu
ardiente, como lo son las quemas ilegales para extraer madera",
dijo Oliva.
La exportación de maderas deja al país algo más de 50 millones de
dólares y los destinos son Estados Unidos, el Caribe y países europeos
como Alemania, según la Asociación de Madereros de Honduras.
La legislación forestal se considera obsoleta, pero una nueva ley
a punto de aprobarse recibe críticas de los ecologistas, que consideran
nula la protección prevista para las reservas. La estatal Corporación
Hondureña de Desarrollo Forestal, encargada de regular el uso de
los bosques, ha sido cuestionada por denuncias de vínculos de algunas
de sus autoridades con empresas madereras.
Para el sacerdote jesuita Ismael Moreno, el poder y la influencia
de "los barones de la madera" es tal en Olancho que "gran parte
de los candidatos a cargos políticos en ese departamento reciben
financiamiento" de aquellos.
* Colaboradora de IPS. |
