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El costo social del agua


¿Quién paga el precio de la ineficiencia?

Por Julio Burbano

El eje fundamental de la localización de los conglomerados humanos fue siempre el agua. En las orillas de cuerpos de agua abundantes y de buena calidad, fueron desarrollándose las poblaciones a través de la historia.

Pero esos manantiales de vida se convirtieron en el lugar de descarga de basuras, animales muertos y residuos líquidos y sólidos de la actividad urbana, industrial y agrícola.

La falta de una cultura del agua y la ausencia de una administración racional del recurso -que tuviera en cuenta las reservas necesarias para las generaciones futuras- redujeron la cantidad de agua y destruyeron su calidad.

El proceso que ahora comienza -de recuperar lo deteriorado- tiene un costo mucho mayor que el que hubiera sido necesario para prevenir el daño.

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Está en boga ahora una propuesta promovida por la tecnocracia: que el usuario pague por el agua que consume un "precio real" que, a su vez, refleje las grandes inversiones necesarias para recuperar los recursos hídricos, suministrar agua potable, alejar las aguas residuales y tratarlas para su reuso.

Pero no es posible que estos costos económicos y ambientales limiten la atención de los requerimientos cada vez mayores de una población pobre, que aún no cuenta con servicios de agua y saneamiento.

El costo del agua debe tener en cuenta complejas variables de tipo sociológico y antropológico, ausentes en los análisis económico- financieros. La privatización de los servicios de agua, es decir, una mayor participación del sector privado en la construcción, operación y mantenimiento, debe partir del principio de que en la venta del agua a las familias de menores recursos no podrá haber utilidad.

Asimismo, se debe considerar que la ineficacia en la operación y el mantenimiento genera pérdidas de cerca del 40% en los sistemas de agua potable y porcentajes mayores en los de agua para riego.

Mejorar la operación y el mantenimiento de los sistemas, terminar las obras inconclusas, optimizar las existentes antes de invertir en nuevas obras, y consolidar los organismos responsables de los servicios es más urgente que aumentar las tarifas a una población en crisis económica.

La eficiencia en el cobro es un problema actual y lastimosamente quien está en mejores condiciones de pagar no siempre da el ejemplo.

Las inversiones requeridas deben pagarse de acuerdo con la capacidad de cada pueblo, a través de subsidios cruzados, de manera que los que ya disfrutan de los beneficios den un aporte que haga menos onerosa la solución que los marginados reclaman.

Y si el subsidio dentro del mismo sector del agua no es suficiente, otros sectores más beneficiados deben participar: el industrial, el agrícola, el ganadero, el de puertos y comunicaciones, el de turismo y el de energía eléctrica.

La meta de la Organización Mundial de la Salud (Salud Para Todos en el Año 2000) no será posible si no se asegura un fácil acceso a adecuados servicios de agua potable y saneamiento para todos, independientemente de lo que cada uno pueda pagar.

Una agresiva promoción del uso adecuado del recurso hídrico, tiene que movilizar la participación activa y continua de una población educada.

En barriadas, cinturones de miseria, pueblos jóvenes y favelas de las Américas, los pobres pagan hasta 20 veces más por menos agua de peor calidad.

Algunas pequeñas poblaciones, aguas abajo de las grandes urbes, utilizan para su supervivencia aguas contaminadas; mientras los caudales disponibles disminuyen por el uso y abuso en las grandes ciudades, industrias y complejos agrícolas y ganaderos de alto rendimiento.

Estos son ejemplos de un manejo irracional del agua que hay que revertir con urgencia para garantizar el desarrollo humano sostenible, la reducción de la pobreza y la paz social de nuestros pueblos.

* El autor es ex presidente de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, aidis.

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